So pena de una ingratitud social

Senyor G

En cualquier otro español o transeúnte que andase por el país con problemas judiciales o fiscales nos sería difícil sustraernos al “algo habrá hecho”, pero que nos digan que el rey (emérito), Juan Carlos I, pagó 678.393 euros a Hacienda para evitar una causa judicial, y que los que hace unos meses se tomaron un rato en agosto para defenderlo en nombre de los servicios pasados y de la presunción de inocencia, no se hayan tomado la molestia de comentar ahora alguna cosa, me hace confirmar que nos toman por imbéciles “a los ciudadanos españoles de todo origen, ideología o condición”.

Sí, esos que están a todo, que no fallan, como un Afonso Guerra, un Rodolfo Martín Villa, una Esperanza Aguirre, un Celestino Corbacho, un Jaime Ignacio del Burgo, un Juan Pablo Fusi, una Carmen Iglesias, un Emilio Lamo de Espinosa, un Jaime Mayor Oreja y su primo Marcelino Oreja, una Ana Pastor, un Josep Piqué, un Eduardo Serra, un Francisco Wert, un Francisco Vázquez, un José Rodríguez de la Borbolla y, como no, un Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que hicieron un manifiesto para defender la tarea del rey durante todos estos años y que, si algo había hecho, lo deberían dilucidar los jueces: “Las numerosas informaciones que aparecen estos días sobre determinadas actividades del Rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia. Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia”. Sigue leyendo