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A juzgar por la escasa atención que le presta la prensa, en España no parece importar demasiado pero el debate sobre el futuro de la Unión Europea ha comenzado. Recordemos que las próximas elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar en mayo de 2019, que el mandato de la Comissión Europea termina en otoño de ese mismo año y que en 2020 concluye la vigencia de las actuales “perspectivas financieras” (planes presupuestarios septenales). Las negociación para las próximas, para el periodo 2020-27, acaba de comenzar, bastante mediatizada por el agujero que causará la salida del Reino Unido, que si nada lo impide, debería también materializarse el año que viene. De todo ello debatieron con ahínco los líderes europeos el pasado viernes en Bruselas.
En las dos semanas anteriores la Comisión Europea planteó una serie de propuestas para preparar el terreno. De una parte, la Comisión recordó que será imposible atender a los nuevos retos – inmigración, amenaza terrorista, nueva ambición en seguridad y defensa… – sin reducir las partidas presupuestarias destinadas a la la política agrícola común y a la solidaridad inter-territorial – fondos estructurales y de cohesión – si los Estados Miembros no están dispuestos a aumentar sus contribuciones nacionales al menos lo suficiente para compensar la salida del Reino Unido. De otra, la Comisión recomendó que su Presidente sea elegido de entre los cabezas de lista en las elecciones al Parlamento Europeo (“spitzencandidat”), que su Presidente asuma también las funciones del actual Presidente del Consejo Europeo y reducir el tamaño del “Colegio de Comisarios” por debajo de sus actuales 28 para simplificar y agilizar la acción del ejecutivo europeo, lo que conllevaría sin embargo que no todos los Estados Miembros tuvieran un Comisario en ejercicio.
La negociación en detalle sobre las próximas perspectivas financieras (“Multiannual Financial Framework” o MFF en jerga comunitaria) no comenzará formalmente hasta que la Comisión presente su propuesta formal pero el debate si lo ha hecho. Tradicionalmente España siempre fue favorable a un presupuesto comunitario ambicioso, principalmente porque era receptor neto (eran mayores las transferencias que recibía que las aportaciones que realizaba). Ahora que ya no lo somos Rajoy se lo pensará más pero espero tenga claro que, dadas las evidentes economías de escala, un euro aportado a “Bruselas” revierte en mayor cantidad. Pensemos por ejemplo en los más de 400 millones comprometidos en la Conferencia por el Sahel que tuvo lugar también el viernes pasado por la mañana: la aportación española tendrá un resultado mucho más eficaz en términos de contención de la amenaza terrorista y reducción de la pobreza que si se aportara individual y directamente sobre el terreno.
En todo caso, es ridículo que el presupuesto de la Unión Europea represente poco más que el 1% del PIB del todo poderoso mercado único europeo de más de 500 millones de consumidores. Así, el presupuesto español de 2016 fue de algo más de 436 mil millones de euros mientras que el presupuesto de la UE para 2018 es de unos 160 mil millones de euros. La UE no tiene que hacer frente a pensiones, subsidios de desempleo o gastos de sanidad y educación por lo que las comparaciones son odiosas. Pero por ejemplo, cada vez va asumiendo más funciones relacionadas con la seguridad, incluida la formación de la nueva agencia de fronteras, que se nutre de los efectivos de los Estados Miembros y debería repercutir en una reducción de las partidas nacionales destinadas a la protección de las fronteras respectivas.
Volviendo al ámbito político, los Estados Miembros se han rebelado frente a la obligatoriedad de tener que nombrar Presidente de la Comisión al cabeza de la lista más votada a las elecciones europeas. Pero no está todo dicho porque el Parlamento tiene la potestad de no aceptar a quién el Consejo Europeo designe. Tampoco importa demasiado la teoría si en la práctica se repite el resultado de la última vez: Juncker ganó las elecciones, fue nombrado por el Consejo Europeo y ha puesto su mayor legitimidad democrática al servicio de los deseos de la mayoría del Consejo Europeo, señaladamente en términos de inmigración, alineándose completamente con Alemania, Francia e Italia frente a los díscolos socios centro-europeos.
Tampoco está nada claro que los Estados Miembros vayan a aceptar la reducción del ejecutivo comunitario pero la solución final es menos importante desde que Juncker introdujo el sistema de vice-presidencias ejecutivas que, en la práctica, supuso el establecimiento de dos categorías de comisarios, senior y junior, al márgen de lo que dispone el Tratado de Lisboa. Es decir, la Comisión ha encontrado su propia manera de mitigar el pernicioso efecto de que el Colegio de Comisarios haya tenido que expandirse en paralelo a la ampliación de la Unión. Lo cual, por un lado reduce la urgencia de limitar el número de Comisarios pero, por otro, limita el impacto de semejante reducción, que ya opera parcialmente en la práctica.
En fin, de todo esto se está hablando y mucho no solo en Bruselas sino en las principales capitales europeas. Y sería saludable que se hablara también por estos lares tanto por lo que nos va en ello como por lo que nos ahorraríamos en energías malgastadas en “incidentes” y gestos absurdos, como los que han rodeado la inauguración del World Mobile Congress.