Barañain 

A falta de celebración popular del día de la Constitución Española no han faltado en los medios análisis y propuestas sobre su posible reforma y sobre las dificultades para acometerla, dadas las contradictorias posturas que existen sobre el asunto. Ese es, en realidad, el cariz de la efémerides desde hace unos años: una ocasión para que los partidos (y, de paso, los expertos en derecho constitucional) exterioricen sus diferencias sobre un asunto que no parece que preocupe demasiado a la ciudadanía.

 Es cierto que sobre la constitución llevamos tiempo  con el runrún de su necesaria actualización (en los 90  ya se hablaba de reformar el papel del senado) pero en los últimos años  la crisis, la corrupción y la deslegitimación de algunas instituciones han puesto nueva música de fondo a la idea de reformar la constitución e incluso a la ilusión de un proceso re-constituyente. Como si se tratara de algo inevitable o deseable como marco de un nuevo ciclo político al que parece que estamos abocados. Pero con la reforma constitucional pasa como con ese dichoso cambio de ciclo: que muchos hablan de ello, dándolo por hecho,  pero pocos se atreven a precisar cuales son los rasgos del ciclo que viene o qué ventajas nos reportará. 

La lista de asuntos  a retocar es bien conocida: clarificar las competencias estatales y autonómicas, el papel del senado, el modelo de financiación autonómica, la constitucionalización de ciertas conquistas sociales, los aforamientos indebidos, la ley electoral, etc. Pero aunque en la enumeración de problemas suele haber coincidencia, a la hora de concretar los cambios en los asuntos cruciales la divergencia de criterios es importante. Más allá de cuestiones muy puntuales, algunas meramente simbólicas, no se ve cuál sería el objetivo global o la finalidad de la reforma que pudiera motivar a fuerzas dispares para embarcarse en ese proceso o en torno a qué contenidos mínimos comunes se podría construir un nuevo consenso constitucional. La verdad es que es difícil imaginar, con las posiciones y relación de fuerzas actuales, qué proyecto consensuado podría salir para someterlo a la aprobación ciudadana. Y parece obvio que iniciar un proceso de revisión constitucional sólo para acabar certificando el desacuerdo no merece la pena.

El PP se mantiene firme, por ahora, en su negativa a abrir ese proces y tiene dos argumentos fuertes a su favor: la prioridad de la salida de la crisis económica y la falta de ideas claras sobre la finalidad de esa reforma constitucional. La crisis catalana, con un nacionalismo que ya no está interesado en la estabilidad del sistema institucional español (y el vasco se muestra apático en todo lo que no redunde en un refuerzo de sus aspiraciones maximalistas) tampoco aconseja, según el criterio de los populares, embarcarse en un proceso que solo parece tener interés político para la izquierda y que podría hacer aún mayor la crisis institucional.

En el bando contrario, los de IU sostienen que “la realidad social y política ha desbordado las instituciones jurídicas de 1978”,  pero cuando uno luego busca el contenido concreto de sus propuestas de reforma no encuentra casi nada que justifique el empeño. Me explico: uno puede compartirlas o no  (constitucionalizar la ley de plazos del aborto, declarar la laicidad del estado, lo de la revocación de los cargos, la eliminación de privilegios fiscales, etc.) pero no ve en qué medida esas propuestas afectan a la actual disociación entre ciudadanos e instituciones, al desbordamiento ese del que hablan. ¿Es que si esos puntos concretos tuvieran ya en la constitución una redacción distinta no habría habido desafección ciudadana hacia la política? ¿no se habría producido esa “estafa” que denunciaba Cayo Lara a las puertas del congreso el 6-D? ¿tiene algo que ver la corrupción con el aforamiento de los diputados y otros cargos públicos?  Lo cierto es que los problemas que existen y explican la desafección ciudadana no tendrán solución en la letra de la constitución porque no reside en ella la causa de los mismos.

Respecto a la crisis catalana -sobre la que IU ha pasado de puntillas-, la receta es el reconocimiento de la “autodeterminación” como derecho constitucional. Sin duda, esa sería una aportación  española muy novedosa, pues no existe tal cosa en ninguna legislación del mundo. Pero mucho me temo que se trata de un brindis al sol, pues apenas encontrarían cómplices para semejante propuesta. A la hora de la verdad les ocurriría como con el cambio del que IU ha venido haciendo bandera, el de la forma del estado,  pues reconocen que su defensa de la república es secundaria y no una “condición irrenunciable para una reforma constitucional porque sería desperdiciar energías”.  

Como los de Podemos, pasado el ímpetu inicial con que se subieron al escenario, no paran de aguar sus discursos, uno no sabe a qué carta quedarse. Aunque lo del “proceso constituyente” era para ellos lo  esencial, o eso se suponía, ahora hablan de convocar un referéndum previo para saber si la ciudadanía “quiere un proceso constituyente o no”, según explicaba Monedero. Será que no tienen muy claro que exista esa motivación. Es que hay que ser muy masoquista para motivarse con galimatías como este: “Monedero aboga por reconocer `la condición plurinacional´ de España, pero dice que las partes de ese Estado federal serían `Estados´, no `naciones´. Tampoco defiende `necesariamente´ incluir el derecho de autodeterminación en la Constitución, aunque sí el `derecho de cada territorio a abrir un proceso para discutir su autodeterminación´. Es decir, el derecho a convocar un referéndum de independencia, en función de cuyo resultado el Estado federal en su conjunto abriría `un proceso de discusión´al respecto” (El País, 6.12.14).

Quien si parece tenerlo claro es UPyD  hasta el punto de que condicionará su apoyo al gobierno que salga de las urnas en 2015 a la reforma constitucional. Sus propuestas mantienen una innegable coherencia interna pero es obvio que para  los cambios que proponen no encontrarán muchos compañeros de viaje. Su interés es  homogeneizar las competencias de las distintas comunidades y retrotraer algunas a la administración central, mientras que otros promotores de la reforma lo que  pretenden con sus cambios es que los que quieren marcharse se encuentren cómodos y no insistan en la ruptura. Las propuestas de UPyD están en las antípodas de las de IU o Podemos (según su última versión). 

Está claro que si algún apartado de la constitución requiere cambios es el de la cuestión territorial. Pero si lo que se trata de resolver en el marco de esa reforma es el problema catalán, lo primero que debe constatarse es que los soberanistas catalanes no están ya interesados en esa posibilidad. Esa ya no es su batalla; están en otra cosa. Lo segundo es que las propuestas que se conocen son tímidas o intrascendentes: no parece que se quiera “coger el toro por los cuernos”. Por un lado, se habla de blindar ciertas competencias autonómicas pero a la vez se enfatiza la igualdad entre territorios, al margen de las singularidades que se reconozcan. Avanzar hacia un “federalismo asimétrico” atrayente podría ser, por ejemplo, reconocer a las comunidades históricas la  capacidad de financiación que el concierto otorga a vascos y navarros; sistema no extensible, por definición, a todos los territorios pero sí a algunos. Es decir, sería lo contrario del “café para todos”. Si algo así  o con ese espíritu no se plantea, la oferta será poco estimulante, a estas alturas, para cambiar el estado de opinión en Cataluña.

En ese “sí, pero no” de un federalismo que aporta poco más que el actual estado autonómico se mueve el PSOE, que es quien lidera la iniciativa por el cambio constitucional. La exhibe como muestra de dinamismo frente al inmovilismo del PP. Parece que lo importante no es tanto el contenido concreto de las reformas a abordar como el hecho de ponerse, ya, a esa tarea. Pero no se nos aclara qué efecto beneficioso podrían tener sus propuestas sobre los problemas realmente existentes. Y al menos en un caso es evidente ya su efecto negativo. Su ocurrencia de desmarcarse de la reforma del artículo 135 promovida por el anterior gobierno socialista -“un error” según Pedro Sánchez- ha sido bien aprovechada por el PP para justificar su rechazo a la propuesta socialista (aunque el PP la habría rechazado igualmente aun sin esa ocurrencia). En palabras de Rajoy “no es de recibo que la parte que tuvo la iniciativa en la revisión del 135 ahora diga que ya no le vale. Así es muy difícil; cuando se da la palabra hay que cumplirla».Y tiene  razón. Es un verdadero disparate que cuando se pretende convencer al PP de la conveniencia de los cambios constitucionales  lo primero que se le ocurra a Sánchez sea querer desandar el camino de la última y reciente reforma en la que ambos, PSOE y PP, fueron de la mano. ¡Con semejante tarjeta de visita es normal que le den con la puerta en las narices!

A no ser que el objetivo real perseguido no fuera tanto el de atraer ahora al PP a la reforma constitucional -sabiendo que eso es, hoy por hoy, inviable -, como el de marcar un perfil propio con vistas a las próximas elecciones. El PSOE cree haber encontrado en la reforma constitucional la bandera que haga reconocible su proyecto. Tanto insiste Pedro Sánchez en ello que a veces da la impresión de que su objetivo es disimular la carencia de propuestas que realmente definan una política alternativa a la que ahora conocemos, tanto para salir bien de la crisis económica, como para reconducir el contencioso catalán y para recomponer la credibilidad de las instituciones y de la política.

Exhibir tanto esa supuesta necesidad imperiosa de reforma constitucional puede encajar bien en ese ambiente social  tan extendido que culpa a la política del desastre actual, haciendo aparecer a la constitución del 78 casi como un chivo expiatorio. Pero no aporta nada significativamente novedoso que permita albergar esperanzas de cambio. En cualquier caso, puede que salga bien la jugada. El inmovilismo del PP con respecto a la constitución puede tener los días -o los meses-  contados. Si el resultado electoral es similar al que predicen las encuestas, la necesidad de un pacto para formar gobierno podría hacer de la reforma constitucional una buena baza de negociación y el PP se podría ver empujado a aceptar lo que ahora descarta.