Ignacio Sánchez-Cuenca

Lo que ha pasado con De Juana Chaos resume el estado lastimoso de la justicia en España. Se supone que la independencia judicial es una garantía contra pasiones populares desenfrenadas, contra la miopía de la mayoría, contra los excesos de los representantes populares. Sin embargo, lo que hemos visto es cómo tres jueces de la Audiencia Nacional sucumbían a la atmósfera histérica creada por políticos y periodistas en torno a la salida de la cárcel de este sanguinario terrorista por cumplimiento de condena y dictaban una sentencia absurda de 12 años por dos artículos de periódico en los que se lanzaban unas amenazas más o menos veladas. Teniendo en cuenta que quien amenazaba estaba preso y que ya no pinta mucho en la dirección de ETA, fue claramente desproporcionado condenarle a 12 años de cárcel. Sobre todo porque nunca antes se había hecho, cuando en el pasado ha habido amenazas mucho más graves y más peligrosas.

De Juana, que es asesino pero no tonto, comprendió la oportunidad que se le abría ante una sentencia tan arbitraria: lanzar un órdago al Estado mediante su huelga de hambre. Si la justicia hubiera hecho bien las cosas, el Estado podría haber resistido la huelga de hambre hasta el final. Pero las cosas se han hecho mal y ahora se ha creado una situación absurda y contraproducente.

No es la primera vez que los jueces sucumben a la demagogia y a la presión popular. El Supremo hizo algo parecido recientemente con la “doctrina Parot�, una chapuza jurídica ad hoc para evitar que la bestia que lleva ese nombre saliera de la cárcel.

Lo más asombroso es cómo los jueces intentan desempeñar el papel protagonista y heroico ahora que ETA está en las últimas. Cuando ETA asesinaba a varias decenas de personas al año, cuando desde ese mundo se proferían toda clase de amenazas, los jueces callaban y dejaban hacer. No hubo en todo aquel tiempo una sola condena comparable a la que ha recibido recientemente De Juana. Y cuando el Gobierno de Felipe González intentó ilegalizar HB, la Audiencia Nacional le paró los pies. El 2 de abril de 1984 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo estableció que HB no podía ser ilegalizada. Aquel año ETA militar asesinó a 31 personas.

Pero es que aunque se hubiesen comportado de forma algo más coherente durante todos estos años, sigue siendo profundamente cuestionable desde el punto de vista democrático que los jueces adquieran tanto protagonismo en asuntos que deberían caer fundamentalmente bajo el control del Gobierno que representa a los españoles.

Es imposible entender, por ejemplo, el afán de protagonismo de Garzón cuando, aprobada la ley de partidos, se empeñó en ilegalizar Batasuna por la vía penal, en aquel famoso y farragoso auto, que no ha traído más que dolores de cabeza al Estado (leer un texto del señor Garzón es penetrar en la literatura del absurdo, en la espesura surrealista del lenguaje ilógico). El Gobierno de entonces, el de Aznar, diseñó un plan alternativo, el de la ley de partidos, que le permitía cierto margen de acción. Además, la ley de partidos es un instrumento reversible: si cambian las circunstancias, se puede derogar. Garzón tuvo que hacer las cosas por su cuenta, con las consecuencias que hemos padecido durante el proceso de paz. En una vuelta de tuerca simplemente grotesca, Grande-Marlaska, continuador de la obra iniciada por Garzón, tomó medidas tan juiciosas como prohibir un viaje de Otegi a Irlanda del Norte por riesgo de fuga. La amenaza de cárcel que ha sobrevolado la cabeza de Otegi y otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna todo este tiempo es consecuencia directa de la iniciativa de Garzón.

El activismo judicial en el asunto del terrorismo resulta extremadamente peligroso. La lucha antiterrorista la debe llevar a cabo el Gobierno, que para eso es elegido mediante los votos. Los jueces deben cumplir la ley, no inventársela. Cuando un juez ilegaliza un partido político o clausura un periódico mediante disquisiciones que ya no son jurídicas sobre el significado de una organización terrorista, sobre las conexiones organizativas e ideológicas entre el núcleo armado y el cinturón de asociaciones y empresas que le rodean, ya no está haciendo justicia, está haciendo política. Para llegar al procesamiento de Otegi no basta con aplicar la ley: hay que dar un montón de pasos intermedios hasta conectar la conducta de Otegi con la ley existente. Esos pasos intermedios no deberían estar al alcance de los jueces. Si el Gobierno considera que hay que endurecer la legislación, puede hacerlo. Tiene competencia para ello. Pero los jueces no pueden tomar esas iniciativas en una democracia. Sobre todo porque a los jueces no podemos pedirles cuentas. No podemos privarles del poder que ejercen. A un Gobierno sí.

Durante la segunda legislatura del PP se aplaudió y se jaleó a los jueces. Los jueces creyeron que podían actuar sin resistencia alguna. Se cometieron muchos abusos, que en el momento asfixiante de la campaña asesina de ETA iniciada en 2000, parecían disculpables. Nadie dijo nada (y me incluyo en el reproche). Ahora estamos pagando las consecuencias. Los jueces están complicando innecesariamente una situación que ya es en extremo complicada y que corresponde resolver al Gobierno. El colmo es que ese activismo se presente como un triunfo del Estado de derecho.