Ignacio Urquizu

En las pasadas elecciones generales, el Partido Socialista prometió trabajar por la reforma de la Constitución en tres aspectos: la sucesión en la Corona, incluir los nombres las Comunidades Autónomas y convertir el Senado en una verdadera cámara territorial. Eran tres reformas que, como dirían los dirigentes del Partido Popular, son propias de cualquier país normal y civilizado. Entrarían dentro de algo que le gusta mucho a Mariano Rajoy: el sentido común. Pero como ha ocurrido en otras materias a lo largo de la legislatura: ¡con el PP hemos topado! Dado que toda su estrategia de oposición se ha fundamentado en el 11-M y la lucha antiterrorista, las reformas constitucionales han desaparecido de la agenda. Pero que no se hable de ello no significa que no sea importante. En cualquier democracia, las reformas constitucionales son necesarias por dos razones. Por un lado, es la oportunidad de participar en la Ley de leyes para una nueva generación. Por otro lado, tras varios de años de experiencia democrática, siempre es necesario corregir aquello que ha funcionado mal.

Dentro de los cambios constitucionales, quizás, la reforma del Senado es uno de los más necesarios. Durante los últimos 30 años, el proceso de descentralización ha sido imparable. Las Comunidades Autónomas nacieron y se han desarrollado con mucho éxito. En cambio, la cámara de representación territorial ha sido inoperante desde sus inicios. Dos son los cambios necesarios y deben de ir íntimamente unidos. En primer lugar, es necesario dotar de más poder al Senado. Bastaría con que fuese cámara de primera lectura para algunas materias y dispusiese de un mayor plazo de tiempo en su participación en la elaboración de algunas leyes. En segundo lugar, se debería de cambiar el sistema electoral. En estos momentos, la forma de seleccionar a los senadores tiene un claro sesgo conservador. Por ejemplo, en las elecciones generales del año 2004, el Partido Popular obtuvo menos votos que el Partido Socialista. En cambio, el PP superó en senadores electos al PSOE. Dado que hemos apostado por la España de las Autonomías, la circunscripción electoral del Senado debería de ser la Comunidad Autónoma.

En los países de nuestro entorno, no es extraño emprender reformas institucionales que supongan cambios profundos. Un claro ejemplo lo constituye Alemania. En los últimos años, los alemanes llegaron a la conclusión que su modelo federal no funcionaba correctamente. Tres han sido los cambios propuestos: distribución de las cargas fiscales, participación de los Landers en los asuntos europeos y su capacidad de veto en el proceso legislativo. Pero los cambios no se han centrado únicamente en disminuir el poder de las regiones, sino en clarificar quién se encarga de qué. Es decir, en algunas materias los Landers ahora son más poderosos, mientras que en otras han cedido la competencia al gobierno central. A cambio, se ha clarificado el proceso de toma de decisiones frente al modelo anterior, que era excesivamente complejo. En cambio, en España, cuando se propone algún cambio que implique tocar la Constitución, los voceros acuden al toque de corneta del catastrofismo. Rápidamente aparecen analistas que apelan al “espíritu de la transición� como piedra filosofal que explica la supervivencia de la democracia en España. Así, los cambios son difíciles y las nuevas generaciones siguen atadas a aquello que decidieron sus padres –en el mejor de los casos, cuando no los abuelos.