Albert Sales
En 2011 trabajé en una investigación sobre las condiciones laborales en la confección de ropa para grandes firmas españolas en la ciudad marroquí de Tánger. Gracias a la implicación de obreras de la asociación Attawassoul, sistematizamos más de un centenar de entrevistas a trabajadoras de fábricas proveedoras directas de firmas como Inditex, Mango, El Corte Inglés o Cortefiel. Fábricas que, según los informes de responsabilidad social empresarial de estas firmas globales con sede el Estado español, pasan periódicamente auditorías sociales y ambientales que certifican el cumplimiento de la legislación vigente y de los códigos de conducta que lucen en las páginas web de las reputadas empresas que gestionan la distribución de moda.
En el informe publicado a principios de 2012, denunciábamos que el 68% de las obreras entrevistadas empleadas en la cadena de suministro de Inditex afirmaban pasar frente a la máquina de coser entre 45 y 54 horas semanales, y que un 30% realizaba más de 55 horas a la semana de forma regular. El 25% de las obreras entrevistadas no llegaban a cobrar el salario mínimo marroquí y el 40% declaraban que sus ingresos no eran suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia.
La investigación tuvo cierto impacto en los medios de comunicación. A pesar de lo efímero de la notícia, y de los intentos de Inditex de convencernos para no publicar los resultados cuando les dimos a conocer el borrador, lo cierto es que las empresas que aparecen en el texto manifestaron su “preocupación” por “posibles irregularidades” en la gestión de recursos humanos de sus proveedores. La investigación y la presión a los gigantes de la moda españoles fue posible por dos factores: por un lado, organizaciones no gubernamentales (en este caso la federación SETEM) disponían de recursos de agencias públicas para un tipo de cooperación internacional difícil de financiar a través de donativos de particulares. Por otro, movimientos sociales críticos con los sindicatos tradicionales estaban en plena efervescencia. Cansadas de un modelo de “desarrollo” que, tras dos décadas de promesas, lejos de reducir la pobreza transformaba las formas de miseria y de explotación, algunos grupos de obreras se organizaban en sus barrios para hacer oír su voz.
Desde entonces, las pequeñas partidas que las agencias de cooperación internacional (estatal y autonómicas) destinaban a este tipo de proyectos se han esfumado. Las ONG de cooperación que situaban el foco en la denuncia de las bases económicas, sociales y políticas de las desigualdades, logran sobrevivir a duras penas . Y a pesar de la supuesta facilidad de comunicación que nos brindan las redes sociales, no han surgido en su lugar movimientos sociales transnacionales capaces de mantener los lazos de solidaridad más allá de retwits y pulgares en alto en facebook.
En Marruecos, a pesar de los buenos indicadores macroeconómicos, la situación de las fábricas no ha cambiado. No hay estudios. No puedo ofrecer datos sistemáticos. Pero las pocas obreras que siguen organizadas están peor y más solas. Las obreras de la confección fueron el corazón del movimiento 20 de febrero, la “primavera árabe” marroquí de la que leímos pocas noticias en los medios españoles. Y también fueron las víctimas de la represión selectiva. Wafae Charaf ha pasado los últimos dos años de su vida en prisión por denunciar los abusos a los que fue sometida volviendo a casa tras una manifestación. Otras víctimas no denunciaron, pero difundieron el miedo. El movimiento se deshinchó por su propia dinámica, pero también por el acoso sistemático a las mujeres que lo impulsaban.
La debilidad de las redes internacionales nacidas al calor de los movimientos antiglobalización (como la Campaña Ropa Limpia) y la impunidad con la que se reprimen los movimientos sociales en el norte y en el sur, permiten que las políticas neoliberales gocen de espléndida salud a pesar de que su hegemonía ideológica se cuestiona hoy con más fuerza que hace cinco años.