Juanjo Cáceres

Los procesos municipales deciden la composición de uno de las instituciones más cercanas a la gente, es decir, los ayuntamientos, pero en unas elecciones como esas se pueden decidir muchas más cosas. A lo largo de las últimas semanas hemos asistido en este blog a la lectura de diversas aportaciones sobre el proceso de formación del nuevo gobierno municipal barcelonés y sus ambigüedades, pero hemos carecido de una perspectiva geográfica del mapa municipal catalán, renunciando hasta ahora a hacer honor al lema cartográfico de Enric Juliana: «Mapas, mapas, mapas». Me gustaría, en este sentido, apuntar un par de cosas, a mi entender, de cierta trascendencia.

Cuando en la noche electoral del 26 de mayo Ada Colau ponía prácticamente en las manos de Ernest Maragall la alcaldía de Barcelona, el independentismo se encontraba a un paso de asegurar, ni más ni menos, que la alcaldía de las cuatro capitales de provincia catalanas. Dos de ellas, Girona y Lleida, por ser respectivamente Junts y ERC las fuerzas más votadas en cada uno de estos municipios, sin que existiesen otras alternativas de gobierno viables. En el caso de Tarragona, ante la necesidad de desbancar por higiene democrática al hasta entonces alcalde del PSC, Josep Félix Ballesteros, investigado por ocho delitos de corrupción vinculados a los casos Inipro y Floria, lo que acabaría permitiendo a ERC liderar un gobierno alternativo. Solo faltaba Barcelona para completar un póker de provincias que habrían sido el germen de un complejo itinerario político hacia el desenlace del juicio del Procés y hacia la preparación de nuevas elecciones autonómicas, una vez más, en clave fuertemente autodeterminista.

Pero rectificar es de sabios y de la mano de las voces que desde los propios Comunes y desde Podemos pedían explorar otros itinerarios y otras posibilidades, Ada Colau acabó convertida de nuevo en alcaldesa. Paralelamente aparecieron otros cortafuegos en situaciones semejantes. En una demostración de resistencia negociadora, el PSC consiguió asegurarse la alcaldía de la cuarta ciudad de Catalunya, Badalona. El voto decisivo de Podemos, en este caso sin los Comunes, también fue clave para poner fin a cuatro años de alcaldes independentistas en Sabadell, la quinta ciudad catalana en población. Ello, sumado a un PSC que ha conseguido mayorías absolutas o alcaldías en grandes municipios como Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet o el ya mencionado Sabadell, ha dado un punto de equilibrio al reparto de un poder municipal que por momentos parecía decantarse muy claramente hacia las fuerzas independentistas, sin ser, paradójicamente, mayoritarias en muchos de esos municipios (y aun menos en Barcelona, donde el independentismo solo suma 15 de los 41 concejales).

De ahí que aquellas escenas de violencia, insultos, acoso y machismo que se observaron en la plaça de Sant Jaume tras la proclamación de Ada Colau como alcaldesa, y que no faltaron tampoco en otros municipios (Sabadell una vez más, con lanzamiento de mechero incluido a concejal de Ciudadanos), deban considerarse como lo que son. Por un lado, el fruto de la frustración, al ver como el sueño de un vasto poder municipal liderado fundamentalmente por ERC se escapaba de las manos. Por el otro, un ejemplo más de los problemas que amplios sectores del independentismo tienen con la comprensión de los procesos democráticos. Unos procesos que cuando no acaban en la investidura de un afín, derivan en intolerancia y altercados. Unos altercados, además, a los que no fueron ajenas las redes sociales y el uso terriblemente irresponsable y peligroso que algunos personajes destacados hacen de las mismas, con Gabriel Rufián a la cabeza.

Como sea, los plenos de investidura dejaron un escenario político lleno de contrastes en Cataluña, que deja paso a unos intrigantes verano y otoño en los que conoceremos la sentencia del Procés y una posible convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. Una Cataluña regida en este momento por un gobierno de coalición compuesto por dos socios que se odian entre ellos, que por lo general ni gobierna ni deja gobernar, pero que cuando se pone a hacer algo, más valdría que se estuviera quieto, como evidencia su último hit: la denominada «Llei Aragonés«.

Afortunadamente, ante la tentativa de convertir todos nuestros ayuntamientos en instituciones procesistas adoradoras de los relatos épicos, la política se ha abierto camino. Toca extraer las conclusiones oportunas y seguir caminando.