Senyor_J

Hay imágenes que quedan grabadas para la posteridad, porque representan un momento trascendental. Recordemos por ejemplo la foto Cumbre de Yalta que retrataba a los tres grandes mandatarios del momento: nada menos que Churchill, Roosevelt y Stalin, dispuestos a diseñar allí el nuevo escenario europeo. Recientemente también se ha recordado en estas páginas el Abrazo de Vergara entre Espartero y Maroto que puso fin la primera guerra carlista. Sabemos que hay momentos en que la historia asoma la cabeza para observar y su cabeza salió una vez más hace unos días, esta vez para contemplar lo que acontecía el pasado martes 10 de octubre en el Parlament de Catalunya. Miles de focos iluminaban a un President de la Generalitat que se disponía a declarar la independencia y a dar a luz, con ello, a un nuevo país europeo. Carles Puigdemont tomó el micrófono, inició su discurso con una serie de mensajes preliminares carentes en su mayoría de cualquier interés, para dar paso después a su gran momento, el que le iba a hacer pasar a la historia. Y así habló:

«Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant del Parlament i dels nostres conciutadans, el mandat que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui pertoca fer. Per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el Govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d’independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada».

En efecto, tras meses de preparación de referéndum, comprometerse con el resultado y anunciar que este sería vinculante, el Presidente dijo Diego donde dijo Digo y renunció a hacer lo que había prometido a hacer, dejando con un pam de nas a la inmensa mayoría del espacio soberanista, esto es, a la gente que había dado la cara y había puesto el cuerpo para hacer posible la celebración de las votaciones el día 1 de octubre. Eso fue lo que sucedió, por mucho que por carta algunos interpreten otra cosa o por mucho que la guerrilla soberanista de las redes sociales vendiera el momento como una jugada maestra. Y pasó, porque en el periodo comprendido entre el 2 y el 10 de octubre los líderes del Procés consumaron su renuncia a seguirlo impulsando la DUI y se sometieron a la voluntad del Estado español.

En efecto, todo apuntaba desde hace meses a que el Estado Mayor del Procés tenía una hoja de ruta muy definida que podía culminar o no en una Declaración de Independencia en el Parlament, a la que se llegaría mediante la realización de un referéndum unilateral que solo podía celebrarse bajo condiciones muy penosas y en un clima de persecución policial y judicial. Así fue como, según dicha previsión, a lo largo del mes de septiembre, una vez activadas las leyes que, aunque fuera de la legalidad española, pretendían regular el referéndum y la transición hacia el nuevo país, el Estado optó por dejar de mirar los toros desde la barrera y de ceder durante más tiempo la iniciativa al Govern, para empezar dicho proceso de persecución judicial y policial contra elementos esenciales de los preparativos del referéndum. Por un lado, acciones judiciales contra los miembros de la Sindicatura electoral y los personajes clave del Govern en el andamiaje logístico del referéndum, para poner de manifiesto que esto se podía acabar combatiendo mediante la privación de libertad, la inhabilitación y la sanción económica. Por el otro, acciones policiales para interrumpir su desarrollo: incautación de papeletas y tarjetas censales, intervención del centro de control de datos, etc. Los frutos de dichas acciones fueron la desaparición del órgano electoral y de los elementos que habían de fijar las garantías mínimas para una participación y escrutinios fiables, con lo que el referéndum unilateral se convertía de facto en una consulta no formal.

Frente a todo ello, la decisión del Govern fue clara e inequívoca: no reponer el órgano electoral -con la falta de garantías que eso conllevaba-, retirarse en gran medida de la ejecución del referéndum (nada menos que de SU referéndum) y dejar en manos de la iniciativa popular y de la sociedad civil soberanista la realización del mismo. Es entonces cuando el referéndum muta en una consulta popular gestionada y defendida desde abajo, con un Govern que no utiliza sus propias fuerzas policiales (los mossos) para defender el referéndum sino para contribuir a impedirlo (aunque de manera extremadamente suave, así como con numerosas disidencias por parte de los mossos) y con la gente corriente teniendo que ocupar colegios, proteger y transportar urnas y soportar las innumerables agresiones de las que fueron objetos en su ejercicio de reivindicación de una soberanía plena para Cataluña. Y a pesar de todas esas dificultades, la jornada del 1 de octubre fue un gran éxito democrático, un hito para los que entienden que la democracia no es solo ir a votar para cuatro años sino construir el poder de abajo a arriba y no de arriba a abajo. Solo la enorme voluntad de la gente aseguró el éxito de la consulta, que con una amplísima participación consiguió generar un mandato político que en una democracia premium significaría al menos plantearse la negociación de un referéndum pactado pero que en la democracia low cost española significa reprimir al disidente.

Los días comprendidos entre el 1 y el 3 de octubre fueron los mayores y mejores momentos vividos por el soberanismo en Catalunya. Si el 1 la iniciativa popular había conseguido garantizar la realización de la consulta, el día 3 de octubre la combinación de una huelga general con una parada de país dio lugar a una notable paralización de la actividad económica o laboral y al mayor proceso de movilizaciones simultáneas de la historia de Catalunya, con una enorme cantidad de protestas masivas y descentralizadas en ciudades y pueblos catalanes, de las que la de Barcelona solo fue el principal exponente. No se había visto nada igual desde la Transición y dejó bien claro, como también han dejado claro varios 11S recientes, que las aspiraciones independentistas o de ejercer el derecho a decidir son algo más que una trama de partidos, son una voluntad fuertemente arraigadas socialmente y que no van a extinguirse por la voluntad de ningún Gobierno.

No cabe duda de que el movimiento exhibía musculatura y empezaba a ofrecer sensación de desborde el día 3 de octubre pero fue a partir de ahí cuando todo cambió, fue ahí cuando transcurridas las famosas 48 horas para declarar la independencia no se había declarado nada, ni estaba nada claro que se fuera a declarar nada. No en vano a la acción del Gobierno español vinieron a sumarse aliados en todos los frentes imaginables. En Europa, las fuerzas políticas y sus electos europeos respondían como era de esperar, manifestándose contra la posibilidad de que Cataluña fuera independiente. El empresariado y la banca inició acciones para evidenciar su disgusto con la situación catalana, que se plasmaron en cambios de domicilio social, mensajes alarmistas sobre los riesgos económicos y en presión salvaje sobre las instancias del Govern. Asimismo, en ese momento en que la movilización era más intensa, se puso en marcha la «Operación Dialoguemos», una trama de la que participaron personas y entidades de todo tipo, con el único fin de desmovilizar y enfriar el ambiente político. En la misma, por cierto, cobraron protagonismo dos elementos interesantes: por un lado, la supuestamente improvisada iniciativa Hablemos promoviendo sábanas blancas y por el otro, PODEMOS y los Comunes. Los venezolanos y antisistemas de PODEMOS y confluencias tuvieron dos iniciativas clave que es imposible no enmarcar en la estrategia de enfriamiento o desmovilización vivida la semana del 2 al 10 de octubre. El día 7 Pablo Iglesias acudía a TV3 en prime time a suscitar temor entre los televidentes ante las consecuencias del 155, lo cual lograba citando riesgos bien reales, pero no ofreciendo más alternativa a la DUI que un diálogo espurio. Es decir, pudiendo proponer vías alternativas para que Cataluña reforzase sus posibilidades de acceder a un referéndum pactado, solo diálogo en abstracto, que es la mejor manera de no conseguir eso y de desmovilizar rápidamente. La segunda iniciativa fue la declaración institucional de Ada Colau el 9 de octubre, en que se sumaba a las voces contrarias a la DUI y apelaba de nuevo al diálogo y a la mediación, tirando de toda la pompa que le confiere su cargo de alcaldesa.

Con todo esto encima de la mesa, llegamos a la jornada del 10 de octubre y al momento de consumar el choque de trenes. Se generaron todas las expectativas imaginables, se montaron autocares, se pusieron pantallas gigantes y cuando parecía que podía llegar la independencia, llegó su suspensión y la penosa escenificación forzada por la CUP de realizar una simulación de declaración de independencia en la sala de al lado, con lo que en un instante el movimiento soberanista se apartaba de la ruptura para volver al processisme. Y, además, una vez decidida la renuncia por parte de Puigdemont, le tocó a la parte ganadora abrir las»negociaciones» de la rendición, con lo que el Partido Popular conseguía algo que no había tenido hasta entonces: arrebatar la iniciativa política al soberanismo y marcar por la vía del 155 el siguiente tramo de la hoja de ruta.

Si algo diferencia al Estado español en general y al Partido Popular en particular de las fuerzas soberanistas, es que al revés de las mismas, prefiere los hechos a las narrativas. De ahí que lo que el Partido Popular ofrece es una dura hoja de ruta de adhesión obligatoria, bajo amenaza de que en caso de no seguirse, se vuelva aun más dura. Los primeros pasos en este sentido consistieron en encerrar a los dos Jordis, dos personajes identificados como líderes de las movilizaciones, con lo que se mandaba al menos dos mensajes claros: que encarcelar gente es una opción viable y que no habrá ningún problema a partir de ahora con meter a gente en prisión por abusiva y autoritaria que sea dicha decisión. A continuación, se procedió a activar con el terrible beneplácito del PSOE (qué caro le puede acabar saliendo esto) y de Ciudadanos, y sin que ni siquiera se haya declarado una DUI, la aplicación del 155 con el fin de acabar convocando elecciones pero ejerciendo primero una represión contra las instituciones que consideran que han contribuido más al éxito de lo acontecido estos meses: desde luego el Govern pero también los mossos, medios de comunicación públicos catalanes… Con esa decisión el PP demuestra no tener reparos en poner aun más en crisis el Estado Autonómico y en explorar las vías del autoritarismo posdemocrático tan en boga en nuestro tiempo.

Frente a ello, se evidencia una tremenda división y crisis en el movimiento soberanista: ya no existe una hoja de ruta compartida sino varias preferencias contradictorias, entre otras respecto a la posibilidad de que el President se anticipe al 155 convocando unas elecciones autonómicas, que habrán de evidenciarse esta semana en el Pleno del Parlament. Entretanto, en estos días de retorno a una versión decadente del Procés, se han evidenciado cosas como las barreras existentes para generar desborde ciudadano. ANC y Omnium han conseguido todo lo contrario a los que apostarían por estimular el empoderamiento ciudadano: controlar cualquier tipo de desborde, mantener las movilizaciones dentro del marco que servía mejor a los intereses del Govern e impedir la organización desde abajo. Nótese a modo de ejemplo que desde el 10 de octubre prácticamente el único titular de las movilizaciones ha sido la petición de liberación de los presos políticos. Solo el pasado sábado los concentrados exigieron algo más, una vez conocida la voluntad de Mariano Rajoy de aplicar el artículo 155 y poner en suspenso con ello el Estado de la Autonomías en España. Pero, ¿y la independencia? ¿Dónde ha quedado los lemas que exigían proclamar la República, más aun cuando el Estado español acentúa su acción represiva? Desaparecidos de primera línea, escondidos en segundo plano: en un instante se ha pasado de hacer llamamientos a ocupar el Parlament post DUI a dejar perdida de cera la Avinguda Diagonal en protesta por las detenciones. A falta de consensos en el seno del soberanismo y con un Parlament que se ha mantenido cerrado para que nadie (por ejemplo la CUP) dijera cosas (por ejemplo que se proclame la DUI) que resultasen incómodas para otros (PDECat, ¿ERC?), la entidades soberanistas se han mantenido dentro de una movilización blanda, a la espera de ver si se ponen de acuerdo en cómo actuar frente al 155.

El 155 también tiene también otros bonitos efectos. En Cataluña parece que al menos transitoriamente se ha conseguido transformar la naturaleza de la lucha política: se está pasando de defender la realización de un referéndum o de proclamar la independencia, a intentar enfrentarse al proceso de involución autonomista que el 155 abre contra las instituciones propias. Pero la sombra del 155 también se empieza a extender por el resto de España, tal y como señalaba Enric Juliana este mismo lunes: las amenazas del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha de aplicar el 155 contra el gobierno del PSOE y PODEMOS y de Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular en el País Vasco, haciendo lo mismo hacia la autonomía vasca, apuntan que estamos en un nuevo tiempo, que el melón del 155 no es solo una amenaza sobre Cataluña sino sobre el conjunto de las regiones que componen el Estado.

Y con semejante amenaza sobre las cabezas de todos los españoles, solo PODEMOS y colaboradores alertan de la nueva etapa de involución antidemocrática que se está abriendo, mientras que en el PSOE no solo no se enteran de nada, sino que además suman alegremente a la iniciativa represiva del Partido Popular y Ciudadanos contra Cataluña. Los sueños húmedos de ver un PSOE reforzado por la vía «constitucionalista» y del pacto de Estado y de que el PSC recupere espacio en Cataluña no pueden estar más alejados de la realidad. Particularmente el PSC se está convirtiendo un cadáver político al borde de la fractura, que se partirá en mil pedazos si se implementa el 155 con el apoyo socialista. Su espacio político va a quedar consumido tanto por los Comunes, que es lo más parecido que hay a un espacio catalanista transversal en este momento en Cataluña (lo que un día fue el PSC), como por Ciudadanos, cuyo fervor españolista y antinacionalista catalán sin matices va a capitalizar mucho mejor la reacción rojigualda de ciertos sectores electorales catalanes que tradicionalmente han votado al PSC en Cataluña. El viaje a la irrelevancia política del PSC, que prioriza supuestos intereses electorales del PSOE antes que reconocer el rostro real de la emergencia democrática en que queda el autogobierno en Cataluña con el despliegue del 155, es inevitable: de concretarse el 155, está a dos telediarios de romperse, de perder todos los ayuntamientos donde gobierna (esto ya en 2019) y desaparecer de la vida política catalana como Unió Democràtica de Catalunya.

Teniendo en cuenta todo esto, no se equivoquen y tengan claro que, ante todo, la aplicación del 155 solo puede calificarse de antípolitica, reaccionaria y antidemocratica, esto último, por mucho que lo prevea la Constitución. Repitan conmigo, la democracia es algo más que asumir leyes y reprimir con ellas al adversario. Es ante todo poner las leyes al servicio de la gente y que las personas tengan derecho a decidir sobre sus necesidades y aspiraciones políticas.

En definitiva, defender España no es corear la aplicación del 155. Defender España es defender Cataluña.