Carlos Hidalgo
Ayer se celebró la ceremonia de inicio del curso judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en pleno se reunió solemnemente con las altas autoridades del Estado y su presidente, Carlos Lesmes, sermoneó acerca de la independencia de la Justicia en España.
No seré yo quien se oponga a la independencia de los jueces. Pero desde luego, pocas lecciones se pueden admitir de Lesmes, un juez del entorno del PP (emparentado con algunos de sus nombres más ilustres), nombrado en plena mayoría absoluta de Rajoy, con el mandato caducado hace más de mil días y que, curiosamente, en la asignación de jueces y el reparto de destinos siempre antepone a los más favorables a las tesis del Partido Popular. Algo que no tendría por qué ser especialmente grave, si no fuera porque el PP está inmerso en varias causas de corrupción, como Gürtel (por la cual ya ha sido condenado pero quedan piezas relacionadas) o Kitchen, en la que se juzga cómo el PP usó los recursos y el personal de las FF y CC de Seguridad del Estado para robar y hacer desaparecer pruebas de Gürtel o del caso Bárcenas.
El PP, con el actual reparto de poderes judiciales se siente más que seguro, no hay más que escuchar aun los ecos del suspiro de alivio que dio María Dolores de Cospedal cuando el juez que la juzga por Kitchen concluyó -de alguna manera- que ella no tenía nada que ver con la toma de decisiones en el PP, siendo como era la número 2 del partido.
También me viene a la memoria como otro juez, al leer los papeles de Bárcenas, concluyó que M.R. no podría ser “Mariano Rajoy”, pese figurar esas siglas en una lista de altos cargos del PP que recibían sobresueldos en dinero negro procedentes de sobornos al partido.
Si “independencia judicial” quiere decir que hay unos jueces claramente escorados a beneficiar al PP mientras el PSOE está en el Gobierno, pues… sí, independientes.
Desde que Montesquieu enunció el principio, se habla de la división de poderes y de cómo éstos tienen que controlarse unos a otros. El legislativo hace las leyes, nombra al judicial y controla al ejecutivo. El ejecutivo aplica las leyes y tiene voz y voto en el nombramiento del judicial. Y el judicial se encarga de vigilar que unos y otros cumplen las normas.
Pero, ¿quién controla al judicial, cuando este sigue con un mandato caducado y groseramente inclinado hacia uno de los partidos? ¿Dónde están en este caso los contrapesos y equilibrios de poderes?
Obviamente el PP, que no está formado por tontos, pone mil excusas para seguir atrincherado en el agujero legal que permite esta anomalía. Más que nada porque tienen que vender su sede antes de que se la terminen embargando, como a CiU. Pero todo esto violenta el texto de la Constitución, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (reformada por el PP e intacta en esa forma en el día de hoy) y, por supuesto, la separación de poderes.
Obviamente no me gusta esta situación, pero tampoco me voy a dar golpes en el pecho, como los que se da el PP, clamando que se quiere atentar contra el Estado de Derecho. Ellos mismos están poniendo el freno de mano al Estado de Derecho. Estaría bien que alguien pensara en hacer que se cumplieran las normas.