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A pocos días de comenzar el curso escolar en Catalunya (o ya iniciado en otras Comunidades Autónomas), el caos y la improvisación de las autoridades educativas ha alcanzado cotas que ni los más pesimistas podíamos imaginar hace unos meses. Es evidente que esto genera incertidumbre y confusión entre la comunidad educativa, que se multiplica cuando tenemos en cuenta la enorme cantidad de informaciones contradictorias que aparecen en los medios de comunicación y en las declaraciones institucionales.

Una de las preguntas que hemos de formularnos es evidente: ¿cómo es posible que, teniendo meses para preparar el inicio del curso académico, hayamos llegado a esta situación tan lamentable? La respuesta se escapa del ámbito educativo y entra en el terreno económico. Todo el mundo que ejerce responsabilidades educativas sabe que, teniendo en cuenta la situación de partida de nuestro país, es necesario aumentar sustancialmente la plantilla de profesorado, reducir en gran proporción las ratios y buscar espacios fuera de muchas escuelas dado el hacinamiento que existe en las mismas. Y, aquí viene el problema, para realizar todo esto hace falta una importante inversión que no quiere emprenderse.

Partiendo de la premisa de que no existe voluntad política para invertir en educación, las autoridades plantearon en el mes de junio dos supuestos futuros a los que agarrarse como clavos ardiendo. El primero, que la pandemia se reduciría sustancialmente durante el verano. El segundo, que alguien acabaría demostrando que la infancia no contagia la enfermedad. Está claro que se trataba de una apuesta descabellada, sin planes alternativos en el caso de que esas condiciones no se cumplieran. Y, desgraciadamente, no se han cumplido. Pese a todo, han esperado a finales del mes de agosto para dar señales de vida, mientras se quedaban paralizados contemplando la tozudez de la realidad (con la honrosa excepción de la Comunitat Valenciana).

Llegados a este punto, ha comenzado la ciencia ficción. La ministra Celáa se ha reunido con las Comunidades Autónomas para poner por escrito unos acuerdos que no tienen rango de ley y que en algunos casos no se están cumpliendo, sin que esto tenga repercusión alguna. En Catalunya, el conseller Bargalló comparecía el 25 de agosto anunciando unas medidas que complementaban las acordadas el 3 de julio. Para que nos hagamos una idea, en las instrucciones oficiales aparece que ‘la distancia mínima interpersonal en los grupos estables será como mínimo de un metro’. Del mismo modo, se anuncia a bombo y platillo que las ratios en primaria no excederán de 20 y que en secundaria se reducirán, salvo en casos excepcionales.

En septiembre el profesorado llega a los centros, y se encuentra con que la distancia mínima establecida se reduce a cero en muchas ocasiones (con sillas pegadas unidas a una misma mesa), con el presunto visto bueno del Departament d’Educació, que ha redactado lo contrario. Igualmente, en muchas escuelas las ratios no se reducen, sino que incluso aumentan, sobre todo en el Área Metropolitana de Barcelona, que es precisamente donde la incidencia del virus es más elevada. El caos alcanza tal envergadura que Bargalló reconoce el día 5 de septiembre que el 30% de las escuelas exceden la ratio máxima de 20 en primaria, y que hará todo lo posible para evitarlo. De momento, no hay más noticias, y a día de hoy hay grupos de primaria con más de 25 alumnos, de secundaria con más de 30 y de Bachillerato con hasta 35. Esto supone que a un día laborable del inicio del curso (mañana es la Diada), el profesorado todavía tiene incertidumbres sobre cuántos grupos habrá y cuáles serán sus materias a impartir.

Toda esta ceremonia de la confusión se completa con las informaciones aparecidas en los medios, que recogen las medidas acordadas públicamente, mientras en algunos lugares se comienzan a denunciar los incumplimientos. Así mismo, gran número de expertos está opinando como si realmente estuviéramos con ratios de 20, tuviéramos espacio suficiente y dispusieramos de espacios para impartir clases en el exterior, indicando que el inicio del curso será seguro “si se tienen en cuenta esas medidas”, que en buena medida son inexistentes. Esta dicotomía entre realidad y ficción amplifica la confusión de las familias, que reciben los planes de reapertura de los centros sin ver respondidas todas sus incógnitas, e incluso se encuentran algunos elementos que no responden para nada a las expectativas generadas.

Lo único que tienen claro las autoridades educativas es que los colegios han de abrir, y para ello se acogen al derecho a la educación como un bien superior que debemos respetar. Pero están mintiendo. Si creyeran de verdad en la importancia de la enseñanza habrían invertido los recursos suficientes para poder impartir las clases en condiciones seguras y dignas, como se ha pedido de manera sistemática desde los sectores que sí creemos en el derecho a la educación, que llevamos años denunciando sus carencias, que condenamos las desigualdades existentes más allá del sistema educativo o que planteamos la necesidad de una inversión a la altura de otros países europeos.

¿Para qué quieren entonces abrir las escuelas? Algunos dirigentes, como Macron o Boris Johnson, lo han dicho claramente, y en España también tenemos declaraciones en este sentido. Y, nuevamente, nos hemos de mover al ámbito de la economía. Se quieren abrir los centros para que las familias puedan acudir al lugar de trabajo, convirtiéndolos en meras guarderías para permitir la conciliación. Obsérvese que, salvo en Aragón, nadie ha planteado una jornada educativa compactada para evitar dobles aglomeraciones. Todo el peso social de la conciliación recae así sobre los colegios, que se convierten en aparcamientos de criaturas mientras el sector privado sigue sin mover un dedo para ayudar a las familias. Además, se aprovecha la contingencia para realizar a las familias un chantaje en toda la regla: si no consideran ustedes que la escuela es un lugar seguro, tampoco tendrán otra opción para dejar a sus hijos e hijas.

Desde mi punto de vista, el relato sobre la apertura de las escuelas lo están ganando las posiciones más conservadoras, apelando de manera hipócrita a un derecho a la educación en el que nunca han creído. Mientras tanto, gran parte de los sectores progresistas están atenazados y con miedo a cuestionar ese discurso, no sea que alguien piense que están en contra de los derechos de la infancia. Como siempre, los problemas se originan cuando se aceptan los postulados de la derecha, en este caso la asunción implícita de que no hay dinero para invertir en educación, que les hace caer en la encrucijada posterior de determinar cómo abrir en condiciones tan lamentables.

Ante semejante situación, parece que no exista alternativa, y se alzan muy pocas voces para exigir dotaciones extraordinarias. La política de hechos consumados y la demora en tomar decisiones representan una lacra contra la que es difícil luchar. Llegados al diez de septiembre, no es momento para indicar que se ha de abrir como sea, sino que se ha de exigir la inversión necesaria para hacerlo.

Así pues, llegamos al inicio del curso en una situación de conflicto y de confusión sin precedentes. He hablado básicamente de Catalunya, pero en la Comunidad de Madrid la situación es incluso peor, con un desprecio hacia el profesorado que raya en el insulto. La propia Ayuso reconocía, de manera extremadamente torpe, que prácticamente todos los niños acabarían contagiados, pero que las escuelas debían iniciar su actividad. Mientras tanto, quiénes queremos abrirlas de manera razonable desde el mes de marzo contemplamos todo este desbarajuste pero seguimos clamando por el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras.