Aitor Riveiro
Ayer el Parlamento dio su visto bueno al decreto-ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno y que supone un recorte de 65.000 millones de euros para la economía española en los próximos dos años. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha visto obligado, como ha reconocido el propio presidente, a tomar unas medidas que, todavía hoy, se van desgranando, dada la opacidad informativa con la que se ha tramitado.
La imposición viene de Europa. Dijera lo que dijera Rajoy, el rescate a la banca española tiene costes macroeconómicos, como no podía ser de otra manera. Máxime cuando en la letra pequeña de dicho rescate se contempla que España podrá recurrir al fondo de 100.000 millones que la UE ha puesto a nuestra disposición para comprar deuda española tanto en el mercado primario como en el secundario, uno más de los cinco documentos que el Gobierno ha olvidado comunicar tanto a los representantes de los ciudadanos en las Cortes como a la propia ciudadanía.
En último término, de eso se trata: de una crisis de deuda. Está ya explicado que la tormenta financiera de 2008 devino en una crisis de deuda pública en la que aún están inmersos, junto a España, otros países del euro.
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