Sancho  Esta semana hemos sabido que varios responsables políticos del PP han tratado de cometer fraudes electorales con el fin de facilitar la victoria de su partido político. No hay más que coger la prensa de esa semana para recrearse en la burda trama melillense para fotocopiar impresos de voto por correo, o en las denuncias de las exageradas alteraciones de los censos electorales de las localidades granadinas de Alquife y Lanjarón. Afortunadamente, tenemos una democracia sana con unas instituciones fuertes que son capaces de detectar a tiempo estos fraudes y ponerlos en manos de la justicia. Si los casos de malas prácticas electorales son una mala noticia, no lo es tanto al saber que el Estado reacciona de forma eficiente y eficaz. Este hecho demuestra una madurez democrática que me invita a reabrir el debate sobre la forma que tenemos de elegir a nuestros alcaldes.Como todo el mundo sabe, actualmente el método para elegir alcalde es muy parecido al que se emplea para elegir a los máximos responsables nacionales. Los ciudadanos votan a una lista cerrada y bloqueada cuyos votos son transformados en concejalías tras aplicar la llamada fórmula d’Hondt. A diferencia del pacto no escrito que existe a nivel estatal de permitir gobernar al gobierno que más escaños obtiene, a nivel municipal no es infrecuente ver que el alcalde de la localidad no pertenece a la lista más votada. Esto en sí no es ningún problema; es más, si entendemos la democracia como la competición entre alternativas distintas, el ganador deber ser la alternativa que más apoyo genere con independencia de si está formada por uno o por más partidos.Pero si a nivel nacional podemos decir que este modelo ha generado como consecuencias positivas estabilidad en los gobiernos y en el sistema de partido, a nivel municipal las noticias han sido otras. Con frecuencia pasmosa, los equipos de gobierno municipales se han sentido amenazados por políticos oportunistas que no han dudado en romper la disciplina de partido y en apoyar propuestas políticas distintas a las que representaban cuando fueron elegidos. La consecuencia es que los ciudadanos, en no pocos casos, terminan siendo gobernados por equipos de gobierno que no se corresponden con las preferencias que en su día emitieron en las urnas. Acontecimientos como los ocurridos sobre todo en Marbella, pero también en otros lugares como la localidad sevillana de Camas, invitan, cuanto menos, a reflexionar sobre posibles alternativas que ayuden a dignificar la política municipal. Una de esas posibles alternativas podría consistir en permitir un mayor control de los ciudadanos sobre los responsables municipales. Esto tiene mucho sentido si nos paramos a pensar que actualmente los casos de corrupción más importantes que se están produciendo en nuestro país se originan en los gobiernos municipales. La gestión de áreas como la contratación pública y, sobre todo, el urbanismo es particularmente vulnerable a la corrupción, como observamos prácticamente a diario. Es necesario, por tanto, tratar de buscar medidas que potencien el control de los ciudadanos sobre los políticos. En primer lugar se deberían realizar dos elecciones distintas, aunque podrían ser concurrentes, o sea, el mismo día. Por un lado, los ciudadanos votarían a un alcalde de entre una lista de posibles candidatos; por otro lado, se votaría a una lista de concejales. La idea con esta separación es independizar la figura del alcalde del poder del pleno municipal , con lo que el transfuguismo perdería su razón de ser. Sobre todo, porque el pleno municipal carecería de poderes para destituir al alcalde, salvo en casos excepcionalmente graves. En esencia este modelo consistiría en tener un alcalde independiente, pero controlado férreamente por el pleno municipal.  El proceso de selección de concejales sería como el actual, aunque se podrían emplear listas abiertas pero bloqueadas, en vez de las actuales listas cerradas y bloqueadas. La idea es dejar que sean los ciudadanos quienes elijan a los concejales más capaces, pero siempre votando una lista de partido. Este método podría ayudar a reducir el número de políticos que o bien, con apoyos del partido, actúan de forma ineficiente, o bien actúan de forma claramente oportunista. Los concejales elegidos tendrían como misión principal controlar las funciones del alcalde y su equipo y, sobre todo, permitir o frenar la actuación del alcalde sobre determinadas áreas como la gestión económica. Además, se favorecería el empleo de una fórmula más proporcional que la de d’Hondt con el fin de evitar amplias mayorías en manos de pocos partidos y obligar así a buscar el consenso. El alcalde sería elegido por votación popular y, una vez investido alcalde, no podría ser desposeído de su cargo hasta las siguientes elecciones o  por alguna causa de extrema gravedad. El sistema empleado para elegir al alcalde podría ser el sistema a dos vueltas. Si el candidato obtuviera una mayoría absoluta en primera vuelta. automáticamente sería investido alcalde; en otro caso los dos candidatos con más votos pasarían a una segunda vuelta donde ganaría el que más votos obtuviera. El sistema de doble vuelta también permitiría a los ciudadanos anticipar posible coaliciones de gobierno. La independencia entre el alcalde y el pleno significaría, además, dos cosas: primero, que el equipo de gobierno no necesariamente tendría que estar formado por los concejales electos; segundo, que el pleno tendría que dar la aprobación para cada uno de los miembros del equipo de gobierno. Este modelo totalmente especulativo y abierto a discusión tiene al menos dos ventajas: en primer lugar, al elegir al alcalde de forma independiente al pleno, se podría reducir esa lacra que tanto abunda en nuestros gobiernos municipales como es el transfuguismo; en segundo lugar, la gestión del alcalde y su equipo estaría mucho más controlada y los ciudadanos se podrían beneficiar de una gestión más transparente.