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O París una misa, que decía el otro. La investidura de Sánchez va a tener lugar. Seguro. No hagan caso del ruido. Me atrevo a anticipar que será a principios de noviembre pese a que los medios especulan que podría ser a mediados de octubre. Ojalá me equivoque porque, cuanto antes, mejor. Pero quizás no, quizás sea bueno explicar y debatir suficientemente, para contrarrestar la ofensiva de la derecha sobre que la amnistía será el fin de España, la democracia, la transición y qué se yo (NB: en la derecha englobo a Felipe y Arfonso, obviamente).

Para empezar habrá que ponerse de acuerdo sobre qué constituye una amnistía y qué no. Y dejar de lado el debate sobre la constitucionalidad o no de la amnistía, porque ha habido unas cuantas calificables como tales en nuestra democracia aunque llevemos décadas oyendo que no caben en la Constitución: Unión Militar Democrática, ETA (pm), fiscal… Cada una de su padre y de su madre, como lo será esta. Porque está claro que Sánchez revalidará en la presidencia del Gobierno despenalizando todas las penas (ya juzgadas) e imputaciones (por juzgar) surgidas a raíz del “Procés”, policías y guardias civiles incluidos. Despenalización suena más suave, más constitucional que amnistía, pero viene a ser lo mismo, disquisiciones legales aparte.

El debate importante – político, no jurídico – es si la despenalización de las penas derivadas del Procés conviene o no. Para mí sí conviene en vista del tremendamente positivo impacto del indulto y liberación de los presos, que desactivó la brasa aún viva de aquel desastre colectivo que fue el Procés. Cualquiera que conozca un poco Cataluña confirma que está mucho mejor que antes de esas medidas. De ahí el subidón electoral del PSC.

Pero es perfectamente legítimo mantener la postura contraria: si traicionar el orden constitucional sale gratis, lo volverán a hacer, ellos u otros. Excepto que no les ha salido gratis – cárcel cumplida para unos, años de “exilio” para varios, imputaciones, gastos legales e incertidumbre para los más… Y no consiguieron nada a cambio: perdieron la “guerra” y en tales casos la clemencia puede ser muy eficaz para superar la crisis.

Muchos – yo conozco varios – estaban convencidos de que la iban a ganar porque la independencia era – pensaban, decían – casi una realidad. Independencia de una Cataluña dentro de la Unión Europea al mismo nivel que España. Era absurdo por imposible pero estaban convencidos y no atendían a razones, no ya sobre que la democracia emana del cumplimiento de la ley sino sobre qué era imposible que una Cataluña independizada a las bravas pudiera seguir en la UE. Hoy en cambio, cualquiera que no sea un descerebrado, ha aprendido que no era posible: con el 155 la administración central puede retirar todas las competencias autonómicas, la UE apoya la integridad territorial de sus Estados Miembros, incluida España, y todavía más importante, más de la mitad de la población catalana no quiere la independencia. Es decir, la independencia de Cataluña no solo supondría un conflicto bélico con España sino también civil dentro de Cataluña. No es lo mismo reclamarla a gritos con mayoría amplia en el Parlament que con el PSC sacando más votos que ERC, Junts y la CUP juntos.

Así que el peligro de que lo vuelvan a hacer no me preocupa: miren si no el País Vasco tras el desastre de la bufonada del Pacto de Lizarra. Y si volvieran a hacerlo, pues más de lo mismo: legalidad democrática y punto.

En el caso vasco considero que el proceso de fin dialogado de la violencia iniciado por Zapatero tuvo una influencia bastante importante en que la izquierda nacionalista encontrara una rampa para salir de la ratonera asesina en la que se había metido desde hacía décadas. No renunciaron a la independencia como objetivo, como tampoco se les pide a los indepes catalanes, pero sí a la unilateralidad, que es de lo que se trata. Por tanto tampoco me preocupa el acuerdo del Parlament la semana pasada reclamando el referéndum como punto vital de la “solución del conflicto”. Reclamar es legítimo, imponer saltándose la ley, no. Y el Parlament no lo reclama como condición para la investidura, ojo, porque entonces no la habría.

Así que de lo que se trata es de ver la ley de despenalización que se presente al Congreso, que deberá incluir, a mi juicio, a la cincuentena de policías y guardia civiles que, bajo instrucciones lamentables del Coronel Pérez de los Cobos, repartió palos entre ciudadanos pacíficos a diestro y siniestro. Por supuesto que los indepes exageraron el número de heridos y la gravedad de muchos, incluso utilizando fotos falsas y demás. Pero hubo palos a gente pacífica y eso no debe pasar en democracia tampoco: todo lo más se les detiene, se les toma declaración y el juez les imputa o no.

La responsabilidad principal del “Procés” la tiene Mas, al que se le desbocó el caballo, y Puigdemont, pero también el Partido Popular que no supo gestionar la situación, negando primero cualquier vía de diálogo, fracasando a la hora de prevenir el referéndum y reprimiendo físicamente a muchos de los votantes.

Si yo dirigiera España con mayoría absoluta también despenalizaría todos las responsabilidades derivadas del “Procés” por ser bueno para España y para Cataluña, con la única diferencia de que mantendría la pena de inhabilitación para los dirigentes públicos que demostraron que no tiene el buen juicio suficiente para serlo. Como no hay mayoría absoluta, habrá que anular esa pena también. No es el fin del mundo porque en caso de repetición del delito volverá a aplicarse la ley. Y desde luego, la democracia española no solo no sufrirá por despenalizarse el “Procés” sino que saldrá muy reforzada, internamente y de cara al exterior, donde no se entendió en absoluto que cargos públicos no involucrados en actos de violencia pudieran ser encarcelados. Esa es la verdadera razón por la que Puigdemont no ha sido entregado a España todos estos años. Conviene ser consciente de ello mientras arrecían las voces nacionalistas españolas sobre el fin del mundo si Sánchez muestra clemencia.