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Afortunadamente ayer España no vetó el acuerdo para el Brexit en el Consejo Europeo. Habría tenido un coste tremendo provocar un Brexit sin acuerdo – de consecuencias impredecibles – por culpa de un peñón que, por no tener, ya ha perdido su valor estratégico de antaño. Y habría sido ridículo hacerlo por la ambigüedad de un solo artículo del acuerdo. El Presidente del Gobierno compareció el viernes para comunicar que España había conseguido lo que necesitaba. Ciertamente lo había conseguido. El único problema es que la declaración adicional que consiguió se le había ofrecido a principio de semana, cuando España empezó a reclamar que se enmendara el artículo 184 de marras. Lo cual no era posible porque el Parlamento británico no podía recibir el mensaje de que cabían “mejoras”. Otros países también estaban descontentos con otras cuestiones y a ninguno se le ocurrió plantear un veto. Pedro Sánchez tampoco lo habría hecho de no haber sido por las elecciones andaluzas. En ese sentido, jugada perfecta, también para desarmar a quienes le acusan de vender a España por unos cuantos votos independentistas. Porque si ridículo era que España vetara el acuerdo, todavía lo es más que Casado acuse a Sánchez de haber perdido una oportunidad histórica y Rivera pretenda que al Gobierno le han metido un gol.

Las consecuencias del acuerdo para el Brexit sobre el asunto de Gibraltar son realmente positivas para España. Cuando España ingresó en la UE tuvo que aceptar que Gibraltar fuera tratado como cualquier otro territorio de la UE. Pese a que, en puridad, no es parte integrante del Reino Unido. Como no lo eran históricamente ninguno de los territorios “colonizados” por Londres. De ahí que Londres no fuera capaz de resistir la marea descolonizadora y acabara aceptando que Gibraltar, siguiendo la senda de Hong-Kong y Macao, pasaran a ser territorios “a descolonizar” para la ONU.

Lo que ha conseguido ahora España como consecuencia de la decisión unilateral británica de salir de la Unión Europea es que, a partir del Brexit, ya no se aplique a Gibraltar automáticamente cualquier acuerdo concluido entre la Unión y Reino Unido. Se aplicará en la medida en la que España esté de acuerdo, a cambio de las concesiones que España imponga, claro está.

Está por ver que el Parlamento británico acepte el acuerdo y no quede todo en papel mojado. Será crucial la posición del Partido Laborista, en principio negativa pero a saber. De momento, Theresa May está en mejor posición de la que estaba en las últimas semanas, al menos respecto a su propio partido, en el que los rebeldes brexiteros están demostrando ser mucho menos fuertes de lo esperado.

Si contra todo pronóstico el acuerdo de divorcio sale adelante, quedará cerrar el tratado que regule la relación futura entre la Unión y Reino Unido. El acuerdo para el futuro será negociado durante el periodo de transición de un par de años, prorrogables. La necesidad de evitar la reconstrucción de una frontera entre Irlanda del norte y el resto de la isla, por un lado, y no separar económicamente a Irlanda del Norte del resto del Reino Unido, parece apuntar a que el Reino Unido seguirá dentro del mercado único europeo con algunas limitaciones.

Pero Gibraltar no podrá beneficiarse de tal régimen económico si no es con el consentimiento de España. En otras palabras, con independencia del grado de integración en la economía europea que Reino Unido pacte para sí, cuando acabe el periodo de transición Gibraltar pasará a ser un territorio a todas luces extracomunitario. Es decir, como Singapur o Panamá. Con la diferencia de que con estos países la Unión Europea ha concluído acuerdos que regulan los intercambios de bienes, servicios y capitales. Con Gibraltar solo podrá hacerlo a través del Reino Unido y con la aquiescencia española.

Es evidente que España no va a aceptar que Gibraltar siga beneficiándose del mercado único en la misma medida en la que lo siga haciendo Reino Unido sin amplias contrapartidas que minarán de raíz la condición gibraltareña actual de paraíso fiscal y nido del crimen organizado. Cerrar la verja al estilo franquista no tendría sentido pero habrá una aduana con todas las de la ley salvo que Gibraltar acepte un régimen muy cercano al de la ansiada co-soberanía. Lo cual sería muy sensato teniendo en cuenta las decenas de miles de británicos que viven perfectamente en el resto de Andalucía.

Queda bastante tiempo para que todo eso se materialice y, de momento, lo más probable es que el acuerdo cerrado ayer por el Consejo Europeo descarrile en Londres siendo completamente incierto lo que pasaría a continuación. No cabe descartar ninguna opción, incluida la del Brexit sin acuerdo o la convocatoria de elecciones, con un posible segundo referéndum a continuación.

Lo que está claro es que España, que tiene mucho que perder en caso de un Brexit sin acuerdo principalmente a cuenta de los millones de turistas británicos, ganará en cualquier caso respecto a Gibraltar puesto que un Brexit sin acuerdo aceleraría la salida completa del mercado único de Gibraltar, que quedaría completamente aislado.

Ahora bien, todo esto era así antes y después del famoso artículo 184 y no era en absoluto necesario montar un guirigay al respecto. Menos aún cuando tras la primera queja ya se valoró la opción de una declaración complementaria, que es lo que finalmente ha aceptado el Gobierno, con buen criterio. Quizás el sainete le haya venido bien a Susana Díaz para las elecciones pero, de seguro, no a España de cara a nuestros socios europeos. Afortunadamente la sangre no llegó al río. Habría sido verdaderamente lamentable y bochornoso.