Arthur Mulligan

Con 294 diputados de los 330 presentes se aprobó en el Congreso de Diputados la Ley Cupo para el periodo 2017-2021, una mayoría aplastante imposible de encontrar en la legislatura para cualquier otro asunto, lo que convierte la votación en excepcional; tanto es así que hasta Podemos votó a favor y según Nagua Alba ( Podemos Euskadi ) « por argumentos diferentes al PNV y que no son históricos, sino porque los ciudadanos tienen derecho a gobernarse a sí mismos», a la vez que la portavoz defendía una negociación bilateral de la financiación para todas las autonomías.

Cada vez que se menciona el Cupo en Euskadi, saltan chispas y se reconstruye la santa alianza de nacionalistas, socialistas y populares (ahora también Unidos Podemos) en su defensa, solo equiparable a la adhesión en bloque a un Athletic de Bilbao mitológico que juegue contra el Real Madrid en San Mamés.

Cada cinco años más o menos y según un procedimiento lleno de misterio pero que dice obedecer a principios muy sencillos, la comisión negociadora al uso aparece sonriente y entre saludos y abrazos dan paso a su aprobación sin posibilidad de enmiendas por el Congreso.

Como es un misterio, no seré yo quien desvele sus arcanos mayores, para lo cual haría falta un equipo de buzo con yelmo de cobre y cuatro claraboyas de doble cristal que resistan las enormes presiones a semejante profundidad.

Así que siguiendo la costumbre local no daremos cifras sino argumentos que descansan en cifras, eso sí, empastadas en la dignidad de la santa indignación que producen las ofensas a los onomatopéyicos Derechos Históricos.

El principal, según Soroa, es que los datos empíricos de los últimos quince años demuestran que  «con un igual esfuerzo fiscal y para atender a un conjunto homogéneo de competencias, las comunidades forales disponen, gracias a su particular sistema, de una financiación que es el doble de la media que tienen las comunidades de régimen común. El resultado se confirma en lo esencial si comparamos más exactamente a Euskadi (205%) con una comunidad que tiene su mismo o superior nivel de riqueza como Madrid (97,80%). Y subrayamos de nuevo los condicionantes de la medición, para que no haya dudas: a igualdad de esfuerzo fiscal y a igualdad de competencias a atender. Si se toman en consideración las diferencias tributarias entre comunidades, la cota de financiación vasca es el 186% y la de Madrid el 94,80%. Estos datos proceden del Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas y corresponden al año 2011. Coinciden en lo esencial con todos los publicados por otros investigadores: Ignacio Zubiri establece para el quinquenio 2007/2011, siendo 100 la media de las comunidades de régimen común, una cifra de 204% para el País Vasco y 94% para Madrid. No existe, repito, no existe, ningún estudio que contradiga o impugne estas cifras.»

Y también,

« A quienes (como este humilde comentarista) califican de privilegio inadmisible el Cupo se les exige, por sus defensores, que expliquen en qué o por qué estaría el Cupo mal calculado; que aclaren dónde está el error o la trampa que produce tan asombrosos resultados. Pero es una estrategia de diversión o camuflaje, porque ellos saben muy bien que el cálculo real del Cupo es totalmente opaco e impenetrable para quien no está en el meollo de los gobiernos respectivos. En las leyes quinquenales que fijan el Cupo aparecen unas cifras globales por competencias asumidas y ajustes globales que no permiten su análisis, de puro generales que son. No hay forma de encontrar la trampa con los datos que se ofrecen. Y, para mayor escarnio, esas leyes se aprueban en el Congreso y Senado mediante el trámite de lectura única, que impide su estudio en comisión, su discusión y su enmienda: sólo pueden votarse sí o no en el Pleno, no pueden discutirse ni pueden los diputados pedir detalles o aclaraciones. El mismo procedimiento que Puigdemont y compañía aplicaron en septiembre pasado a las leyes del referéndum y desconexión en su Parlament, y que mereció la calificación de antidemocrático porque impedía a la minoría ejercitar sus derechos de control»

Bien, ustedes pueden aceptar o no estas opiniones o contrastar las fuentes citadas, pero nadie duda sobre la imposibilidad de la aplicación de este modelo a cada una de las CC.AA. porque la suma excedería con mucho el 100%.

Con un « cuéntennos los números y déjense de frases patrióticas» termina Soroa su enésima petición de transparencia.

Bien ¿ qué dice el Gobierno Vasco, el grupo Vocento y tutti quanti ? Pues aceptar el hecho constatable de la sobrefinanciación que se deriva de una mejor administración y control en la recaudación, una mayor y mejor productividad y, sobre todo, el hecho de aceptar el riesgo de que en años de vacas flacas no pueden acudir a las ayudas del estado.

En palabras recientes del lehendakari,

« El Concierto es un sistema fiscalmente responsable y no supone ningún tipo de privilegio. Euskadi se compromete a recaudar sus propios impuestos para hacer frente a sus gastos y servicios públicos de todas sus instituciones. La eficacia de su resultado depende de un adecuado ejercicio de responsabilidad, rigor presupuestario y equilibrio financiero. Además, aporta con carácter obligatorio y prioritario una cantidad denominada Cupo destinada tanto a sufragar las cargas generales del Estado, sus funciones básicas, como a contribuir al Fondo de Compensación Interterritorial.
Es un régimen fiscal transparente, de forma que si Euskadi quiere gastar más en servicios debe proceder a subir los impuestos o bien a recortar otros gastos propios. El Concierto Económico no favorece la reducción de impuestos ni posibilita que Euskadi sea un paraíso fiscal. En realidad, la presión fiscal media en Euskadi ha sido siempre superior a la española desde el año 1981 y hoy lo sigue siendo en más de tres puntos.
En definitiva, los vascos pagamos nuestras competencias con el dinero recaudado en Euskadi, no pedimos nada al Estado y tampoco debemos nada al Estado. Eso sí, Euskadi contribuye a las competencias del Estado con el 6,24% de todos los gastos relativos a competencias “no asumidas por Euskadi”. Su gestión ha seguido siempre los principios de responsabilidad y estabilidad; en Euskadi se cumplen los objetivos de consolidación fiscal, tanto en términos de déficit como de deuda pública.
En segundo lugar, el Concierto es un sistema de riesgo unilateral, porque Euskadi depende de su propia capacidad para recaudar impuestos. Euskadi abona al Estado el importe de Cupo que le corresponde independientemente de la evolución de la recaudación. El pago del Cupo al Estado es nuestra primera obligación. Además, la cuantía del Cupo a pagar por Euskadi se calcula en función de variables que dependen del propio Estado. En realidad, es el Estado quien decide el importe de las “cargas no asumidas” que Euskadi tiene que abonar con el 6,24%. El riesgo es unilateral porque los beneficios o perjuicios derivados de una buena o mala gestión tributaria y presupuestaria en Euskadi corresponderán exclusivamente al conjunto de sus instituciones.
Euskadi es una comunidad solidaria con el Estado. Euskadi contribuye en el pago a los servicios no transferidos a través del Cupo. Euskadi aporta un 6,24% de las cargas no asumidas y aporta ese mismo porcentaje al Fondo de Compensación Interterritorial. Ese 6,24% de aportación vasca al Estado se encuentra muy por encima tanto del peso relativo de la población vasca, que representa el 4,67% del total, como por encima del peso relativo de la riqueza o participación en el PIB, que se encuentra en el 6%.»

Bien, aquí queríamos llegar, al novedoso concepto de ‘ riesgo unilateral ‘, que Urkullu ofrece como modelo de referencia para una reforma de la financiación de las CC. AA.
España como un gran Casino liberal en donde los beneficios se justificarían por el riesgo asumido. ¿ Y cómo jugarían las comunidades con menos recursos ?

Este ofrecimiento envuelto en medias verdades encierra una mala conciencia por los datos empíricos e incontrovertibles que dicen que las instituciones vascas disfrutan hoy de más del doble de financiación pública por habitante que la media de las comunidades de régimen común. Y que además el importe de esa sobrefinanciación no cesa de crecer: 165% (2002), 177% (2007), 235% (2009) .
Los expertos en la materia (Ignacio Zubiri, Carlos Monasterio o Ángel de la Fuente, la Fundación BBVA, y el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas) dicen que los cálculos anteriores están bien hechos, discutidos y contrastados.

Es una grave injusticia que regiones ricas se financien detrayendo fondos comunes que necesariamente afectarán a las menos favorecidas y tal como recordaba hace muy poco el Presidente de Castilla -Leon, la última Conferencia de Presidentes Autonómicos de enero, con la ausencia de los presidentes del País Vasco y Cataluña, acordó crear una comisión de expertos para el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica siendo ineludible para esta comisión revisar los cálculos del Cupo ( no es necesario en esta fase modificar la disposición Adicional Primera de la CE de 1978 ) porque a estas alturas no caben privilegios.

Por mandato constitucional ( Art. 138 ) y por haber cesado la presión terrorista de ETA que al decir de muchos especialistas tanto influyó en su negociación.

No se oculta que mover los acuerdos requiere tiempos propicios y ahora mismo lo último que necesitamos es agregar un nuevo foco de tensiones.

Pero esto es DC, un lugar para el encuentro y el debate democrático.