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Es significativo que el término “feminista” siga siendo controvertido. Mientras las mujeres sigan sin disfrutar de igualdad en la práctica en todos los órdenes de la vida, seguirá siendo prioritario reclamar que puedan hacerlo. No ya tanto en el ámbito de los derechos, afortunadamente ya conquistados, como en el de la práctica. Pero no olvidemos que hasta la reforma del Código Civil de 1981, es decir, anteayer, la primacía legal del hombre sobre la mujer era la norma en nuestro país. Desde entonces, la igualdad ha ido conquistando parcelas – por ejemplo, acceso a las fuerzas armadas – y las mujeres han ido pudiendo ocupar una gran parte del espacio social – ministerios, judicaturas, fiscalías, quirófanos, cátedras, dirección de empresas, periódicos, taxis, autobuses… – superando numerosas trabas. Pero quedan muchos capítulos pendientes, incluida la igualdad salarial. Por no hablar de los prejuicios de gran parte de la población, muchas mujeres incluídas. Y de la realidad práctica de la falta de medidas efectivas para compensar los negativos efectos profesionales de la maternidad, particularmente ininteligible en un contexto de tan baja natalidad. Está muy bien que el gobierno se sume al 8 de marzo con entusiasmo pero más que manifestaciones – este año acertadamente prohibidas o reducidas – lo que urge es adoptar medidas.
El machismo está en retirada y, afortunadamente, la sociedad reacciona con fuerza ante sus coletazos, ya sean en forma de gravísimos feminicidios o violaciones o de declaraciones públicas extemporáneas como las que se filtraron durante la gala de los Goya. Cosificar a las mujeres por su apariencia física debe recibir la misma sanción social que utilizar la cojera, calvicie u orejas prominentes de un hombre para insultarle. Estamos en ello y bien está. Lo de la violencia machista es más complicado porque ya contamos con la legislación necesaria, como también para sancionar las violaciones y, desafortunadamente, las tragedias no amainan. Como no es factible poner un policía en cada esquina ni crear hogares protegidos para maltratadas por doquier, parecería que la solución debe venir de la mano de la educación cívica: menos titulares escandalosos y más trabajo a pie de calle. Para lo cual sería muy útil que nuestro país gastara en servicios sociales lo mismo que la media de la UE, que sigue, de lejos, sin ser el caso. Sigue leyendo