Senyor_J

La puesta en marcha el pasado mes de octubre del artículo 155 de la Constitución supuso, si no la disolución formal, sí un práctica suspensión de la vida parlamentaria en Cataluña, que a duras penas disimulaba la existencia de la Diputació Permanent i la permanencia en el cargo de la presidenta Carme Forcadell. Se instalaba con ello una situación de anormalidad, derivada de la declaración de independencia expresada por la mayoría parlamentaria el pasado 27 de octubre, que nos evocaba episodios no tan lejanos en el tiempo, puesto que no era esta la primera vez que se suspendían las funciones del Parlament. Rememorar aquel episodio resulta enormemente esclarecedor para saborear mejor los tiempos que vivimos. Demos un salto en el tiempo e instalémonos en los años 1930.

La constitución del Parlament de Catalunya data de 1932 y tuvo lugar con motivo de las primeras elecciones autonómicas de la historia de España, convocadas el 20 de noviembre bajo el ordenamiento jurídico del Estatut de Nuria, aprobado ese mismo año. Se eligieron en ellas 85 diputados, obteniendo mayoría absoluta Esquerra Republicana con 56, seguida de la Lliga Regionalista con 16. El 6 de diciembre la cámara elegía Lluis Companys presidente del Parlament, cargo que ostentaría hasta convertirse poco después en ministro de Marina, y a Francesc Macià, unos días más tarde, presidente de la Generalitat. Joan Casanovas, en su condición de vicepresidente primero, asumió la presidencia tras la marcha de Companys, mientras que el 20 de junio de 1933 se incorporaba a la vicepresidencia primera Jaume Serra i Hunter mediante votación de la designación en la Cámara.

La vida del Parlament no anduvo en sus primeros pasos exenta de turbulencias pero sufrió su primera gran crisis con motivo de los hechos del 6 de octubre de 1934, es decir, con la proclamación por parte del entonces ya presidente de la Generalitat Lluis Companys del Estado Catalán de la República Federal Española, una proclamación que hoy podemos enmarcar sin miedo en una larga tradición rupturista de las instituciones catalanas respecto a las instituciones españolas, que con tanto esmero el tarradellismo y el pujolismo intentaron disimular y desterrar.

Las enormes consecuencias de els fets del 6 d’octubre se derivan de la decisión del Govern de Catalunya encabezado por Lluis Companys de ponerse en su territorio al frente del alzamiento contra el Gobierno radical-cedista de Alejandro Lerroux, tras varias semanas de enrarecimiento del ambiente político en Cataluña, al que Tarradellas había calificado como una «oleada de demagogia y euforia inconsciente en la cual muchos de nuestros políticos caen con una asiduidad preocupante» (L’Opinió¸25 de septiembre de 1934). El hecho desencadenante fue la formación el 4 de octubre de un nuevo Gobierno español con la incorporación de tres ministros de la CEDA. Como resultado de ello, la protesta prendió con fuerza en Asturias y el viernes 5 de octubre, Cataluña se despertaba en una huelga general. El día 6, con la huelga generalizada, Alianza Obrera empapelaba Barcelona con pasquines donde se podía leer «República catalana» y el conseller de Governació, Josep Dencàs, anunciaba su disposición a ocupar militarmente la ciudad con fines insurreccionales, mientras que, paradójicamente, se dedicaba a detener a destacados dirigentes anarquistas como Durruti. Como respuesta a esta situación, mientras grupos armados de Estat Català y otras facciones recorrían ya la ciudad, el general Batet comunicaba a Companys que el Gobierno firmaría posiblemente una declaración de estado de guerra como medida de seguridad.

Como respuesta a dicha situación, el Consell de la Generalitat, en la tarde del 6 de octubre, optó por sumarse a la rebelión, declarando el apoyo implícito del Parlament y la adhesión nocturna del Ayuntamiento de Barcelona, y procedió a reclamar a Batet que se pusiera bajo sus órdenes, a lo cual el general reaccionó ejecutando la orden gubernamental de declarar el estado de guerra. Por la noche, Batet mandó una columna a tomar la Generalitat, cuya rendición fue ordenada por Companys a las 6 de la mañana. El resultado de la jornada fue de 30 personas muertas entre militares y civiles y la huida por la cloacas de Dencás y sus ayudantes de Governación. Ni las fuerzas militarizadas que Dencás aseguraba tener ni el gran alzamiento augurado por la Alianza Obrera hicieron acto de aparición.

En cambio, lo que si sucedió es que la Generalitat y el Parlament fueron ocupados por fuerzas militares. Tras el fracaso de la tentativa, el día 7 el militar Francisco Jiménez Arenas asumía las competencias de la Presidencia del Govern, con lo que comenzaba un proceso de desmantelamiento de las competencias claves de la Generalitat y su derivación al Gobierno republicano encabezado por Lerroux. El día 13 se procedió a la destitución de todo el Govern de la Generalitat y se ordenó a la fuerza pública impedir la reunión de los diputados en sede parlamentaria. En los días siguientes, mediante diferentes medidas, el Gobierno central fue recuperando las competencias en trabajo, sanidad y orden público, mientras limitaba las de enseñanza, desarticulaba las de Hacienda e intervenía la justicia.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que, en un paralelismo total -y no es el único- con ciertos hechos también vistos en octubre de 2017, aunque la proclama del 6 de octubre implicaba al Parlament en la misma, esta no fue apoyada propiamente por la institución, ya que el Parlament no se reunió para debatir qué hacer ante dicha situación ni votó su adhesión, sino que su implicación se produjo en base al apoyo que prestaron los diputados que se manifestaron a título personal, entre ellos su presidente del Parlament, Joan Casanovas. Ello le conllevó a Joan Casanovas el ser internado en el barco-prisión Uruguay junto a los miembros del Govern, hasta que el 7 de abril de 1935 el juez militar Pedro Escalera, a petición de su abogado, le concedió la prisión atenuada en su domicilio. Conocida la sentencia contra Companys y otros diputados en junio (30 años de prisión) y siendo finalmente llamado a juicio en agosto, Casanovas prefirió la rebeldía a ser juzgado y el 24 de agosto consiguió atravesar la frontera francesa, para exilarse en París, gracias a la cooperación en su plan de fuga del agente que lo escoltaba.

En cuanto al estado de guerra en Cataluña, se mantuvo hasta enero de 1935. El 2 de enero de 1935 una ley de las cortes españolas reordenó la situación declarando suspendidas las funciones del Parlament durante un periodo transitorio, al que seguiría el restablecimiento gradual del régimen autonómico en una fecha no especificada, y delegaba las funciones de la Presidencia de la Generalitat y su Consejo Ejecutivo en un gobernador general con facultades de delegar la totalidad o parte las funciones atribuidas a dicho consejo. En dicho periodo de transitoriedad, con el presidente del Parlamente exiliado y los diputados encarcelados y/o procesados, se produjo la dimisión del vicepresidente Jaume Serra i Hunter y fue el vicepresidente segundo, Antoni Martínez Domingo, de la Lliga, quien asumió la continuidad formal del órgano a través de la Diputación Permanente del Parlament, compuesta por 15 diputados. Esta se reuniría en tres ocasiones, con el fin de mantener viva la institución y perseguir el retorno de competencias. Al mismo tiempo, este presidente se distanciaba de varios de sus correligionarios de la Lliga que se incorporaron a los gobiernos transitorios de los diversos gobernadores generales designados o interinos hasta febrero de 1936, que fueron Manuel Portela, Joan Pich i Pon, Eduardo Alonso, Ignasi Villalonga, Joan Maluquer, Fèlix Escalas i Joan Moles, algunos de ellos, por cierto, de la propia Lliga. Ahora bien, tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, el 6 de marzo el Tribunal de Garantías Constitucional restablecía la autonomía y el 26 de marzo el Parlament, con Joan Casanovas de nuevo al frente, reemprendía su actividad ordinaria, dándose por terminado el periodo de suspensión.

Hay que subrayar, no obstante, que la vida posterior del Parlament no fue nada brillante. Con el inicio de la Guerra Civil tres semanas después, los diputados de la Lliga se exiliaron fuera de España o pasaron al bando franquista, quedando en Cataluña solo una cincuentena de diputados. El 31 de julio de 1936, Lluis Companys delegaba en Joan Casanovas la formación de un nuevo gobierno de la Generalitat, al frente del cual estaría Casanovas hasta septiembre de 1936. En ese periodo cobraron protagonismo en Cataluña fuerzas políticas que por su trayectoria reciente no tenían representación parlamentaria y el propio Gobierno central, lo que restó legitimidad al Parlament y le ocasionó una enorme pérdida de peso específico. No fue de hecho hasta el 18 de agosto de 1937 que se produjo la primera reunión ordinaria del Pleno en el periodo de Guerra, durante la cual, además de encauzarse la permanencia de Companys al frente de la presidencia de la Generalitat, se aprobó prorrogar la vida legal del Parlamento más allá de los 5 años previstos en el Estatut y se desestimó una necesaria, aunque inviable, convocatoria de elecciones.

Al frente del Parlamente, aunque no sin dificultad, enfrentamientos, ni conspiraciones varias, se mantuvo Joan Casanovas hasta la primavera de 1938, momento en que Jaume Serra i Hunter le sustituyó de nuevo de forma interina hasta septiembre. Tras la salida de Serra i Hunter, con Casanovas ya en el exilo y con Antoni Martínez Domingo exiliado mucho antes, la cuarentena de diputados que quedaban en Cataluña nombraron nuevo presidente a Josep Irla, vicepresidente primero a Antoni Rovira i Virgili i vicepresidente segundo a Manuel Serra, siendo los dos primeros de Esquerra Republicana y el tercero del PSUC. Tras el fusilamiento de Companys en 1940, Irla se convirtió en presidente de la Generalitat en el exilio y Rovira i Virgili en presidente del Parlament.

Los años 40 se caracterizaron por las mismas dificultades de funcionamiento y controversias entre facciones que afectaron al resto de instituciones republicanas en el exilio, sin que Rovira i Virgili llegara reunirlo nunca hasta su muerte en 1949, por lo que se mantuvo apenas funcionando mediante diputaciones permanentes de cuestionada legitimidad. Tras la muerte de Rovira i Virgili, a Manuel Serra se opusieron ferozmente Tarradellas y otros diputados en su tentativa de convertirse en presidente accidental por haber sido ministro del gobierno republicano de Álvaro de Albornoz, en un conflicto que se resolvió en 1954 con una votación en la que participaron menos de 30 diputados y que designó a Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat, a Ventura Gassol como presidente del Parlament y a Francesc Farreras como vicepresidente primero del mismo. La rápida renuncia de Gassol ese mismo año convirtió a Francesc Farreras en el que sería último presidente del Parlament republicano. El suyo sería un cargo representativo de muy limitada actividad política pero no exento de compromisos como la conmemoración del 14 de abril o el 9 de diciembre (fecha de la Constitución republicana). Fue asimismo el máximo representante del Gobierno republicano en América desde 1971.

Tras el regreso de Tarradellas en 1977, un decreto del Gobierno Suárez establecía el retorno provisional de la Generalitat hasta que una nueva Constitución posibilitase la aprobación de un nuevo Estatuto y la convocatoria de elecciones al Parlament de Catalunya. Entre 1977 i 1979, una Asamblea de Parlamentarios formada por diputados y senadores de las Cortes, hizo las funciones de Parlament y de la misma surgió la comisión responsable de redactar el Estatuto. Poco antes de las elecciones del 20 de marzo, el todavía presidente del Parlament republicano, Francesc Farreras, enviaba una carta abierta a la ciudadanía animando a votar en las mismas. Paralelamente, el 15 de marzo, dirigía una carta al futuro presidente del 2º Parlament de Catalunya en la que manifestaba su renuncia y la del resto de diputados aun vivos -una decena-, una vez que se constituyese el nuevo Parlament.

Finalizaba así una etapa y se abría un nuevo periodo de vida parlamentaria ininterrumpido que se extendería, como es bien sabido, hasta el 27 de octubre de 2017, cuando no una declaración de estado de guerra, sino el artículo 155 de la actual Constitución Española, volvió a destituir al Presidente de la Generalitat y a vaciar de funciones a su Parlament.