LBNL
No sabía yo que los fiscales del Supremo y de la Audiencia Nacional trabajaban durante el fin de semana, según se deduce de las informaciones de ayer sobre la confirmación de que acusarán a los principales acusados independentistas de un delito de rebelión antes que de sedición. Incluso a Trapero, al que la Juez de la Audiencia solo procesó por este último delito dada la ausencia de violencia. Pero los fiscales tienen otro criterio: que no haya habido violencia en sentido estricto no quiere decir que no la haya habido a los efectos del tipo penal de rebelión. ¿Perdón? Sí, porque con su insurreccióln pusieron al Estado en una situación cuya solución requería necesariamente del uso de la violencia. ¿Perdón???? ¿No es más cierto – por utilizar lenguaje leguleyo – que el Estado reimpuso el orden constitucional sin necesidad de pegar un solo porrazo? Todo esto un par de días antes de la Diada ante la que los indepes se muestran algo nerviosos por la necesidad de revalidar un apoyo público masivo, imprescindible para poder seguir jugando a la ruleta rusa. Ojalá – estarán rezando – algún facha le pegue una paliza hoy a un “mártir” que esté poniendo lacitos amarillos por ahí. ¿Que desean Rivera y Casado: que la Diada sea un fracaso en relación a los últimos años o todo lo contrario, para poder meterle caña al Presidente del Gobierno al día siguiente en el Congreso? Sus intereses personales parecen ser contrarios a los de nuestro país y nuestra democracia.
A decir de la prensa, los fiscales también se han plantado en cuanto a la prisión provisional. Los delitos son muy graves y el peligro de que los acusados reiteren en su conducta o huyan, también. Conviene recordar que los que están en prisión son los que pudieron haberse escapado y no lo hicieron. Y también que cabe la libertad bajo fianza para prevenir una posible reiteración delictiva, en la que no ha incurrido Forcadell, por poner un ejemplo: si vuelves a apoyar la causa independentista vuelves a la trena al dia siguiente y si te escapas pierdes la fianza. Pero no, era vital mantenerles en prisión y lo de que le de alas al independentismo se conjura con aquello de que la Justicia es ciega: no puede atender a criterios político-sociales. Todo lo contrario: no solo puede sino que además debe cuando ambas opciones – prisión preventiva o libertad bajo fianza – son perfectamente legales.
Por cierto, ¿alguien sabe cuándo es el próximo pleno del Parlament? Por lo que recuerdo de antes del verano, el último pleno previsto se canceló a última hora porque el Juez del Supremo que persigue a los indepes pidió la suspensión de sus cargos políticos. Algo solo permitido para aquellos que están acusados de rebelión, no así si lo fueran por sedición. Es bastante relevante porque Torra y sus acólitos se niegan a acatar la suspensión de Puchi como diputado. Por supuesto deberían acatar la ley pero claro, si los indepes hubieran sido acusados de sedición – es decir, insurrección no violenta – no cabría la suspensión de sus cargos. Y como no hubo violencia, la suspensión adolece de falta de legitimidad. Al menos a mis ojos. Y miren que soy antinacionalista. Pero todavía más, soy demócrata.
Y en democracia lo correcto es, por supuesto, aplicarle todo el peso de la ley a los que la violan. Pero no aplicarles más de lo que les corresponde. En alguna conversación en la que he defendido esta tesis alguno de mis contertulios me ha espetado que cómo me atrevo a juzgar la actuación de los profesionales de la Justicia que, por supuesto, saben mucho más que yo. No me importa que se piense que soy un arrogante o un vendido a los indepes. Es evidente que el enjuiciamiento por insurreción violenta es excesivo e injusto. Tampoco me importa quedar en minoría y menos cuando la Justicia alemana, o la belga, y seguramente también la suiza y la escocesa si se pronuncian, me hacen compañía.
Las decisiones judiciales hay que acatarlas y los representantes de los poderes ejecutivo y parlamentario hacen bien en no opinar sobre los pronunciamientos judiciales en aras de la división de poderes. Pero la prensa y la ciudadanía tenemos todo el derecho de criticar también a nuestros jueces y fiscales. ¡Faltaría más!
Volviendo al terreno de la política, Casado y Rivera competirán el miércoles en el Congreso por ser el que más duro le atiza a Sánchez por su tibieza ante el desafío independentista. Mientras Torra sigue con su política gestual insurrecional – porque en realidad no se le conoce ninguna decisión gubernativa propiamente dicha – reafirmando los principios máximos del soberanismo y su éxito cercano, Sánchez insiste en la oferta de diálogo. Es obviamente lo correcto. No se puede aplicar el artículo 155 en razón de las majaderías de Torra y sus entrevistas al alimón con Puchi en el “exilio”.
El verdadero problema de Cataluña no es que Torra, Puchi y compañía se hayan saltado la ley democrática a la torera sino que haya dos millones de catalanes que les hayan vuelto a votar tras hacerlo. Estoy convencido de que si no hubiera políticos catalanes en prisión preventiva y no les hubiéramos dado un tema perfecto para su martirologio, la asistencia a la Diada sería mucho menor de lo que lo será mañana martes. Y eso es lo que más necesitamos para poder reconducir llo más rápidamente posible la grave crisis creada.
Pero parece que ese sea el objetivo fundamental de PP y Ciudadanos, interesados principalmente en desgastar a Sánchez, lo que contrasta sobremanera con el apoyo leal que Sánchez le dio al PP durante el capítulo anterior de la crisis. Es que Rajoy no fue investido con los votos de PDeCAT y ERC, se me dirá. ¿Y eso que importa? ¿Ha hecho o dicho algo Sánchez que se aparte un ápice de lo que siempre ha sido la posición del PSOE sobre este tema? En absoluto. Ni siquiera su referencia a un futuro referéndum porque ¿no es evidente que al final del camino habrá que someter un nuevo Estatut – constitucional por supuesto – al refrendo de la ciudadanía catalana?
En fin, nada me gustaría más que el martes cayeran chuzos de punta en Cataluña para deslucir al máximo la enésima versión del show indepe. En las últimas elecciones autonómicas los independentistas perdieron votos, pero no demasiados. Mañana tendremos otro indicador. Ojalá continúe la tendencia pese a la belicosidad fiscal porque es el camino a la solución futura de la crisis. Pero admitámoslo, también sería muy satisfactorio ver a Torra, Puchi y compañía todavía más desquiciados. Y de paso dejar a Rivera y Casado sin argumentos.
Le va a caer la del pulpo.
Yo tengo la impresión que de aquí se ha cargado la mano, pero no tengo el alcance de discernirlo y formarme un criterio propio de una calidad mínima.
En este sentido voy a externalizarle a LBNL la elaboración de los argumentos que sostienen mi impresión previa, ya que parece que LBNL elabora con sentido. También me tranquiliza el hecho de que piense lo que piense uno, es un tema que me van a dar resuelto y del que no se deriva otra responsabilidad que el que me guste mas o menos. Como a los fiscales no los voto…
LBNL es demócrata , algo que nadie en DC pone o ha puesto en duda , al igual que la mayoría de los intervinientes y es por esto que podemos debatir en libertad sin que este hecho previo sea nunca , por sì mismo , un argumento de autoridad.
Hay un consenso generalizado sobre el origen de la nueva estrategia rupturista del nacionalismo catalán : el recorte del Estatut por el Congreso , por lo que
recuperar el texto de 2010 implicaría relegar definitivamente el castellano en la Administración y en la escuela catalana, permitir la creación de un sistema judicial desligado del estatal, arrebatar de facto al Parlamento la capacidad de decidir, a través de los Presupuestos, la cuantía de las inversiones en Cataluña y condicionar, incluso, el esfuerzo fiscal de otras comunidades autónomas.
Cualquier diálogo ( y negociación) posible se encuentra con este auténtico muro que ni siquiera Sánchez y el extraño gobierno que preside podría saltar sin una previa reforma constitucional.
Contrariamente a lo que afirma el articulista el gobierno Rajoy y su pusilanimidad – con la espantosa gestión de la crisis por la vicepresidenta durante los años previos y la especial torpeza del ministro del interior- no hicieron otra cosa que cerrar en falso , sin la debida energía , está agónica situación.
El poder judicial, hoy por hoy no maleable por el ejecutivo , resiste a las presiones tanto nacionales como extranjeras como gato panza arriba , mantiene la calificación provisional de los delitos y a los sediciosos a buen recaudo.
Y asì están las cosas. El Parlament cerrado , el PSC haciendo el juego al atorrante President ( vean la entrevista de Ana Pastor en la Sexta ) asistiendo a su Conferencia y la imposibilidad absoluta de un diálogo con ese pedazo de animal de bellota. Si quisieran dialogar , es decir someterse a la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles ( catalanes incluidos ) , hace tiempo estaría resuelta y encauzada la excepcionalidad. No ha sido asì.
Pretender que un Sánchez frívolo, indeciso , voluble , acompañado de un Podemos en proceso de cretinización acelerado , como acaba de demostrar en la negociación chantajista e irresponsable sobre el déficit , puede llegar a buen puerto la crisis institucional catalana, es una quimera.
Recordaba recientemente un columnista lo que decía el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista publicada en el diario El Mundo el 17 de abril de 2006 con motivo de la aprobación de la reforma del Estatut de Cataluña. Le preguntaba su director, Pedro J. Ramírez, al entonces presidente: «¿Se sentirá responsable si dentro de diez años Cataluña inicia un proceso de ruptura con el Estado?» A lo que Rodríguez Zapatero respondía: «Dentro de diez años España será más fuerte, Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos».
Vamos a rumbo de colisión y mejor es prepararse uniendo fuerzas todos los demócratas que creemos en nuestro paìs para aislar a los facciosos. Porque éste es , con gran diferencia , el principal problema que tenemos.
Ejem….esto de la justicia tiene sus intríngulis…..
Hace unas semanas leí un artículo de Ignacio Sanchez-Cuenca en La Vanguardia…en el que prácticamente le da la razón LBNL y refuerza la convicción democrática que expresan a diario los independentistas:
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La Vanguardia
Opinión
Fútbol
Portugal – Italia: sigue en directo el partido de la UEFA Nations League
Política
La Diada de Catalunya: el acto institucional, en directo
La posverdad suprema
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA Author Img
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IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
01/09/2018 00:56 | Actualizado a 01/09/2018 10:57
La posverdad puede definirse como una cierta indiferencia ante los hechos. El término se utiliza sobre todo para referirse al fenómeno de falsas creencias populares: la imagen de la posverdad que se ha instalado en los medios es la de masas ignorantes engañadas por políticos demagogos a través de las redes sociales.
Sin embargo, el fenómeno de la indiferencia ante la verdad se percibe también en las altas esferas, en el ejercicio del poder; es una constante a lo largo de la historia política. Uno de los ejemplos más puros de posverdad en tiempos recientes fue la decisión de EE.UU. de atacar Irak. La administración de George W. Bush se encerró en su caparazón, eliminando cualquier fuente de información que no fuera a favor de sus planes. Fallaron los mecanismos internos de control y se actuó con desprecio de la realidad: no había evidencia de las famosas armas de destrucción masiva ni un plan mínimamente consistente para la reconstrucción del país. El resultado fue catastrófico: Irak sucumbió a una espantosa guerra civil de la que surgió la insurgencia del EI.
La posverdad es la consecuencia de un “aislamiento epistémico”: un grupo de personas, más o menos amplio, comparte unas determinadas ideas sin someterse al principio de realidad. Cuanto más cerrado sea el grupo, más refractario se vuelve a enfrentarse a la verdad. Las razones de esa cerrazón son muy variadas, del sectarismo ideológico al espíritu corporativo, en el que la confianza no trasciende los límites de un cuerpo profesional.
En estos momentos, la posverdad corporativa e ideológica se encarna de forma sobresaliente en nuestro Tribunal Supremo y su empeño en mantener la acusación de rebelión contra los líderes políticos del movimiento independentista catalán. Tratar de encajar las conductas del “otoño caliente” del 2017 en el tipo penal de rebelión es contrario a la lógica, el sentido común y el propio derecho español. La estrategia seguida en la instrucción del caso supone una degradación profunda de nuestro sistema legal: pocas veces se ha visto con tanta claridad cómo los prejuicios ideológicos y políticos se imponen sobre una consideración racional e imparcial de los hechos.
El Tribunal Supremo se ha metido en su propia burbuja epistémica. El tipo penal de la rebelión requiere un “alzamiento violento y público”. Para poder hablar de rebelión en el caso catalán, hay que deslizarse por una pendiente que termine asimilando los sucesos del otoño pasado al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero mientras que los golpes de Estado siempre conllevan violencia (de facto o en forma de amenaza coactiva), lo sucedido en los meses de septiembre y octubre del 2017 no encaja, se mire como se mire, con un “alzamiento violento”.
La acusación de rebelión no sólo carece de sustento empírico, pues la violencia que exige el Código Penal no tuvo lugar, sino que además revela una concepción muy pobre de la democracia, confundiendo protesta, resistencia y desobediencia con violencia insurreccional. En una democracia sana, la protesta y la desobediencia, aunque puntualmente puedan degenerar en algún comportamiento violento en la calle, no se criminalizan como si fuera un golpe de Estado. Sólo retorciendo los hechos y deformando los conceptos se puede mantener la causa por delito de rebelión. Los magistrados han llegado a utilizar la represión policial ocurrida durante la jornada del 1 de octubre como prueba de la violencia del movimiento independentista. Con suma ironía, cabe apuntar que los argumentos manejados por los magistrados del Supremo sobre la violencia fantasmagórica del procés harían las delicias de aquellos posmodernos que ven una violencia ubicua en la vida social.
Si los razonamientos de los magistrados sobre la rebelión catalana se despojaran de su autoridad institucional, no resistirían un mínimo examen lógico en la esfera pública. La acusación de rebelión resulta tan extravagante que incluso podría ser motivo de mofa si no fuera porque hay políticos encarcelados. Sólo cabe explicar la toma de posición del Tribunal Supremo por una mezcla de corporativismo, soberbia y orgullo nacional herido. Se han propuesto dar un escarmiento ejemplar a los líderes del independentismo, un castigo que deje claro a las próximas generaciones el riesgo al que se exponen si alguien intenta de nuevo una estrategia unilateral rupturista.
El Tribunal Supremo es una de las instituciones más conservadoras del sistema constitucional español. Sus miembros son elegidos en muchas ocasiones en función de criterios políticos antes que por mérito y capacidad profesional. El Partido Popular ha controlado el Consejo General del Poder Judicial durante largos años y ha conseguido que el Supremo esté muy escorado a la derecha. Además, el clima de la política española permite que los magistrados estén actuando de forma arbitraria e ideológica, pues los mecanismos que inducen un cierto autocontrol por parte del Tribunal no están operativos. Dichos mecanismos tienen que ver con el temor a las reacciones políticas y sociales que sus decisiones pueden suscitar. En la situación actual, los partidos de la derecha, los principales medios españoles, muchos intelectuales y una mayoría abrumadora de la opinión pública están a favor del encarcelamiento de los acusados por rebelión. En esas condiciones, los magistrados se sienten impunes. Nada les frena. Están dispuestos a deteriorar aún más la reputación democrática de España, pues el castigo por el desafío a la unidad de España parece estar para ellos por encima de cualquier otra consideración. Para frenar el disparate y la injusticia que se está cometiendo con las acusaciones de rebelión, haría falta una sociedad civil que se tomara en serio que en una democracia resulta inadmisible juzgar a unos políticos por hechos que no han cometido. No estamos ahí todavía.
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No seré yo quien les lleve la contraria…a IS-C y a LBNL en su visión democratica sobre los hechos acaecidos ,pero antes de ponerme a llorar,por no tener argumentos en contra de sus contundentes palabras,me alegraría saber hasta dónde somos capaces de aguantar que las acciones de los independentistas sean meras palabras.
No se si tenemos que cambiar las leyes o que sigan pensando ingenuamente que es posible quemar una Constitución y un estatuto convirtiendo una Diada nacional en una Marcha de las Antorchas.
Hoy tenemos en la prensa un nuevo caso de másteres,y ya están pidiendo la dimisión de la ministra socialista.
Me pregunto quién le pone el cascabel a los organizadores del proceso republicano catalán.
En fin……snif…la vida sigue igual.
Lamentable , como siempre , este Sánchez Cuenca de pitiminí. Para él , lo ocurrido en las dramáticas jornadas del año pasado en Cataluña eran solo protestas, algo compatible con un sentido laxo de la democracia. Nada dice de las jornadas previas en el Parlamento , una violencia implacable con los restos de lealtad constitucional. Malditos sean por siempre sus autores y penen sus culpas durante muchos años para escarmiento de quienes atenten contra la soberanía nacional buscando privilegios.
Muerdan la bala justiciera que les alcanza y sirva de ejemplo ; coman el marrón en el que se han envuelto con una dialéctica xenófoba estupida y mendaz.
Ni un paso atrás; ni una componenda .
Tenemos memoria y recordamos su desprecio hacia miles de sus conciudadanos.
El poder judicial no es un poder abstracto , como pudiera ser el del dinero , ni un poder fruto de una ascendencia histórica sobre la nación cuyos fundamentos arcaicos planean sobre la organización de ésta ; el poder judicial nace en el pueblo , incondicionado , en pie de igualdad ; es independiente y organizado. Es , en sentido ultimo , garantía de libertad. Los demócratas debemos apoyarlo siempre.
Lo que Montesquieu dictó en ‘El espíritu de las leyes’ sigue siendo el precepto legal contra el abuso de poder. Su crítica al absolutismo del Estado y su idea de un estado liberal constitucional sirvieron para defender el límite del poder del Estado. Al margen de la ideología, que se emplea como arma de doble filo cuando se cuestionan las decisiones judiciales.
Lo que está claro es que el pensador francés utilizó su ataque a la monarquía absoluta para definir un sistema de control y equilibrio entre los poderes del Estado, para que uno no solape o supere al otro. De eso se trata.
España copió de Francia e Italia el modelo de Consejo de Poder Judicial (CGPJ), lo hizo tanto en la forma, como en el contenido. Asumió la filosofía de un órgano independiente frente a las presiones del Gobierno, encargado de gestionar los derechos y obligaciones del juez. Ese carácter ha persistido. Pero en apariencia, el modelo cambió en 1985, cuando el Ejecutivo de Felipe González decidió que las Cortes designarían a todos los miembros del Poder Judicial.
No todo el mundo piensa igual en esta cuestión. Miguel Agudo Zamora, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, explica que los jueces deben tener una legitimidad democrática», por eso es partidario de que las Cortes designen a parte de los miembros del Poder Judicial: «La Constitución dice que la soberanía recae en el pueblo, por tanto, el poder judicial debe emanar del Parlamento, que representa a la voluntad popular».
En Francia los jueces nombran a parte de sus representantes
En Francia, el Consejo Superior de la Magistratura lo preside el presidente de la Republica, y el ministro de justicia es su vicepresidente, pero los jueces nombran a parte de sus representantes. Por su parte, el Consejo Judicial de Canada está integrado solo por jueces; y en Portugal, existen dos órganos judiciales, uno para los jueces de los tribunales de justicia, y otros para los dedicados a derecho administrativo y fiscal.
En Inglaterra elige el ministro de Justicia… y la Reina
El modelo anglosajón es muy distinto. En el Reino Unido el ministro de justicia tiene la responsabilidad de designar a los miembros de la carrera judicial. Pero los nombramientos para cargos superiores los realiza la Reina, por recomendación del primer ministro, que a su vez puede pedir consejo al ministro del ramo. También es distinta la carrera judicial. Una comisión judicial elige a los candidatos, que han tenido que dedicarse al derecho durante 25 años, y superar unas evaluaciones.
A pesar de que en el Reino Unido las funciones de control del poder judicial las ejerce el Gobierno, los expertos subrayan que en la cultura anglosajona está muy arraigado el precepto de independencia. Así lo cree Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos:»Por la historia y la tradición democrática, en este país a ningún juez se le va a ocurrir dejarse influir por el Gobierno. También tienen la influencia de Estados Unidos, en el sentido de que dictan las resoluciones conforme al derecho y a la ley, pero también al interés general. Son más flexibles al entorno».
Villoria, experto de Transparencia Internacional,cree que
la independencia está garantizada y recogida en la Constitución, pero las afinidades políticas existen en el poder judicial y además existen asociaciones judiciales.
La organización en la que colabora ha publicado un informe en la que señala que algunos jueces subordinan sus plena independencia a ciertos compromisos políticos, solo para ascender a la cúpula judicial. Villoria comparte esta reflexión, aunque matiza que se trata de casos puntuales, y no es la tendencia general.
Que los jueces tienen ideología también lo piensa Rafael Naranjo, profesor de Derecho Constitucional de Málaga: «La independencia judicial está garantizada, pero otra cosa es la ideología, que es inevitable en la condición humana y se acaba plasmando en las resoluciones». En cuanto a los cambios en el Poder Judicial, considera que dan «una mayor apariencia de despolitización» y pueden ayudar a mejorar la imagen de este órgano, que lleva un tiempo «desprestigiado».
Nombramientos politizados
El profesor Agudo Zamora escribe en uno de sus trabajos que España es la excepción en Europa en la política de nombramientos del Constitucional por el hecho de que el Gobierno nombra a dos magistrados, y eso conlleva a que esos cargos se vean «demasiado politizados». «Permitir que las grandes tendencias políticas coloquen a miembros del Tribunal próximos a sus opiniones conduce a una bipolarización de la vida política».El caso español contrasta con el sistema de Grecia, donde los jueces son elegidos por sorteo entre los miembros de juridisdicciones superiores del Estado.
Los órganos de gobierno de los jueces surgieron en Italia y Francia en la época de posguerra para reforzar la independencia ante las presiones o injerencias del Gobierno.
En el país galo, funciona el Consejo Superior de la Magistratura, que lo preside Sarkozy, y el ministro de Justicia es su vicepresidente. El consejo italiano, está compuesto por tres miembros de derecho, que son el presidente de la Republica, y el presidente y el procurador del Tribunal de Casación.
En cambio, el órgano judicial de Alemania tiene funciones meramente consultivas. En este Estado, los jueces federales son nombrados por el presidente, a proposición del ministro federal competente, pero intervienen también tribunales disciplinarios.
Los nombramientos en el Constitucional
-En Grecia, los jueces son elegidos por sorteo entre los miembros de jurisdicciones superiores del Estado.
-En Italia, la tercera parte de los jueces son designados por las magistraturas supremas. Mientras, el presidente de la Republica nombra a cinco, y la Cámara también decide a otros cinco por mayoría de dos tercios.
-En Francia, el presidente de la República nombra a tres miembros del Consejo Constitucional, y a su presidente. Esta potestad ha provocado críticas políticas.
-En España, el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría: dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
……
En fin la única verdad sobre el poder judicial es que » La justicia es ciega.». Por muchos cristales de colores con que se mire…glups!
Lesmes ha advertido de que «la democracia no existe sin reglas, sin Derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad y no preservan los derechos y libertades de todos».
Viva España libre, nuestra España , la nuestra , nuestro paisaje , nuestro pasado , nosotros y nuestra herencia y colores, Azorin y Ortega , Pradera y Savater , Velázquez y Picasso.
Mulligan: Digo lo de que soy demócrata porque demócrata es querer que se aplique la ley y nada más que la ley. Esto no es demócrata: «Muerdan la bala justiciera que les alcanza». La Justicia democrática no es justiciera. Ni el poder judicial democrático «nace en el pueblo , incondicionado , en pie de igualdad». Nace de la ley aprobada por los representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente. La Justicia popular es otra cosa.
Ah, y lo de que Sánchez Cuenca es un pitiminí sobra como todas las descalificaciones personales.
Mulligan: Freudian slip? «El poder judicial, hoy por hoy no maleable por el ejecutivo , resiste a las presiones tanto nacionales como extranjeras como gato panza arriba , mantiene la calificación provisional de los delitos y a los sediciosos a buen recaudo.»
Son sediciosos? A mi me lo parecen, de ahí que lo correcto sea encausarles por sedición. Qué presiones internacionales? No es más bien que desde España se intenta que los tribunales extranjeros acepten la consideración de insurrección violenta para una insurreción no violenta?