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La decisión de acoger a los inmigrantes del Aquarius es solo un gesto, pero muy importante en el contexto europeo actual. Es solo un gesto porque solamente durante este fin de semana España ha rescatado en el Estrecho a varios cientos más de inmigrantesde que los que fueron rescatados por el Aquarius. Pero es políticamente trascendental ante la presión creciente que está generando la inmigración irregular en Europa, señaladamente en Italia, dirigida desde hace un par de semanas por la alianza entre la xenófoba Lega Norte y los populistas de las Cinco estrellas; en Austria, que el primero de julio asumirá la Presidencia rotatoria de la UE gobernada desde hace pocos meses por una alianza entre los cristiano demócratas y los xenófobos de ultra derecha del FPO, fundado por el otrora denostado Haider; y en Alemania, donde la Canciller Merkel trata de contener la demagogia de su Ministro del Interior, que la desafía negociando por su cuenta con los anteriores con vistas a las elecciones de Baviera en octubre. Por no hablar de Hungría, que se niega a aceptar las cuotas de acogida de refugiados acordadas en Bruselas;  o de Malta, que a la chita callando arguye su diminuta demografía para no aceptar el desembarco de ningún refugiado o inmigrante rescatado en sus inmediaciones. Europa ha hecho mucho en los últimos dos años para mejorar la gestión de la inmigración irregular y ha conseguido controlar el fenómeno, pero es evidente que es indispensable recomponer los consensos en el Consejo Europeo de finales de junio. Hay mucho en juego: de una parte Schengen, de otra, valores esenciales de la construcción europea como la solidaridad entre los Estados Miembros y el respeto a la legalidad, europea e internacional. En este contexto tan poco alagüeño, España destaca tanto por su eficacia en la gestión de los flujos migratorios como por su fidelidad a la esencia de la Unión Europea.

Merkel seguramente pecó de irresponsabilidad cuando anunció hace un par de años que Alemania no devolvería a su país a los refugiados que huían de la guerra siria. Era lo correcto en términos humanitarios y también según el derecho internacional, pero el anuncio provocó un movimiento migratorio de muchos cientos de miles de personas que afectó gravemente a todos los vecinos europeos situados en el camino desde Turquía. En España sabemos de la tragedia de los subsaharianos que aguardan para jugarse la vida tratando de superar las concertinas de Ceuta y Melilla y de los que llegan a nuestras costas en pateras, o son rescatados, o mueren ahogados por decenas. Pero es un goteo, constante pero goteo. En Macedonia, Hungría, Austria, etc, fue necesario gestionar campamentos de urgencia en polideportivos municipales y demás para alojar a decenas de miles de personas que pugnaban por llegar hasta Alemania. Por no hablar de las aglomeraciones registradas primero en Grecia y luego también en Italia.

La Comisión Europea movilizó rápidamente cientos de millones de euros para sufragar los costes de la gestión de esta explosión demográfica, pero no ha sido nada fácil gastarlos por la falta de medios personales y de infrastructuras. Se puso fin al flujo de miles de personas desde Turquía asumiendo el pago de tres mil millones de euros para su educación y salud y se ha creado la Agencia de fronteras y guarda costas que va a contar con varios miles de efectivos y un presupuesto de varios miles de millones en los próximos años. Y se han destinado más de dos mil millones a mejorar la cooperación con los países subsaharianos, que han conseguido reducir sensiblemente el flujo de los que llegan a Libia para tratar de cruzar el Mediterráneo. Y los resultados están a la vista: ahora son centenares los que cruzan en vez de decenas de miles. Pero también son un millón y medio los refugiados acogidos en Alemania y muchas decenas de miles los acogidos en Austria aparte de los que todavía se agolpan en Grecia e Italia. Y una realidad la subida de las opciones políticas más xenófobas – AfD en Alemania, FPO en Austria, la Lega en Italia – y la utilización de la “invasión migratoria”, en gran medida musulmana, como una amenaza al presente y futuro de Europa.

Urge subrayar la realidad: un par de millones de inmigrantes y/o refugiados no son en forma alguna una amenaza para una Unión Europea de 500 millones de habitantes. Al contrario, aparte de que el derecho internacional nos obliga a darles acogida en tanto no sea aceptable repatriarles a sus países de origen en guerra, la llegada de un par de millones largos de en su mayoría jóvenes es una elemento económico más que saludable, especialmente teniendo en cuenta el envejecimiento generalizado de las sociedades europeas y la crisis que aqueja a nuestros sistemas de pensiones.

Ni siquiera vale lo de la supuesta amenaza que supone la llegada de tantos musulmanes porque la inmensa mayoría de los subsaharianos no lo son. Aparte de que, por supuesto, los musulmanes son, en su inmensa mayoría, personas absolutamente normales, primordialmente interesadas en poder adaptarse rápido a las sociedades que les acojen y poder ganarse la vida con normalidad.

Cuando la crisis de los cayucos, allá por 2006, el Gobierno Zapatero gestionó la situación de forma muy efectiva, aumentando la presencia diplomática en los países de origen, aumentando sensiblemente los fondos de cooperación al desarrollo destinados a esos países para contribuir a que pudieran concebir un futuro aceptable sin emigrar, ayudando materialmente a sus fuerzas de seguridad para que pudieran controlar sus fronteras y aceptando a Marruecos como un socio esencial para la gestión conjunta de un fenómeno que afecta a nuestros vecinos del sur tanto o más que a nosotros. Los flujos desmedidos cesaron y nuestros esfuerzos para salvar las vidas de los que, pese a todo, consiguen lanzarse al mar, se han mantenido inalterados.

Lo de Italia y Grecia es más complicado porque los flujos han sido mucho más intensos y más concentrados, por lo que es lógico que Italia se niegue a aceptar ser el único receptor de todos los rescatados en el Mediterráneo central. La entrada en escena de España no es por tanto heróica: todos los Estados Miembros de la Unión Europea deben arrimar el hombro. Y de hecho lo hacen, aceptando a los inmigrantes que Bruselas les asigna en función de las cuotas acordadas por mayoría cualificada, con la oposición de Hungría y otros reticentes, principalmente de Europa central, a los que ahora viene a sumarse Austria.

Pero España no tenía ninguna obligación legal de aceptar a los rescatados por el Aquarius. Haberlo hecho escenifica claramente que nuestro país se sitúa en el lado correcto respecto a esta espinosa cuestión. Mucho me temo que el anterior Gobierno, que cumplió mal y tarde con la acogida de las cuotas asignadas a España, no lo habría hecho. Otra razón para alegrarse del cambio de gobierno, y ya van siendo unas cuantas.