Cahiers des doléances

Artur Mulligan


Así nos encontramos, en un país lacrimoso convertido en apretado registro de cuero desvencijado, en el cual se consignan los deseos y demandas de las más diversas asociaciones, instituciones y asambleas varias. Desde un poder judicial que pide angustiado su renovación hasta un ejecutivo que solicita colaboración a los que todavía no hayan partido de vacaciones.

Desquiciados por el insidioso virus que trastoca cualquier intento de planificación, los colectivos de mutantes no pierden ocasión para vestir, incluso innovar desordenadamente su queja, conscientes de la hermosa cornucopia europea que se insinúa en el horizonte.

Ivan Redondo, Jefe de Gabinete vocacional, ya tuvo una inspirada idea cuando abordó la campaña electoral de los populares en Extremadura o en Badalona: la amoralidad es un arma valiosa que no paga peaje. Las elecciones políticas y sus campañas son una mercancía más, no sujeta al principio de contradicción, y en consecuencia es perfectamente asumible una alianza entre el PP e IU, confeccionando una bella unidad de los contrarios para echar al PSOE en Extremadura. Dicho y hecho, porque la fe sin obras es una fe muerta y la mejor obra que puede realizar un político es la conquista del poder para él y para sus compañeros de viaje.

Formado en Deusto, es evidente la impronta que ha dejado en su carácter la hagiografía de un Ignacio de Loyola enfebrecido, quien desde los días de su conversión en la casa-torre de Loyola pasando por su visión a orillas del río Cardoner en Manresa, estaba persuadido de que se había encontrado con Dios, con el Absoluto que lo relativiza todo: «Estoy tan cierto de que he experimentado a Dios que aunque se perdieran las Sagradas Escrituras yo seguiría firme en mi convicción», reflexionó sin ser consciente de que esta frase bien pudiera haberle llevado a la hoguera por reflejar el sentir de los alumbrados.

Es evidente que este Redondo ni es marxista ni, mucho menos, socialista, pero con su carácter y saber hacer es muchas cosas más, es jefe de gabinete y estratega clave de Pedro Sánchez (a quién presta, agradecido, su brillo por una suerte de capilaridad), primer secretario de Estado y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, al que se añade en 2020, el cargo de director del Gabinete de la Presidencia.

Enardecido por los buenos resultados de su descubrimiento moral (un bloque inatacable y sin fisuras) ¿por qué no pensar a lo grande? se dijo y, ni corto ni perezoso, puso en marcha la flamante Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo en España. Si Mitterrand impulsó las grandes obras para fijar su paso por este mundo al modo de los faraones, esta Oficina que debería velar por los intereses estratégicos de España en los próximos 30 años, será su mármol testamentario.

Pero de momento la manipulación de socios y enemigos políticos de su Presidente requiere toda su atención y es con mucho su máxima prioridad. A los sindicatos les promete sensibilidad compartida para con los aspectos que éstos juzgan más duros de la reforma laboral y a los empresarios les dice que ahora no toca reformar una ley que tan buenos resultados había propiciado para el crecimiento del empleo pero mantiene en lo inmediato la derogación de la reforma laboral. Así al menos lo declara el plan normativo para el segundo semestre que este martes aprobó el Consejo de Ministros, en el que se incluye la modificación de lo que se conoce como primera fase de la reforma laboral del PP, que pretende dar más poder a los sindicatos en la negociación colectiva, confirmando su objetivo de seguir adelante con el acuerdo de Gobierno y desmontar la reforma laboral del PP incluso antes de final de año (puesto que el plan es para el segundo semestre), aunque desde Bruselas le pueden imponer trabas al respecto ahora que necesita de su aprobación para recibir las ayudas europeas para la pandemia.

Somos un Gobierno que se esfuerza cada día por lo excepcional, atravesar la pandemia, pero no hemos dejado ni un solo instante de sacar adelante los compromisos de legislatura de este Gobierno progresista, reformista y de coalición» presumió la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Pero no será una derogación integral, pese a que el PSOE se comprometió a ello la pasada primavera en el acuerdo que rubricó con Bildu para lograr su apoyo a la prórroga del estado de alarma y pese a que es el deseo casi personal de Iglesias. «Nuestro Gobierno se faja muy bien en el diálogo social, tanto con patronales como sindicatos», sacó pecho la vicepresidenta.

Más concretamente, se trata de devolver a los convenios sectoriales su prioridad frente a los de empresa; recuperar la ultraactividad, lo que significa mantener la vigencia de un convenio y que éste no decaiga hasta que no se apruebe otro; limitar la subcontratación para legislar qué servicios pueden subcontratarse y cuáles no, así como los convenios por los que se rigen estos trabajadores; y revisar el mecanismo de descuelgue de un convenio colectivo para que solo sea posible dejar de aplicar el salario pactado cuando existan causas económicas graves e irreversibles (ahora puede hacerse alegando dos trimestres de ventas inferiores a las del año precedente).

Tiene para todos palabras de consuelo y convierte a Inés de las últimas arrimadas en Santa, garantizando de paso que la subida de impuestos había sido un malentendido impropio de la gravedad de la crisis económica que se avecina, y más teniendo en cuenta que es imprescindible aprobar los presupuestos para recibir las ayudas de la UE, urgencia que desmienten en el momento que esto escribo fuentes de la Comisión por no existir vinculación entre las ayudas y los presupuestos.

El miércoles cambia de registro y le reprocha públicamente sus pactos con la derecha y la ultraderecha porque ya eligió en la Plaza de Colón su destino o añade unas gotas de bítter a su sopa ponzoñosa «sintiendo profundamente» la muerte de un etarra suicida en prisión, algo literalmente imposible de creer, torpe, innecesario, pero sobre todo ofensivo para las víctimas del suicida y, como el pésimo actor que es, muy mal interpretado, esperando tal vez atraer el voto bildutarra como antes hiciera la ambiciosa e inquieta Chivite.

Como todo el mundo es llamado al festín del gasto y el agrado, hasta el cadáver olvidado de la mesa de diálogo para la Causa resurge desde el fondo del Estigia, ese río que separa el mundo de los vivos del de los muertos y cuyo nombre significa «odio», pues por él pasan las almas coléricas y furiosas cuya condena es terminar ahogadas en sus pútridas aguas, como Rufián y sus amigos que entretanto esperan de una vez por todas recibir el óbolo con el que poder realizar el históricamente aplazado viaje a los Campos Elíseos.

Por otra parte, a fecha de hoy, España sigue liderando los niveles de impacto de la pandemia en Europa. El virus se expande en nuestro país hasta diez veces más rápido que en otras naciones de nuestro entorno y de momento no hay una razón única para esta situación, aunque siguiendo lo planteado por el profesor de estudios urbanos en la Universidad de Sheffield, Alasdair Rae, en un estudio realizado en 2013, nuestro país es el número uno en la lista de naciones con más densidad (737 habitantes por kilómetro cuadrado y 20 de los 33 kilómetros cuadrados más densamente poblados del continente), solo superado por tres microestados como Andorra, Mónaco y Malta. Es posible por tanto que el hacinamiento incida significativamente en la extensión de la pandemia.

En cualquier caso, una veintena de nuestros más prestigiosos científicos ya han solicitado una auditoria independiente que determine qué es lo que estamos haciendo mal o muy mal aunque tanto el gobierno como sus portavoces para la crisis sanitaria han acogido con cierto desdén la idea.

Por lo demás, en este aciago Thermidor y Fructidor, no ha sido poca cosa el debate (en DC también, faltaría menos) sobre la naturaleza política de la arquitectura legal que sostiene nuestro estado y su distribución de competencias: Monarquía de orientación republicana, federalizante in pectore, nación de naciones o cárcel de los pueblos, o pachanga de nacionalidades y regiones de libre adhesión.

Una maravilla para acoger como se merece la segunda ola del maldito virus.

El debate en los medios continúa sobre todo porque cada vez que se explica nuestro presidente notamos que tiene dudas sobre los difíciles razonamientos que le explican sus asesores, o mejor dicho, el asesor.

 Lo que sí ha entendido es que ahora, cuando el país regresa a la vieja normalidad, está para lo que se necesite, previa demanda formal y presencial de auxilio por quien decida humillarse a sus pies.

Dice Javier Tajadura Tejada en El Correo: «El levantamiento prematuro y precipitado del estado de alarma el 21 de junio supuso un punto de inflexión en la lucha contra el virus. Tuvo dos consecuencias inmediatas. Por un lado, el sistema de distribución de competencias entre el poder central y las comunidades autónomas que estaba temporalmente en suspenso quedó plenamente restablecido. Por otro, la posibilidad de limitar, con carácter general, derechos fundamentales como la libertad de circulación, de reunión, etc. quedó suprimida. En este contexto, ¿qué es lo que pueden y deben hacer las comunidades para detener la pandemia? ¿Qué es lo que podrían hacer los poderes centrales?«las comunidades para lo que no tienen competencia es para limitar derechos fundamentales con carácter general. No la tiene tampoco el Gobierno central. Aunque es evidente que es preciso restringir el derecho de reunión (y otros conexos) para detener la expansión del virus, las autoridades autonómicas no están facultadas para hacerlo. Por ello deben limitarse a formular recomendaciones, cuya efectividad es muy incierta. Únicamente al amparo de la Ley Orgánica 3/86, que habilita a toda autoridad sanitaria para «adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos», pueden decretar la limitación del derecho a la libre circulación de personas concretas, contando siempre con la preceptiva convalidación judicial. Pero este precepto no puede interpretarse como un estado de alarma encubierto, como una suerte de cheque en blanco que permitiría restringir derechos fundamentales con carácter general.»

Finalmente, las comunidades, que son las únicas responsables de gestionar eficazmente sus sistemas sanitarios, pero que no tienen competencias para limitar derechos fundamentales, pueden pedir al Gobierno la declaración del estado de alarma si consideran que las limitaciones de derechos son necesarias (artículos 5 y 7 de la ley reguladora del estado de alarma). Ahora bien, el Gobierno central solo puede delegar el mando único en el presidente autonómico cuando se trate de una crisis que «afecte exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma». La epidemia que padecemos es una crisis de ámbito nacional y por ello, declarada la alarma, el mando único no puede ser delegado. La propuesta de Pedro Sánchez de decretar el estado de alarma por territorios y delegar en los presidentes autonómicos el mando es manifiestamente inconstitucional.

Con todo, y en el marco de nuestro sistema de reparto competencial, el principal y último responsable del descontrol de la epidemia es el Gobierno de la nación. Y ello porque en situaciones como la que vivimos entra en juego una competencia, la de «dirección política de las crisis» (artículos 97 y 116 de la Constitución), que el Gobierno de Sánchez se niega irresponsablemente a asumir. Ante la falta de refuerzo de la atención primaria, la escasez de rastreadores, el incremento de la inseguridad jurídica, el Ejecutivo central no puede limitarse a seguir desempeñando un papel de espectador.»

Y por último continúa el brumoso asunto del abandono de España por Juan Carlos al parecer como resultado de las discusiones entre Felipe VI y sus consejeros de una parte, el gobierno de otra y, sin que aún lo sepamos verdaderamente, por el mismo Juan Carlos y sus representantes.

Sin olvidar la tradición española de el exilio, Fernando García de Cortázar, Premio nacional de historia, completaba recientemente su análisis: «Contrariamente a Francia, nosotros no tenemos la teoría medieval de los dos cuerpos del rey. No hay en España ni unción ni coronación.
Esta naturaleza temporal y cotidiana de la monarquía española, más militar que sacerdotal, más próxima del mundo y sus contingencias que de la divinidad, ha ahorrado a sus representantes el camino de la cruz de otras majestades europeas.Porque al estar desprovistos de un cuerpo inmortal, los reyes de España han podido ser desposeídos de su corona sin que haya sido necesario cortarles la cabeza.Es suficiente enviarlos al exilio, como a los demás perdedores de la historia».

A pesar de la endiablada situación que atravesamos sorprende la confianza generalizada en que los próximos PGE saldrán adelante con la fuerza del casi perfecto diseño ignaciano de los equilibrios asimétricos parlamentarios y su capacidad de carga de una numerosa nómina de contradicciones, sostenida en última instancia por la formidable aversión al frío que padece nuestra clase política cuando le toca situarse en la oposición.

Es posible que acierten los que piensan con Iván Redondo, pero la situación también recuerda la teoría de las catástrofes y cualquier irritación o desaire a destiempo puede llegar a derrumbar los sólidos muros de nuestra particular y convulsa Jericó parlamentaria.

3 comentarios en “Cahiers des doléances

  1. Gracias por su interesante artículo Mr Mulligan. Coincido con casi todo sobre lo que nos expone en su visión de la actualidad.
    En lo referente a la reforma laboral, mi opinión como pequeño empresario, es que ya ha servido para lo que el pais necesitaba en cuanto a adecuación de recursos laborales a las necesidades que la actividad económica requería. La reforma, para ofrecer resultados de futuro, requería leyes y tiempo para equilibrar necesidades y recursos laborales. La pandemia ha acelerado el tiempo, por lo que el desastre laboral, expresado en paro, Ertes, y previsibles Eres van a terminar completando la adaptación laboral a la realidad económica. A partir de ahora toda reforma que se lleve a efecto va a tener más influencia en la generación de puestos de trabajo que en el riesgo de su destrucción. Por lo tanto debe realizarse con buen tino si no se quiere que solo favorezca a los trabajadores que menos la necesitan, por tener sus puestos defendidos pos la necesaria actividad que desarrollan, mientras que a los que realmente necesitan volver a trabajar, se les complica. Hoy en día, con los avances tecnológicos la creación de empleo se relentiza sin merma de capacidad productiva y con grandes mejoras en la productividad y competitividad. Los empresarios nos lo pensamos dos veces antes de incrementar nuestras plantillas por lo que no es recomendable modificar una legislación que termine por aconsejarnos que nos lo pensemos tres o más veces antes de contratar.

  2. El reto actual es el de creación y desarrollo de empresas y el de creación, no de uno, sino diversos marcos laborales que respondan a las necesidades de los mismos, toda vez que son muy diferentes. Agricultura, turismo en todas sus vertientes, e industria, requieren leyes específicas, no siempre asemejables en derechos. No hay que dejar el » hacer vista gorda» como control de los derechos de los trabajadores agrícolas, permitiendo abusos como respuesta a dificultades en la competitividad con otros paises menos desrrollados y garantes de los mismos. De igual manera tambien hay que evitar que la hostelería se defienda, como ocurre en gran parte de Andalucía y puede ser que tambien en el resto del pais, con continuados fraudes en la contratacioón laboral, que se realiza muy frecuentemente cotizando muy por debajo de lo trabajado. Al igual que en el mundo de las empleadas de hogar, para lo que yo entiendo que habría que considerar el costo de la SS como gasto deducible y facilitar la afloración de la actividad real en ese sector, muy golpeado por la pandemia en la actualidad como muchas otras actividades de economía sumergida.
    En fin, que la normalización del mercado de trabajo, con acercamiento y equiparación a lo que acontece en el resto de paises industrializados, y no como ahora que somos la excepción negativa, pasa por desarrollar leyes que lo favorezcan, y no que perpetúen la situación endémica de nuestro pais en estos temas.

  3. Me he dejado sin nombrar a la construcción y obra pública, que auna todo o negativo en lo referente a temas laborales y de fuente corrupción político/social. Transparecia en las contrataciones y subcontratas son fundamentales en este sector, si se pretende que vuelvan a ser motores de la economía sin los riesgos del pasado en cuanto generación de burbuja de explosión incontenible.

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