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Como escribía ayer Soledad Gallego-Díaz en El País la dimisión de Mariano Rajoy es de cajón tras la confirmación judicial de que el PP ha venido comportándose durante décadas como una organización delictiva en lo que se refiere a su propia financiación, sufragando campañas y sobre-sueldos a cuenta de comisiones cobradas a cambio de contratos públicos. Aunque la corrupción venga de antes, Rajoy cobró sobre-sueldos (nunca ha acreditado haber cotizado a Hacienda por ellos), dirigió alguna de tales campañas, nombró Tesorero a Bárcenas, a quien respaldó en público y en privado y lo negó todo, al punto que los jueces le han tachado de poco creíble. Debería haber dimitido cuando la prensa acreditó todo lo que ahora han cerficado los jueces, pero desde luego no cabe otra opción una vez confirmado lo que en un principio fue tachado de operación de persecución política. Pero no lo va hacer. De ahí la moción de censura instada por Pedro Sánchez, en principio irreprochable, pero de planteamiento manifiestamente mejorable porque la única opción viable y aceptable (Esquerra y PNV, vale pero PDeCAT o Bildu no) habría sido plantearla conjuntamente con Podemos y Ciudadanos, como forma de disolver las Cámaras y celebrar nuevas elecciones. Muy posiblemente Podemos y Ciudadanos se habrían excluido mutuamente y la moción no habría prosperado, pero al menos se habría planteado correctamente y recaería sobre ellos la responsabilidad de mantener al PP al frente del Gobierno.
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