David Rodriguez

La Generalitat acaba de realizar un análisis sobre el déficit fiscal de Catalunya, cifrándolo en 21.982 millones de euros en 2021, cantidad que representa el 9,6% del PIB. Se trata de una estimación, ya que desde el año 2018 el gobierno central no proporciona los datos sobre las balanzas fiscales de los distintos territorios del Estado. Catalunya utiliza el método del flujo monetario, que consiste en la diferencia entre lo que el Estado invierte directamente en el territorio y lo que logra recaudar en esta comunidad. También existe el método carga-beneficio, que establece un sistema de reparto entre territorios de todas las inversiones, tanto directas como indirectas. El método utilizado por la Generalitat es de más sencillo cálculo, aunque suele dar como resultado un déficit algo superior.

Más allá del debate sobre la cantidad exacta de déficit fiscal correspondiente a Catalunya, llaman la atención una serie de elementos indicativos de la enorme dificultad con la que se encara el debate de la financiación territorial del Estado. En primer lugar, la ausencia de transparencia en la publicación de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas. Algunos expertos se han lanzado a criticar los datos proporcionados por la Generalitat, pero no existe ninguna estimación alternativa realizada desde el Gobierno. Esto es más sangrante todavía si tenemos presente la existencia de los dos métodos anteriormente mencionados. Es difícil defender desde un mínimo rigor político que no exista un cálculo público de unos datos tan sensibles.

En segundo lugar, llama la atención el hecho de que tras décadas de debate en torno a esta cuestión, no se haya establecido ni de lejos un parámetro sobre cuál es el déficit fiscal máximo que debe tener un territorio. Si esto se hiciera, podríamos dividir el déficit total en dos partes: la proporción que se considera razonable y el sobre déficit que debe corregirse. Por ejemplo, si llegásemos a la conclusión de que el déficit fiscal máximo de un territorio fuera del 5%, podríamos afirmar que la mitad de la cifra denunciada por la Generalitat debería ser eliminada.

En tercer lugar, sería de alto interés discutir la manera en la que se debería corregir el déficit fiscal excesivo de determinadas Comunidades Autónomas, es decir, qué mecanismos concretos han de articularse para acabar con las desviaciones observadas y en cuánto tiempo han de aplicarse. En este sentido, si no disponemos de las cuantías del déficit y tampoco sabemos en qué cifras deberíamos movernos, resulta una quimera el planteamiento de los mecanismos correctores.

Teniendo en consideración todos estos elementos, deberíamos preguntarnos de qué se habla exactamente cuándo escuchamos la idea de reformar el sistema de financiación autonómica. Si no existen datos sobre la situación de partida, si no hay planteamiento alguno sobre la situación ideal, si no se acuerdan mecanismos para transitar de lo real a lo deseado… ¿Cómo vamos a hacerlo? Una vez más, se lanza al aire una cuestión muy compleja sin el mínimo rigor en cuanto a la definición de los conceptos a debate. Por desgracia, este es el caldo de cultivo ideal para convertir la discusión en un berenjenal de elementos irracionales y de Comunidades Autónomas que se arrojan los trastos entre ellas.

Más allá de la discusión acerca de la exactitud del dato ofrecido por la Generalitat, por lo menos hay que agradecer que haya alguien que trate de poner cifras ante el silencio general. Por la publicación de los datos históricos, parece bastante claro que debe corregirse el excesivo déficit fiscal que presenta Catalunya, pero si tuviéramos una mínima transparencia en el debate público podríamos tal vez llegar a saber la cuantía de esta corrección y la forma de realizarla. Con el oscurantismo actual, muchos personajes podrán seguir nadando en el fango de la pequeña política de exabruptos varios y simplismos evidentes, terreno en el que se mueven como pez en el agua. Mientras tanto, quienes aspiramos a un debate riguroso seguimos esperando a que alguien se decida a hacer política de verdad.