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Muy difícil ha sido resistir la tentación de escribir sobre el esperpento del falso Master de Cifuentes, jaleada sin rubor por la plana mayor del PP durante todo el fin de semana como antaño lo fueron Esperanza, Camps o Barberá – más dura será la caída – o sobre el grave revés sufrido en la lucha contra el pérfido independentismo catalán a cuenta del fallo judicial alemán, país tan alabado unánimemente cuando la detención de Puigdemont hace solo un par de semanas como denostado ahora por tantos en plena borrachera tertuliana. La mesura definitivamente no es lo nuestro.

Pero ahí fuera están pasando otras cosas bastante más graves. Particularmente el último bombardeo con armas químicas en Siria, que Occidente no puede dejar pasar sin más, especialmente teniendo en cuenta la reciente utilización de gas nervioso contra un ex espía ruso en Salisbury, Reino Unido. No está de más recordar que el uso de armas químicas está prohibido por el derecho internacional bajo cualquier circunstancia, como tampoco que las armas químicas son consideradas como Armas de Destrucción Masiva junto a las nucleares y las bacteriológicas. De ahí que nueve de los quince integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluidos Francia, Reino Unido, Polonia, Suecia, Países Bajos y Estados Unidos, hayan convocado una discusión sobre el ataque hoy mismo.

La guerra civil siria ejemplifica lo mucho que queda por desarrollar para alcanzar una gobernanza mundial capaz de asegurar el bienestar internacional. No cabe esperar absolutamente nada de la discusión del Consejo de Seguridad en Nueva York esta tarde. Rusia negará la autoría del régimen de Bashar Al Assad y vetará cualquier posible condena, entre otras cosas para evitar admitir su incapacidad de evitar que el régimen utilice medios de guerra prohibidos a los que, supuestamente, renunció tras el acuerdo ruso-americano de septiembre de 2013, tras el bombardeo de Guta, poblacion cercana a Damasco, que mató a más de mil personas. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas gestionó la destrucción de gran parte del arsenal quimico de Siria, uno de los escasos países que no había suscrito la convención prohibitiva de 1997.

Ello hizo que el Presidente Obama renunciara a emplear la fuerza. Sin embargo, el uso continuado de armas químicas contra la población civil siria llevó a Trump hace un año a bombardear la base aérea de la que habían salido los aviones que bombardearon Jan Sheijun. El impredecible ocupante de la Casa Blanca anunció ayer que el último ataque tendría consecuencias graves. Pocos días antes había anunciado su disposición a retirar los 2.000 efectivos declarados que EE.UU. mantiene en el norte de Siria, confundiendo a la comunidad internacional sobre la implicación norteamericana en el conflicto.

No sería de extrañar que el régimen de Al Assad haya interpretado que la voluntad de desentendimiento norteamericana le daba carta blanca para someter al útimo reducto yihadista de los arrabales de Damasco a sangre y fuego. En tal caso, grave equivocación. Hay líneas rojas cuya violación no puede quedar impune. Con Pompeo y Bolton comiéndole la oreja a Trump, no me cabe duda de que habrá una represalia bélica después de constatar un consenso internacional suficiente en el Consejo de Seguridad.

Iran se ha mantenido al márgen de la ofensiva de Al Assad contra Guta y estoy seguro de que Rusia, la misma de la que se sospecha con bastance fundamento que estuvo detrás del uso de un agente militar químico en Salisbury contra uno de sus ex-espías, ha tratado y trata de evitar, sin éxito, que Siria utilice armamento químico contra los reductos rebeldes: no le conviene que su aliado sea tan salvaje. Pero no es capaz de contenerle.

En todo caso se antoja absolutamente necesaria una reacción militar de castigo suficientemente contundente contra el régimen sirio. El uso de armas químicas no es admisible en ningún caso, ni siquiera contra yihadistas, y mucho menos cuando cercena la vida de civiles inocentes.

La fuerza militar nunca es la solución, pero en casos como este al menos pone coto a la violación de los principios más básicos. No es bueno para nadie que la impunidad prevalezca, especialmente después de Salisbury.