Aitor Riveiro

Muchos meses después, estamos en el mismo punto: el juez está a punto de abrir juicio al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por lo que el fiscal ha calificado como un «delito continuado de cohecho impropio», y el PP de la Comunidad Valenciana ha retado a la dirección nacional al proclamar al propio Camps como candidato para las próximas elecciones autonómicas de mayo y pedir a Génova que valide la decisión esta misma semana. En concreto el próximo jueves, cuando el Comité Electoral Central (CEC) del PP aprobará y anunciará oficialmente que la número 2 de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, aspira a presidir Castilla-La Mancha.

La trampa de Camps es doble. Por un lado, según los estatutos del partido, el PPCV no tiene competencias para decidir las listas autonómicas, sino que es el CEC quien debe hacerlo, mientras el aparato regional se limita a presentar su propuesta. Esto permite a Génova marcar los tiempos, algo que Rajoy ha demostrado que sabe hacer a la perfección. Sin embargo, como ya ocurriera cuando el TSJ valenciano imputara por primera vez a parte de la plana mayor del Gobierno y del PP de Valencia, el pez chico quiere aprovechar la pasividad del pez grande para hacerse con la presa.
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Aitor Riveiro

Conducido de nuevo por el método ensayo-error, decidí reunirme con los que quisieran hacerlo para explicarme su punto de vista. Y de pronto descubrí que había muchos puntos en común. Nadie estaba a favor del todo gratis, estaban de acuerdo en reconocer los derechos (y obligaciones) del autor frente a su obra, y a todos les parecía correcto buscar una manera ágil y eficaz de hacerlo. Yo, por mi parte, reconocí que el modelo de mercado necesitaba ser ampliado y corregido, que la oferta legal no era suficiente, y que compartir archivos con libertad era algo inamovible y deseado por todos.
(Alex de la Iglesia, dimisionario presidente de la Academia del Cine, ayer)

PSOE, PP y CiU acordaron el pasado lunes dar vía libre a la conocida como ‘ley Sinde’, que no es más que una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que el Gobierno calzó en la Ley de Economía Sostenible allá por marzo de 2010.

Pese a lo que muchos han contado en los medios de comunicación tradicionales, la enmienda pactada por los grupos en el Senado no confiere mayores garantías legales a los usuarios de Internet ni a los administradores de páginas web o blogs. En todo caso, la modificación amplía por un lado la cobertura de las actuaciones de la futura Comisión de la Propiedad Intelectual, al ser un juez el encargado de exigir a los proveedores de servicios la filiación del supuesto profanador de los sacrosantos derechos de autor, y por otro alarga la agonía de un sector que vive anclado en la linotipia y que, cuando se quiera dar cuenta, no tendrá nada ni a nadie a quien vender.

Con todo, la probable aprobación de la ‘ley Sinde’ solo dañará a quienes consideran que Internet y los nuevos dispositivos móviles son un lugar donde publicitar su producto y ofrecer pequeñas píldoras que enganchen a los consumidores para que acudan a sus tiendas físicas, sean cines, librerías o grandes almacenes. Toneladas de creadores de las más diversas vertientes culturales e informativas podrán proseguir sus andanzas sin miedo a que lo que sucede en Internet trastoque sus planes en el Mundo Real.

Un ejemplo podría ser el dramaturgo, periodista, novelista y, ahora director-dueño de revistas, Hernán Casciari, un argentino radicado en Lleida que junto con uno de sus amigos de toda la vida (el Chiri) ha fundado un proyecto que durante meses ha llenado de ilusión a miles de personas en todo el mundo hispano: Orsai.
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Aitor Riveiro

Las elecciones legislativas celebradas en Estados Unidos la semana pasada han dejado un resultado claro si uno hace caso a los análisis de los generadores de opinión de todo el mundo: una derrota sin paliativos del presidente Barack Obama, que debe rediseñar su programa de aquí a 2012 si quiere optar a la reelección, moderando su mensaje para acercarse a las bases de su partido que le han dado la espalda.

Los resultados, sin embargo, presentan otra lectura: casi seis de cada 10 estadounidenses no votó en unas elecciones que durante semanas fueron calificadas de trascendentales para el devenir del país. Un dato inverso al que llevó al propio Obama a la Casa Blanca en 2008, cuando el 64% de los llamados a votar acudió a las urnas (todo un récord en EE UU). En ambas citas, los partidos (donaciones mediante) gastaron miles de millones de euros; tanto entonces como ahora, la crisis y las guerras de Afganistán e Irak copaban la actualidad.

Al otro lado del Atlántico, en España, un estudio de la Universidad Camilo José Cela señala que al 53,8% de los jóvenes les interesa poco o muy poco la política y la mayoría (el 37,3%) piensa que ningún partido representa sus ideas.

Mientras, el Centro de Investigaciones Sociológicas señala, barómetro tras barómetro, que los españoles perciben a la clase política y a los partidos como el segundo problema más grave del país, solo por detrás del paro y de los de índole económica. Ni el terrorismo, ni la vivienda, ni las drogas, ni las muertes en la carretera, la sanidad… La política es el problema.
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Aitor Riveiro

Una de las peores consecuencias de la actual crisis económica es la imposibilidad por parte del Gobierno y del PSOE de centrar el foco de atención en otros asuntos importantes o sensibles para el país. El Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero parece tener más que suficiente con la dirección de la política económica de España y la puesta en marcha de las medidas de ajuste exigidas por los mercados internacionales y nuestros principales socios políticos, la UE y EE UU. Todo parece indicar que Zapatero ha desistido de la idea de defender una posición propia ante la crisis y se ha volcado en la defensa de unas decisiones que, sobre todo entre los propios, han caído como un jarro de agua fría.

Por si fuera poco, el Ejecutivo contaba con que la parálisis del Constitucional impidiera una sentencia sobre el Estatuto antes de las elecciones catalanas; sin embargo, la presidenta del alto tribunal (y quizá un empujoncito desde Génova) logró lo que parecía imposible y sacó adelante una ponencia que, salvo contados preceptos, mantiene el espíritu y la letra del texto estatutario surgido de las Cortes y refrendo por los ciudadanos. Y, pese a esto, parece que son el propio Zapatero, el PSOE y el PSC los grandes derrotados.

Sólo la parálisis que sufren el Gobierno y el partido que lo sustenta podrían explicar este desaguisado.
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Aitor Riveiro

La muerte del preso cubano Orlando Zapata el pasado 23 de febrero tras 86 días de huelga de hambre es una losa para todos los que estamos ansiosos de que al país caribeño llegue más pronto que tarde un sistema democrático real que permita a sus ciudadanos ser quienes quieren ser sin miedo y sin que el Estado decida por ellos. Es, además, un serio revés para quienes queremos, además, que Cuba sea lo que quiere ser sin la injerencia maquiavélica de las antiguas colonias y de los intereses comerciales y geopolíticos de uno cuantos poderosos, para quienes esperamos que el sistema sanitario cubano siga siendo el mejor de la región, por ejemplo.

Zapata, pese a lo que se ha dicho, no formaba parte del Grupo de los 75, un conjunto de disidentes cubanos que fueron detenidos en 2003 y condenados a severísimas penas de cárcel, sino que contactó con ellos en prisión, donde se sumó a la causa contrarrevolucionaria. No en vano, la ONU jamás incluyó a Zapata en sus listados de presos políticos.

Dejo al albur del lector el análisis de la metamorfosis de Zapata. No tengo el más leve indicio de que su paso a la disidencia no fuera real u ocultara intereses más o menos espúrios, pero tampoco puedo decir lo contrario. Simplemente, no lo sé. En cualquier caso, para el presente artículo la cuestión es indiferente aunque es preciso constatar la realidad de los hechos para que quede constancia de dónde está cada uno.
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