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Pedía Pablo Casado a Pedro Sánchez ayer a voz en grito en un mitín que aclarara si aceptará la sentencia del Supremo sobre el procés… ¿Cabe pregunta más idiota? El Gobierno aceptará la sentencia, sea cual sea, porque no le queda otra. Porque en democracia la ley es la base. Por lo mismo, si Torra y sus adláteres se sublevan, el Gobierno volverá a instar la suspensión de la autonomía catalana, a sabiendas de que tan excepcional medida sería un paso atrás en la senda de la normalización de Cataluña. Tan negativo como imprescindible si la Generalitat atenta contra la ley que la legitima. La misma ley que facultará al Gobierno, si llega a estimar en su momento que se dan las circunstancias oportunas, para indultar a los condenados del procés – si lo son – atendiendo a las limitaciones legales. Cabrá en su momento criticar tal medida, pero no acusar de traición a quien la defienda, como tampoco a quien siga empeñado en alentar el diálogo político dentro del marco legal, como hace la derecha cada vez que el PSOE insiste en atenerse a la Constitución y rechazar, por ejemplo, un artículo 155 preventivo o indefinido, opciones defendidas por la derecha hasta que el Tribunal Constitucional las ha declarado ilegales. Lamentablemente los demócratas de pacotilla no son un patriomonio exclusivo patrio como demuestran los ejemplos de Boris Johnson, suspendiendo ilegalmente el parlamento, Donald Trump, suspendiendo la ayuda a Ucrania para presionar a su Presidente a perseguir a Joe Biden, o Bibi Netanyahu, que ha secuestrado la democracia israelí durante meses para tratar de librarse de los procesamientos por corrupción que le esperan en los próximos días.

Sin ley no hay democracia pero la máxima no solo vale para los otros. Como decía Sánchez, los indepes pretenden dar clases de democracia denostando la española pero se valen de ella para seguir mandando desde la Generalitat y las diputaciones, gestionando impuestos que solo tienen derecho a administrar por mor del Estatut y la Constitución que le da vida. Denuncian que la democracia española no es tal pero bien que se valen de la descentralización y el auto gobierno así como de las garantías procesales del Código Penal y la tutela del Tribunal Constitucional. Como también del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y, en su caso, del Tribunal y la Corte de Justicia comunitarios de Luxemburgo, jurisdicciones a las que tienen acceso exclusivamente por la pertenencia de la democracia española a los ámbitos del Consejo de Europa y la Unión Europea.

Con la legalidad pasa como con los embarazos: o se está o no se está, no cabe estar a medias. Bueno, si cabe, los indepes llevan lustros cínicamente en misa y repicando, pero las lecciones de democracia no cuelan. Como demuestra la falta de afluencia a la Diada. Pero no lo pillan y ahí está Torra dando largas sobre la no condena a la violencia que no existe, como si la detención de un comando terrorista amateur no fuera algo de lo que distanciarse sin ambajes. Le están poniendo la victoria a Sánchez en bandeja. Nada le puede venir mejor al supuesto “cómplice de los golpistas” que verse obligado a deponerles por volver a saltarse la legalidad democrática a la torera. Por mucha crítica que quepa hacer a la prisión preventiva de los protagonistas del procés o a su eventual condena por rebelión pese a la ausencia manifiesta de violencia.

Pero no son mejores demócratas los que pretenden combatir la estulticia indepe haciendo de menos a la legalidad constitucional. Mientras no se salte la ley a la torera el mentecato de Torra sigue siendo el representante institucional de la Comunidad Autónoma de Cataluña y merece ser tratado como tal. Suspender el auto-gobierno autonómico solo puede ser una medida de último recurso, cuando no quepa otra opción menos lesiva para la convivencia democrática. Y negarse a quitar pancartitas o decir estupideces cada poco, no lo justifican. Cuando Casado y Rivera piden el 155 total, preventivo y hasta retroactivo si se pudiera, dejan entrever sus orígenes ideológicos y prolongan el voto negativo de Alianza Popular a la Constitución en 1978 precisamente por su Título VIII, el del Estado autonómico. Cataluña y cuando toca el País Vasco son España y deben seguir siendo España, por la fuerza de la Historia y quién sabe qué. La Constitución les viene bien pero son más nacionalistas que demócratas y se oponen a cualquier acomodo constitucional que pudiera solucionar el conflicto político con el par de millones de catalanes que votan indepe. Y no tanto porque pudiera ser pan para hoy y más hambre para mañana, punto de vista debatible, sino porque Cataluña es España y punto. Dado que tenemos el monopolio de la fuerza, utilicémoslo y dejémonos de garantismos demócraticos.

Lo mismo hacen Boris, Donald y Bibi en cuanto sus intereses chocan con la legalidad: desdeñarla. Afortunadamente nuestras democracias de momento aguantan y nuestros sistemas judiciales resisten. Bo Johson está llevando al Reino Unido al borde del enfrentamiento civil y del desmembramiento territorial porque su principal objetivo es ganar las próximas elecciones y para ello tiene que ser más pro Brexit que el partido del Brexit. Trump ya se ha posicionado como víctima de una nueva conspiración progre para acabar con el verdadero representante de la democracia pero lo cierto es que la izquierda acató su victoria y llevamos un par de años soportándola. Lo que no es óbice para denunciar sus chantajes ilegales y utilizar los recursos que ofrece la democracia para despojarle de una legitimidad democrática que no merecen los que se saltan la ley a la torera sin ningún miramiento. Y a Bibi le esperan al menos tres procesamientos que sus propios correligionarios esperan como agua de mayo para pactar una coalición de gobierno sin el rey de la manipulación política al que todavía tienen pavor.

Ojalá Torra acate la sentencia y evitemos un nuevo episodio traumático para la legalidad democrática en Cataluña. Y ojalá no haya más grupúsculos preparando explosivos con lo que atentar contra la convivencia. Pero es dudoso que vaya a ser así porque la cabra tira al monte y sería muy costoso políticamente acatarla sin más. Torra se fugará o será detenido pero ¿qué harán Casado y Rivera cuando Sánchez restablezca la legalidad mientras sigue proponiendo diálogo dentro de la Constitución?