Albert Sales

Hace unas semanas me contaba el director de un centro residencial para personas sin hogar de Barcelona que están en proceso de revisión de la normativa y de los horarios del equipamiento. Cada vez hay más residentes que necesitan flexibilidad en las entradas y salidas para cumplir con sus obligaciones laborales. Un tercio de las personas que viven temporalmente en el centro están empleadas, buena parte de ellas en ocupaciones nocturnas vinculadas a la hostelería. Trabajos a tiempo parcial, con salarios que difícilmente superan los 400 euros mensuales y que difícilmente pueden ser la llave para acceder a una vivienda o para reconstruir una vida autónoma tras haber llegado a quedarse sin nada.  

Esta es la realidad de la “recuperación econòmica” para las personas más golpeadas por la pobreza. La suerte de una parte creciente de la población de las sociedades post-industriales se ha ido desvinculando progresivamente de los ciclos económicos. Cómo explica el último informe de la Fundación Foessa, desde los años ochenta las etapas de contracción de la economía han generado incrementos del alcance y la profundidad de la pobreza que no se han corregido en las etapas expansivas.  

Las políticas de austeridad adoptadas desde que se inició la crisis de la que supuestamente está saliendo la economía española, han supuesto un incremento de las desigualdades y una consolidación del abandono del discurso de los derechos sociales y la delegación de responsabilidades sobre unos servicios sociales de ámbito municipal colapsados y con recursos muy limitados. Sin un sistema de garantía de rentas capaz de frenar la caída en la pobreza severa de las personas desempleadas, han sido municipios y organizaciones de la sociedad civil las que han movilizado recursos en forma de ayudas finalistas orientadas a ir solucionando los problemas conforme estos iban apareciendo en la agenda. Ayudas de emergencia para pagar alquileres e hipotecas, para cubrir necesidades alimentarias, para pagar los suministros energéticos… Ayudas que requieren de mecanismos de comprobación de necesidades y de entrevistas, solicitudes y burocracias que sitúan a la familia en situación de pobreza bajo la sospecha de estar aprovechándose de un sistema de protección que, a duras penas, garantiza la supervivencia.  

Aunque no falta quien siga instalado en el negacionismo, la combinación de recesión y políticas antisociales ha empobrecido al conjunto de la sociedad española y se ha cebado con los estratos más humildes de la misma. En 2009, un 19,8% de la población estaba en situación de riesgo de pobreza de acuerdo a sus ingresos. En 2015, la tasa de riesgo de pobreza solamente había crecido hasta el 22,1% debido a este empobrecimiento generalizado. El umbral de riesgo de pobreza es relativo, y desciende en la medida que las franjas medias de la distribución reducen sus ingresos. Dicho de modo coloquial, en un proceso de reducción de las rentas de las “clases medias”, cada vez hay que ser más pobre para ser considerado oficialmente pobre. Si anclamos el umbral y calculamos la tasa a partir de la mediana de ingresos de 2009, en el 2014 se encontraba con ingresos de riesgo de pobreza un 31,3% de la población del país.  

Entre 2009 y 2015, los ingresos de los hogares han caído más de un 10%. La renta disponible por adulto equivalente ha pasado de 17.042 euros anuales a 15.408. Pero dicha caída no ha afectado igual a todos los estratos sociales. En 2009, el 20% de la población más rica disponía de unos ingresos 5,47 veces superiores a los del 20% más pobre. En 2014, el 20% más rico ingresaba 6,34 veces el ingreso medio del 20% más empobrecido. 

Cómo se exponía al inicio, el programa neoliberal no solo impulsa el crecimiento de las desigualdades en épocas de recesión, también lo hace en fases de crecimiento de la economía. Frente a la perspectiva de algún tipo de recuperación, confiar en que la creación de empleo constituirá “la mejor política social” es un ejercicio de invisibilización de las causas estructurales coherente con el discurso y la praxis de las políticas antisociales de los últimos años. Se impone un modelo de gestión de la miseria caracterizado por la retirada de la del Estado del ámbito de la asistencia social y la delegación de responsabilidades en entidades sociales, por la utilización del sistema penal, la represión y el punitivismo, para eliminar los síntomas del empobrecimiento de las calles, y por la imposición de un estado permanente de sospecha hacia las víctimas de la pobreza culpabilizándolos las de su situación con acusaciones de vagancia y parasitismo. 

No se combate la pobreza con ayudas de emergencia social ni con políticas de sumisión al empleo precario, sino a través de mecanismos redistributivos y de un sistema de garantía de rentas que desvincule el derecho a la vida del mercado de trabajo.