Ignacio Sánchez-Cuenca 

 

La aparición del manifiesto de los intelectuales encabezados por Savater a favor de una lengua común ha levantado, como era de esperar, una fuerte polémica. No quiero realizar un análisis pormenorizado del texto, pues creo que no vale la pena. Se trata del típico producto que da mala fama al gremio de los intelectuales. Afirmaciones campanudas, exceso de ideología, y desprecio por los hechos. El dichoso manifiesto no se basa en estudio previo alguno; más bien, refleja prejuicios políticos muy arraigados y cae en exageraciones manifiestas, como reclamar una reforma constitucional.

 

Hay trayectorias políticas verdaderamente extraordinarias. Hace siete años, que no es tanto, algunos de los intelectuales firmantes consideraban anatema proponer cualquier reforma de la Constitución. La Constitución era la base de nuestra convivencia y quien se atreviera a cuestionarla estaba poniendo en peligro las libertades “que nos dimos” en 1978. Los mismos sarcasmos y el mismo matonismo verbal que emplean hoy para defender la reforma constitucional del sistema electoral, la recuperación por el Estado de ciertas políticas sociales, etc., ya lo empleaban entonces para estigmatizar a quien defendiera cualquier cambio de la Constitución. 

 

La cuestión principal es muy sencilla de plantear: ¿Es necesario salir en defensa del español, nuestra lengua común? ¿Tiene el español algún problema en España? ¿Se enfrenta el español a alguna amenaza especial? ¿Tenemos algún dato para afirmar que los jóvenes vascos o catalanes ya no saben hablar español? ¿O que están en proceso de perderlo?

 

Me extrañaría que alguien se atreviera a responder afirmativamente a estas preguntas. Es verdad, no obstante, que algunos catalanes jóvenes escriben un castellano cada vez más feo, pues dicen con frecuencia cosas como “han habido muchos problemas” y expresiones similares. También es verdad que los jóvenes del resto de España no escriben mucho mejor, pero eso es culpa de la LOGSE, como sabe hasta el más tonto.

 

No se trata por tanto de defender al español, que se defiende muy bien solito, pues no en vano es la tercera lengua mundial en cuanto a hablantes se refiere. Más bien, lo que hay que dilucidar es si las medidas que se utilizan para promocionar otras lenguas, como el catalán, el vasco o el gallego, son abusivas y suponen una merma de la libertad de las personas.

 

Aquí la lista de agravios es interminable. Los españolistas se quejan de la obligación de estudiar en catalán, de los requisitos de catalán que se exigen en los concursos públicos de las instituciones catalanes, o de la imposición de rotular en catalán en los comercios. Los catalanistas, por su parte, se quejan de que en el Congreso no se pueda utilizar libremente cualquier lengua española, que los trámites y papeles judiciales estén siempre en español, o que no haya películas dobladas al catalán.

 

Desde un punto de vista general, las administraciones de las comunidades autónomas con lengua propia llevan muchos años tratando de compensar la desventaja de partida de esas lenguas. Por un lado, dichas lenguas estuvieron marginadas y reprimidas durante la larga dictadura franquista. Por otro, se trata de lenguas minoritarias, que sin cierto apoyo institucional podrían caer en desuso y quedar como curiosidades etnológicas.

 

A mi juicio, es razonable que se proteja y promocione las lenguas minoritarias. Esas lenguas tienen que superar dificultades muy diversas. Frente al español, que tiene una posición clara de dominio en la esfera pública (televisión, radio, películas, libros, prensa, etc.), las lenguas minoritarias tienen como principal apoyo las administraciones autonómica y local. No es tanto. Además, puesto que catalanes, vascos y gallegos entienden perfectamente el español, los monolingües en aquellos territorios no tienen muchos incentivos para aprender la lengua local. De hecho, no es extraño encontrarse con personas que llevan muchos años en Cataluña y no hablan jamás catalán.

 

En el caso catalán, dada la proximidad de esta lengua con la española, no me parece un abuso que la enseñanza pública sea obligatoriamente en catalán. Es verdad que esta política causa un perjuicio a aquellas personas que están en Cataluña transitoriamente, pero se trata de un mal menor, todo sea dicho. Nadie deja de aprender español por aprender catalán. Y en cuanto a los niños, no me parece tan traumático que aprendan una lengua que hablan muchos millones de sus conciudadanos. Por lo demás, el aprendizaje de idiomas no es una actividad de suma cero: aprender el catalán no impide aprender también inglés. En cuanto a las personas que viven en Cataluña de forma permanente, sería una irresponsabilidad que sus hijos no aprendieran la lengua catalana, pues el día de mañana serán ciudadanos de segunda categoría salvo que decidan mudarse a otro territorio.

 

Tal y como lo veo, los conflictos pueden resolverse con sentido común y pragmatismo, evitando las consideraciones ideológicas que utilizan nacionalistas de uno y otro signo. Sé que se trata de una posición equidistante, de un término medio que puede enfurecer a todos. Pero creo que es fácil pensar en soluciones por encima de ideologías. La Generalitat no debería ser tan cicatera a la hora de reforzar la enseñanza del español. El Estado español debería dar pasos para que los ciudadanos puedan recurrir a la justicia en la lengua que prefieran. Las administraciones regionales no deberían exigir como requisito previo el uso de la lengua. Sería más aconsejable que tuvieran en cuenta otros méritos y que, una vez seleccionado el candidato, éste se comprometiera a aprender la lengua local en un plazo razonable de tiempo. Los nacionalistas no españoles deberían olvidarse de imposiciones, multas y prohibiciones, y los nacionalistas españoles deberían de dejar de atacar el sistema de enseñanza en catalán. Y así sucesivamente.

 

Quitando carga ideológica a estas cuestiones, no resulta imposible encontrar fórmulas razonables de acuerdo. El manifiesto de los intelectuales no avanza precisamente por esta vía.