Juanjo Cáceres

En el último capítulo nos quedamos a las puertas de una sentencia que iba a traer cola y que iba a desembocar en procesos de polarización. La realidad no ha decepcionado y hemos asistido en la última semana a un creciente clima de tensión, iniciado con la ocupación del aeropuerto una vez conocida la sentencia y alargado con un ciclo de disturbios callejeros que se produjeron durante toda la semana pasada en diferentes municipios. El principal foco de los mismos ha sido el centro de Barcelona, donde hemos visto arder contenedores y coches mediante hogueras que se alzaban en algunos casos hasta una altura de 10 metros. También hemos visto escenas de tensión entre policía y manifestantes, que han dado pie a preocupantes situaciones de violencia callejera y a casos de exceso evidente en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales.Pero más allá de las consecuencias de estos hechos, el principal legado de esta semana es la incertidumbre. Incertidumbre sobre el recorrido que pueden tener los incidentes violentos por parte de un sector del independentismo fuertemente movilizado. Incertidumbre sobre el futuro político catalán, una vez que la sentencia marca el fin del Procés y que necesariamente se abre una nueva etapa, sin que tenga que ser mejor que la anterior. Y naturalmente incertidumbre sobre cómo puede afectar todo esto al devenir electoral el próximo 10 de noviembre, una fecha en la que posiblemente muchos lleguen a lamentar el que se hayan convocado elecciones. Una vez más destacar que al que se le ocurrió convocar elecciones en un momento de máxima inestabilidad, en lugar de agotar las vías para formar un gobierno, es como para darle un premio.

En lo que a la dimensión catalana se refiere, cabe señalar que la fractura que a lo largo de estos dos últimos años ha ido produciéndose en el independentismo ha socavado las escasas bases de convivencia que todavía quedaban en el Gobierno de Catalunya de Junts y ERC. La fractura se ha hecho gigantesca, particularmente tras la falta de respuesta del conseller d’Interior, Miquel Buch, y el presidente, Joaquim Torra, ante las primeras noches de disturbios urbanos. En el caso del primero, sobre todo tras las polémicas acciones de los mossos d’esquadra, y en el caso del segundo, por su estilo más propio de un activista que de la principal figura institucional de Catalunya, al sumarse el miércoles como si no pasara nada a les Marxes de la Llibertat que recorrían el territorio, en lugar de velar por la seguridad en las calles.

La crisis institucional, sumada a la falta de hoja de ruta tras la sentencia, aboca a Cataluña a unas elecciones anticipadas más pronto que tarde, aunque con las dificultades propias de estos casos. Antes de la convocatoria de elecciones generales era perfectamente imaginable que el independentismo volcase sus esfuerzos tras la sentencia en una protesta masiva seguida de elecciones catalana bajo la demanda de libertad para los presos. La decisión de Pedro Sánchez de convocar las suyas de nuevo desmontó esa posibilidad y obligó a Junts y ERC a tener que preparar de nuevo unos comicios a los que no querían ir y a gestionar en ese proceso en concreto, y no en el catalán, la reacción a la sentencia. Ello con la idea de que ese cartucho fuertemente emocional, a la altura del vivido a finales de 2017, podía permitir a ambos construir un relato electoral y especialmente a Junts elaborar un marco para resistir la opa electoral de ERC que anuncian una vez más todas las encuestas. Sin embargo, ese cartucho ya no está disponible de la misma manera. Ahora Junts carece de ese incentivo, mientras que para ERC seguir en el gobierno de Torra resulta muy abrasador, pero al mismo tiempo, en el ciclotímico mundo independentista, una salida del gobierno por decisión de ERC puede salirle caro a este otro partido y abrirle una brecha por la que otros le desangren. De ahí que seguramente prefieran intentar esperar a que el desgaste de Torra sea tal, que no le quede otro remedio que convocar elecciones. Lo que sí que está claro es que la negociación presupuestaria ya no podrá ser el nuevo McGuffin al que agarrarse para alargar la legislatura y que Catalunya En Comú – Podem lo tienen ahora mucho más fácil para escabullirse del acuerdo presupuestario, pues no toca por su parte otra cosa que no sea pedir la dimisión de Torra.

En cuanto a la dimensión española, es prematuro entrar a hacer demasiadas valoraciones pero como era de esperar las proyecciones electorales están ahora mismo patas arriba, en la medida que la sentencia y sus reacciones parece que están modificando significativamente las tendencias electorales que cabía prever hace un tiempo, cosa por otro lado perfectamente lógica. Entre lo más sustantivo, que la recuperación del peso electoral del PP se está acelerando y que Vox vuelve a subir, dejando el espacio de Ciudadanos cada vez más escuálido. La perspectiva del PSOE tampoco está nada clara, en la medida que aparecen ciertas posibles tendencias a la baja que hay que ver si se concretan o no, mientras que por la parte de Podemos o Más País los peligros no son menores, ya que ituan algunos escenarios bastante peores respecto a lo que podría haberse esperado un tiempo atrás. Parece, pues, que los cambios de tendencia están favoreciendo sobre todo a partidos situados en el arco derecho del hemiciclo, que son los únicos que parecen tener una tendencia al alza y aunque ello implique que Ciudadanos se derrumba, en ningún caso se puede considerar una buena noticia y menos con Vox de por medio.

Momentos complejos, momentos difíciles tras una sentencia excesiva, un mal manejo político de la misma, un territorio importante como Catalunya sin rumbo, al que nadie le ofrece una salida transitabl, y un conjunto geográfico sobre el que se cierne el fantasma de la recesión y de la inacción política que ya conocemos en otras instituciones. Sin duda, preocupante.