Carlos Hidalgo

En mi breve pero feliz etapa en El País Negocios, me dejaron escribir sobre un tema que nunca me ha dejado de llamar la atención. Los llamados “precarios de cuello blanco”. Los chicos y chicas que, recién licenciados, son carne de cañón de las grandes auditoras, los grandes bufetes y en general cualquier empresa que se precia de su influencia. Ya sabéis, esas empresas que lo mismo te hacen la investigación “forensic” del BBVA para ver si Villarejo espió para ellos (sí), te deciden si Bankia debió salir a Bolsa (dijeron que sí, pero era que no), que te redactan los proyectos para conseguir fondos europeos.

El caso es que parece que mucho de ese prestigioso trabajo se cimienta en jornadas de 80 horas semanales y en sueldos de 24.000 euros anuales a “juniors”. Permitiréis que no me sienta muy tranquilo al saber si el que una empresa haga un ERE o no, o si nos van a llegar 1.000 millones de Bruselas depende del trabajo de un veinteañero que ha dormido tres horas en tres días y que se alimenta a base de cafeína y sándwiches de máquina.

Sobre todo, porque lo que implica no es una defensa del trabajo duro, sino otras cosas mucho más preocupantes. La primera de ellas es que es un perverso mecanismo de selección para expulsar a las personas de menos poder adquisitivo de sus filas. Una persona joven de clase social baja o media-baja no se puede permitir trabajar infinitas horas por bajo sueldo, porque le supone unos costes derivados (como transporte, comidas fuera) que a la larga no puede mantener. La segunda es que implica una mala organización del trabajo crónica. Con jefes competentes y buena planificación se pueden prever y evitar las jornadas maratonianas cuando se aproxima el final de un plazo. La tercera es que una flagrante ilegalidad cometida a ojos de todo el mundo. Si diera la casualidad de que apareciese un inspector de trabajo, es bastante posible que la empresa, por muy “Big Four” que sea, se llevara una sanción importante.

Además, las jornadas abusivas tienen varios efectos que hacen que el trabajo producido sea de menor calidad y que la salud de las personas que lo sufren se resienta. Desde problemas de sueño, adquisición de malos hábitos alimenticios o de tabaquismo, alcohol y drogas, a problemas cognitivos, como no poder contar correctamente, problemas de expresión oral y escrita, inestabilidad emocional y hasta alucinaciones. ¿Queremos informes y auditorías de los que dependen mucho dinero y muchos puestos de trabajo sean realizados en esas condiciones?

Por ejemplo, cuando el otrora todopoderoso Grupo Zeta empezó a languidecer y a entrar en pérdidas, acudió a Deloitte para que les ayudaran con un plan de viabilidad. Deloitte aconsejó despidos y el Grupo Zeta cerró sus dos revistas estrella: Tiempo e Interviú. No sabemos si por un tema de viabilidad o simplemente porque así lo indicaban las cuentas que echaron desde Deloitte. Y yo me pregunto: ¿qué saben en Deloitte de periodismo o de revistas para evaluar la viabilidad de dos publicaciones históricas de la prensa española? ¿Quiénes hicieron ese informe? ¿En qué estado se encontraban cuando lo elaboraron? ¿Cuánto costó esa asesoría y cuánto se “ahorró” con los despidos? Hoy por hoy el Grupo Zeta no existe de manera independiente y fue malvendido a Prensa Española. ¿Ese era el objetivo del plan de viabilidad?

Esto en el caso de la prensa. Pero, repito, pensemos que de estas empresas dependen las auditorías de todo el IBEX y recordemos sus clamorosos pufos con cajas de ahorros e inmobiliarias. De estas empresas y de sus informes y valoraciones públicas depende la cotización en bolsa de muchas compañías, la capacidad de financiarse e, insisto, muchos, muchísimos puestos de trabajo. Y por ello se les pagan brutales cantidades de dinero desde el sector público y privado.

¿Y aún nos parece normal que esto dependa de gente explotada y trabajando al límite?