Lluís Camprubí

Los problemas iniciales en el arranque de la distribución de las vacunas van dando paso al problema real de la disponibilidad de vacunas, es decir al cuello de botella que es su producción. De hecho, la velocidad de vacunación podría teóricamente aumentar al haber llegado ya significativamente a las poblaciones diana localizadas en hospitales o en residencias (colectivos minoritarios y específicos con una dificultad logística añadida para alcanzarlos) y abrir la vacunación masivamente a la población general (más ágil con la infraestructura de salud pública existente). Afortunadamente parece que la discusión pública va dejando de poner el foco en las ineficiencias e imprevisiones logísticas de cada comunidad (que las hay) y empieza a situar la atención en la escasez de la disponibilidad de las vacunas y, por lo tanto, en la necesidad de aumentar su producción, pensando tanto en la escala europea como global.

En un reciente artículo situaba las limitaciones actuales y la necesidad de que el ámbito público europeo se implicara en aumentar la producción y se movilizasen todas las capacidades productivas existentes y potenciales, ya que estamos en una emergencia sanitaria y también socioeconómica. Una emergencia en la que cada día que pasa sin haber llegado a la inmunización masiva de grupo es un incremento del desastre en morbi-mortalidad y un aplazamiento de la recuperación y la normalización socioeconómica.

Es evidente la imprevisión de los actores públicos en garantizar una producción y provisión suficiente de vacunas. Seguramente es fruto de una mezcla de desentreno (por interés o inercia ideológica) en pensar que el sector público puede tener un rol en dar forma a los mercados y a su producción, de confiar que el sector privado subministraría sin limitaciones y que podría hacerlo “just-in-time”, y de una gestión centrada en apagar incendios y que no ha anticipado lo rápido que se podría llegar a aprobar su comercialización. Sin embargo, no era algo que nadie alertase. Ya en verano encontrábamos voces en la industria que alertaban que no había capacidad productiva suficiente para 15 mil millones de dosis, y en noviembre planteaban la necesidad de una planificación anticipada contando tanto con las instalaciones existentes como con nuevas para poder escalar la producción. Otras voces conocedoras de la materia, como la de Bill Gates, ya en abril planteaban la necesidad de construir anticipadamente laboratorios de producción y adaptar instalaciones industriales farmacéuticas existentes para fabricar masivamente las vacunas, sin tener que depender de los incrementos voluntarios de capacidad productiva que los laboratorios fueran realizando a partir del momento de su aprobación. Analistas como Max Roser tampoco dejan de insistir en la cuestión.

Ahora ya resulta clamorosa la necesidad de dotar a Europa de una estrategia industrial que aborde el reto y aumente la capacidad de producción para dar una respuesta rápida a la pandemia. Ello requiere no dejar exclusivamente en manos de los agentes privados la cuestión, lo que implica una intervención de actores institucionales públicos para coordinar cadenas de suministros globales, impulsar capacidades productivas, favorecer cooperación entre industrias, aumentar escalas y corregir ineficiencias. En definitiva, es necesario que las autoridades europeas y estatales no sólo supervisen este mercado y ámbito productivo sino que se impliquen y le den forma para activar todas las potencialidades.

Sabemos, sin embargo, que fabricar vacunas no es algo sencillo y que se pueda hacer de cualquier manera, y que es imprescindible garantizar las normas de correcta fabricación para asegurar su calidad, seguridad y eficacia. Además, la producción y la cadena de suministro en el caso de las vacunas de tecnología mRNA (Pfizer/BioNTech y Moderna) tiene sus especificidades y algunos cuellos de botella tanto productivos-tecnológicos, como de disponibilidad material de acondicionamiento (viales) y del vehículo (nanopartículas lipídicas). Con las circunstancias actuales hay límites objetivos al aumento de producción. Ello significa que las capacidades productivas tienen que estar cualificadas y validadas. Todo ello supone un reto, pero no es un factor limitante en la ampliación de la producción, atendiendo tanto al sector privado farmacéutico como a la potencialidad del ámbito público.

En el momento actual parece evidente que las autoridades europeas (sabiendo de sus errores en la negociación y anticipación) deben ser lo más exigentes posibles con los laboratorios con los que tienen contratos, exigiendo por supuesto el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y emplazando a las razones éticas, económicas y sociales para ir más allá. Y en paralelo deberían evitarse pugnas competitivas con otros países en la medida de lo posible. A su vez, los laboratorios deben ser conscientes del rol servidor del interés general que se les ha otorgado, así como el horizonte reputacional y regulatorio de futuro que les vendrá si atienden únicamente a su hoja de beneficios. Pero todo ello –aunque necesario- no es suficiente para alcanzar una producción suficiente en un horizonte de tiempo razonable.

Por supuesto que un mejor entorno normativo y regulatorio, y la consideración de las vacunas como Bienes Públicos Globales, así como una flexibilidad (negociada) en las cuestiones de propiedad intelectual podrían ayudar y facilitar una producción adecuada a las necesidades de la humanidad. Pero no podemos permitirnos el lujo de dejar de pensar en todo lo que es posible ya hacer con el actual marco y con plena seguridad jurídica.

El Consejo Europeo de la semana pasada planteaba que “se examinarán todos los medios posibles para garantizar un suministro rápido”. Ello es una buena declaración que requiere su concreción. En Estados Unidos voces autorizadas plantean activar los recursos federales para su fabricación y aseguramiento de la cadena de precursores y suministros y la administración Biden pretende activar la Defence Production Act (pensada en contexto de guerra) para asegurar la disponibilidad de materiales, accesorios y precursores. La UE tiene también arsenal normativo para dar un marco adecuado a las actuaciones frente a esta emergencia, pero este arsenal debe activarse.

Así pues, ¿cuál debería ser la concreción europea, además de la máxima exigencia y presión a los laboratorios para cumplir contratos y ampliar y acelerar entregas? Aunque sabemos de los límites de confiar en más entregas de las pactadas debido a la actual presión de la demanda por parte de múltiples países.

La implicación pública en el escalado de la producción -lejos de una visión dicotómica o unidimensional- tiene muchas vertientes y grados posibles. Algunas por supuesto deberían contar con la aceptación de los laboratorios titulares, pero parece razonable pensar que el peso de la UE –si se lo propone- puede facilitar un nuevo acuerdo. No tiene por qué ser un acuerdo de suma-cero, dónde lo que gana lo público lo pierde el laboratorio ya que la lógica subyacente es de ampliación, de que necesitamos más pastel.

Una primera dimensión es la de facilitar los acuerdos colaborativos de producción entre laboratorios, aprovechando capacidades ociosas o empujando para que se priorice su producción. Un ejemplo puede ser el acuerdo entre Pzifer y Sanofi para producir unas 125 millones de unidades adicionales. Parece fuera de dudas que actores estatales han acompañado para llegar a ese acuerdo.

Una segunda forma es asegurar la producción de los componentes necesarios (viales y nanopartículas lipídicas, en particular) a través de la movilización de todos los potenciales suministradores, incluidas las capacidades públicas existentes.

Una tercera es contribuir a adecuar y adaptar instalaciones pre-existentes para su fabricación, algo que el mercado por si solo no hará, por supuesto negociando condicionalidad y formas de titularidad.

Una cuarta vertiente (que sí requeriría renegociar la autorización de comercialización y el acuerdo entre partes) sería buscar acuerdos de producción con actores de terceros países que estén capacitados para ello.

Una quinta sería empujar para que los laboratorios fabricantes ampliasen sus capacidades productivas. Lo están haciendo por voluntad propia a un ritmo gradual que les es eficiente y factible pero que resulta insuficiente, por lo que el salto de escala debería ser impulsado desde lo público.

Y una sexta, sería a través del impulso de laboratorios o centros farmacéuticos públicos de fabricación (con el grado de partenariado privado que corresponda y asumiendo los cambios en la licencia). Una parte podría ser aprovechando instalaciones que ya tiene el sector público o de las que participa. Pero por la envergadura del reto se requeriría de instalaciones de nueva planta.

Sobre este último aspecto se podría discutir que va tarde, que era una buena idea (como planteaba -independientemente de su titularidad- Bill Gates) pero que ahora ya no vale la pena impulsar. Pues bien, es importante señalar que con las velocidades actuales de construcción e instalación podrían contribuir poderosamente a la producción de vacunas en un plazo corto de tiempo, pudiendo ser útiles tanto para la contribución a la vacunación europea (450 x 2 millones de dosis) como a nivel global (7500 x 2 millones de dosis). Pero además hay muchos indicios de que nos enfrentamos a un virus que irá mutando y por lo tanto que esto será una batalla larga que requerirá nuevas dosis periódicas con modificaciones o “boosters” que inmunicen frente a cepas que escapen a la protección generada por las actuales formulaciones. Es importante poder disponer de esa capacidad productiva, entendida como reserva estratégica. Ésta tiene un coste ínfimo en comparación al daño humano y económico generado por cepas que escapen a las actuales vacunas.

Una emergencia sanitaria y social y económica de este calibre requiere repensar a fondo todas las inercias mentales y viejas garantías (o repartos de roles), también en lo relativo a la provisión de medicamentos. Seguramente esto contará con la oposición de los doctrinarios del mercado y de los laboratorios que actúen de forma miope. Los primeros -si no son fanáticos- deberían atender al cambio de circunstancias, de época, y del sentido común, así como al cambiante consenso económico dominante. Y los segundos (que -aunque deberían- no tienen estrictamente que atender al interés general) deberían entender que la actual buena consideración que tienen puede ser efímera y que el malestar ciudadano puede tirárseles encima.

Concluyendo, el ámbito público -con su inteligencia, sus recursos, capacidades y potencial planificador- debe intervenir en la producción de las vacunas actualmente aprobadas, para asegurar una disponibilidad global en el menor plazo de tiempo posible.