Lluis Camprubí

Con la vista fijada en el próximo Consejo Europeo del 28 y 29 de junio, la discusión sobre la reforma de la eurozona debería adquirir toda la centralidad.En la última columna escrita hace un mes comentaba sobre la posición fijada por el gobierno español de entonces respecto a la reforma de la UEM. Resumidamente, lamentaba la poca ambición de la posición (especialmente como plataforma negociadora); apuntaba la centralidad que debe tener la concreción de la legitimación democrática; y planteaba que debería fijarse una posición más de país y menos de gobierno y alineada con los que defienden la “unión fiscal” (entre otros Macron) frente los partidarios de la “unión de estabilidad” (o como otros lo prefieren enmarcar: los partidarios de mutualizar riesgos versus los partidarios de reducirlos a escala estatal).

En este sentido al cabo de unos días apareció una propuesta interesante de un grupo de economistas, académicos y ex-responsables políticos españoles en las que planteaban una prioridades y orientaciones mucho más acordes a lo que se necesita para tener una UEM funcional, con capacidad fiscal, resiliente a nuevas crisis, generadora de convergencia y más legitimada democráticamente. Aunque no lo decían explícitamente, era una buena enmienda a la posición mantenida por el gobierno español.

La moción de censura discutida la semana pasada con la consiguiente investidura de Pedro Sánchez fue motivo de alegría para muchos y por muy distintas razones. Sin embargo, apuntó una cosa que a mi entender no se ha resaltado lo suficiente. En un momento de su intervención dijo:

“Señorías, he empezado diciendo que el Gobierno que propongo a esta Cámara será firmemente europeísta. El próximo mes de junio —el señor Rajoy ha hecho referencia a ello— se va a celebrar un importante Consejo Europeo en el que se van a decidir los próximos pasos a dar en la integración monetaria y económica. Yo me comprometo a comparecer como presidente del Gobierno antes de su celebración y a construir un amplio consenso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para llevar a Bruselas una posición de país”.

Esto es importante por dos razones: por poder fijar una posición más ambiciosa y exigente en la negociación que va a tener lugar en el Consejo, y por el objetivo de darle una mayor importancia-país. Así pues, todos los grupos deberían implicarse a fondo. Tanto en la elaboración de propuestas, como en la búsqueda de un acuerdo para la posición común como en el posterior seguimiento.

Finalmente, en la lista de cosas importantes que han pasado, este fin de semana Merkel dio una entrevista en las que concretaba sus propuestas para las cuestiones UE/UEM, también a modo de marcar la posición frente a las propuestas de Macron. Parece que existe cierto consenso entre el “Comentariado” en saludar la ambición integradora y comunitaria de sus propuestas respecto a políticas de asilo, y en políticas de seguridad, defensa y exteriores. Sin embargo, también se perciben pocas novedades en sus propuestas para la eurozona, más allá de una modesta capacidad fiscal y una adecuación de algunos dispositivos anti-crisis.

Vista la lejanía entre las posiciones de los bloques, y añadiendo la situación/excusa de Italia parece poco probable que para el Consejo de finales de junio se alcancen acuerdos concretos y cerrados sobre la reforma de la eurozona. Parece más factible que se fijen acuerdos generalistas de orientación y se deje para el futuro la importante letra pequeña.

El calendario a posteriori con la aceleración de las negociaciones del Brexit y perspectiva elecciones europeas 2019 puede introducir distorsiones en la priorización y focalización de la batalla por los detalles y su negociación. Y es precisamente por eso que la exigencia de la posición española debería mantenerse. En este sentido que siga fiscalizándose y consensuándose en el Congreso de los Diputados es buena noticia. Y da un cierto tiempo a encarar el aterrizaje de algunos temas aún insuficientemente madurados, especialmente en las izquierdas. Una vez separado, claro está, el embrollo de lo qué es responsabilidad/culpa de los tratados; de lo qué es cosa de las actuales correlaciones de fuerzas entre estados miembros y sus posicionamientos; y de lo qué es responsabilidad de las instituciones comunitarias.

La cuestión de la condicionalidad aparecerá y no será suficiente decir “no a la condicionalidad”. Para mancomunar riesgos y capacidad fiscal y democrática es razonable que haya condicionalidad y corresponsabilidad. La cuestión es pues poder fijar que las cláusulas de condicionalidad abandonen el sesgo austeritario y de contra-reformas y se orienten especialmente a la convergencia económica y social. Todo ello sin perder la perspectiva que el objetivo final debería ser que mayorías políticas alternativas puedan hacer políticas macroeconómicas alternativas.