José Rodríguez
España tiene una democracia que es fuertemente partidista. Eso no es malo a priori; los partidos son piezas necesarias e imprescindibles en cualquier democracia. Aglutinan preferencias y permiten que un conjunto de éstas conformen una opción de gobierno.
Pero España tiene un serio problema. Difícilmente ha logrado hacer democracia fuera de los partidos. Cuando analizamos cualquier otro indicador de participación política encontramos que las instituciones son fuertemente reacias a que se haga política fuera de los partidos.
Pondré solo dos ejemplos. La incidencia de las Iniciativas Legislativas Populares y los recursos de amparo al Tribunal Constitucional por violación de derechos fundamentales.
En el primer caso, las Iniciativas Legislativas Populares en España tienen un alto grado de fracaso. De más de 90 intentos de ILP, tan solo han terminado de tramitarse 12 y todas excepto una han sido rechazadas. En comparación, las ILP al Parlament de Catalunya, de una treintena 15 han logrado completar los trámites y 6 de ellas han sido aprobadas. Cierto es que la ley de ILP del Parlament de Catalunya es más generosa que la del Congreso y que un parlamento más atomizado facilita que las ILP puedan conseguir mayores consensos, pero si algo demuestra esto es que el proceso de ILP del Congreso de los Diputados es meramente testimonial.
En el segundo caso, los recursos de amparo al Tribunal Constitucional por violación de derechos fundamentales son prácticamente irrisorios. En el 2015, según la memoria del propio TC, tan sólo un 1,05% de estos recursos fueron admitidos. El TC de hecho sólo puede ser invocado por ciudadanos particulares en caso que crean que sus derechos fundamentales hayan sido violados en un proceso judicial. Si estos los ha violado el estado en cualquier circunstancia el TC se inhibe completamente. Pero aún así, el hecho de que tenga una tasa de admisión a trámite de tan sólo el 1% es indicativo de que el TC está dedicándose más como tribunal político a servicio de los partidos políticos que de los ciudadanos.
Todo esto repercute en una baja calidad democrática. España es un sistema político basado casi en exclusiva en los partidos, y el TC es un tribunal al servicio de los partidos y gobiernos y no tanto un Tribunal que permita garantizar derechos fundamentales.
No todo radica en cambios institucionales: la cultura política del Congreso de los Diputados que aplica el rodillo con las ILP responde más a la voluntad política menos permisiva de los partidos de ámbito español, y la baja tasa de admisión a trámite del TC se corresponde con una institución orientada a partidos y gobiernos. Un cambio de la ley de ILP poco puede influir sobre la voluntad de los partidos.
Este cambio estructural requiere como mínimo afectar a la cultura política. Costará que se produzca.
Me ha gustado la referencia al TC. Me gustaría saber más de cómo una violación de derechos fundamentales se reclama, que reclaman los españoles, y hasta que punto hay cauce o no en la justicia ordinaria para esto.
¿Pero de donde se ha sacado esto que escribe: «El TC de hecho sólo puede ser invocado por ciudadanos particulares en caso que crean que sus derechos fundamentales hayan sido violados en un proceso judicial. Si estos los ha violado el estado en cualquier circunstancia el TC se inhibe completamente»? Es totalmente falso. Basta con leerse los tres o cuatro primeros artículos de la ley que regula el recurso de amparo al TC. Otra cosa, bien distinta, es que para recurrir en amparo contra disprosio es gubernamentales haya que agotar previamente la vía judicial, como es muy lógico.
Disposiciones
El TC ens roba.
No si ya….
Pues sí, el TC ens roba. Aunque creo que no quería acertar, por una vez el comentarista hirsuto lo hace.
No es que sea el origen de todos los males, pero la sentencia contra el Estatut de 2006 ha jugado un papel clave en el lío en el que estamos y al que no se ve salida. Y hay que recordar cómo se llegó a esa sentencia, con la recusación de Pérez Tremps por la elaboración de un dictamen (cuando lo suyo es que el Presidente, como pasa ahora, sea directamente ex militante)… Una marrullería urdida por el estratega jurídico de la asociación delictiva, un tal Trillo, que se sirvió de la institución para generar la bronca que ahora puede descarajar España.
En efecto, el TC es una de las piezas defectuosas del sistema institucional que dan origen a una democracia de poca calidad. Respecto a las ILP tengo más dudas, pero seguro que también se podrían mejorar.