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Es facilón y aunque a mí se me acaba de ocurrir, seguro que alguien ya habrá establecido por ahí el paralelismo entre la fecha proyectada para el referendum soberanista catalán – 1º de octubre, es decir, 1-O – y un resultado de futbol en el que, además, el gol de la victoria estatal venga por autogol o gol en propia meta de los Puigdemont, Jonqueras, CUP y compañía. Porque lo del referendum que proyectan es un disparate que no tiene asidero legal, político o social por donde cogerlo. No, no lo tiene por más que a mi me parezca que sería razonable sentarse a hablar sobre la posibilidad de reformar la Constitución para que admita la convocatoria de referendos similares cuando se den unas determinadas condiciones pactadas de antemano, que incluyan las condiciones para valorar el resultado del voto y las consecuencias del mismo. A mí esto me parececería muy sensato, pero que no se dialogue al respecto y que el Estado Constitucional Social y de Derecho en el que se constituyó el Reino de España al refrendarse la Constitución de 1978 no contemple tal opción para las diferentes Comunidades Autónomas que lo componen, no es ni una violación de los Derechos Humanos, ni de los supuestos derechos de los pueblos ni mucho menos una conculcación de los más básicos principios democráticos como algunos pretenden hacernos creer. Ya sea por ignorancia o por mala fe, la argumentación es falsaria.

El otro dia Vidal-Folch, catalán de pro, dejaba claro en El País la falta de asideros en el derecho internacional de todo el entramado leguleyo que los soberanistas catalanes están pretendiendo montar. En suma, la Carta de las Naciones Unidas reconoce el Derecho de Autodeterminación solo para los pueblos “colonizados” y antepone la integridad territorial de los Estados y el respeto a su ordenamiento jurídico. Por muchas pancartas de “Freedom for Catalonia” que se exhiban, la realidad es que Cataluña nunca ha sido tan libre en su Historia como bajo la Constitución de 1978, el paraguas legal más garantista del que hayan disfrutado nunca los catalanes, también en lo que respecta a su autogobierno. Podrían tener más, podrían llegar a tenerlo todo, o a perderlo todo, pero los catalanes no tienen ningún derecho reconocido internacionalmente a la independencia.

Tampoco tiene ningún encaje jurídico nacional la construcción legal  que pretenden montar para preparar, convocar y celebrar el referendum. La Generalitat y las Cortes catalanas son organismos constitucionales, estatales, dado que es la denostada Constitución de 1978 la única fuente de su legitimidad democrática y legal. Y al igual que poderes, la Constitución establece límites y obligaciones. Uno, el más claro, es que lo que dicte el Tribunal Constitucional va a misa. Así que todo lo que uno pretenda hacer al margen del Tribunal Constitucional o en contra de sus dictámenes, es ilegal y por tanto no es democrático, en el sentido de que todos tenemos el deber de obedecer a los representantes democráticos en el ejercicio de sus poderes. Pero si Puigdemont, o Rajoy, pretende obrar al margen de la Constitución después de que el Tribunal Constitucional así lo haya establecido, no tiene más autoridad que yo mismo o el defensa lateral izquierdo del Betis, por poner solo dos ejemplos. Es decir, si Puigdemont o sus Consejeros le llevan la contraria al Constitucional, no solo no hay ninguna obligación de obedecerles sino que hay la obligación de ignorarles en todo lo que implique no respetar lo dictaminado por el Constitucional. También si el Gobierno aplica el artículo 155 de la Constitución y el Tribunal entiende que se dan las condiciones correctas para su aplicación. Por cierto, ¿quién recurriría al Tribunal contra la decisión del Gobierno? ¿La Generalitat? Sería una manifestación clara de la contradicción en la que están incurriendo dia sí y dia también.

Dejemos por un momento de lado que Cataluña y sus ciudadadanos gozan del mayor régimen de autogobierno de su historia desde que nos constituímos en uno de los Estados-Nación más antiguos de Europa. Tratemos de entrar de lleno en la lógica soberanista y consideremos que, bien por derechos históricos o por voluntad actual, Cataluña tiene derecho a la independencia del resto de España y que, como el ordenamiento jurídico español no le reconoce tal derecho, es legítimo y deseable romper con España. En tal caso, lo lógico y coherente es un rompe y rasga en toda regla y no la mezcla de denuncia de la legitimidad mientras se sigue al mando del chiringuito, a la que venimos asistiendo desde hace años. Hay que aclarar si estamos a setas o a Rolex. Los vascos, protagonistas del chiste, pasaron por una confusión similar cuando aquella milonga del Plan Ibarretxe pero finalmente decidieron que estaban a setas. Y bien que les va.

Cuando los judíos sionistas querían establecer su propio Estado en la Palestina británica, recaudaron fondos propios, montaron estructuras sociales y crearon instituciones para-estatales y, llegado el momento, declararon la independencia, fueron reconocidos por los principales países del mundo y adoptaron una nueva legalidad. No pretendieron pasar de gobernadores del protectorado británico a presidentes de Israel amparados por la legalidad británica cuya legtimidad no reconocían y comprando las urnas con fondos habilitados por la Gran Bretaña.

El problema es que Puigdemont y sus adláteres saben bien que lo de la la república catalana independiente está un poco en el aire mientras que lo de la Generalitat constitucional autonómica – más que les pese – es una realidad consolidada que permite recaudar tributos, hacer carreteras, mejorar la realidad cotidiana de la sociedad catalana, figurar al mando del cotarro y viajar en coche oficial. Y claro, cambiar una cosa por otra implica un salto que pudiera acabar siendo al vacío y eso cuesta un poco, como venía a reconocer el Consejero cesado hace unos días.

Especialmente porque el desafío soberanista tampoco tiene un asidero social claro. Es decir, la piscina tiene poca agua. Es evidente que hay millones de catalanes que no están del todo a gusto con el encaje constitucional actual. Son muchos lo que se declaran partidarios de una Cataluña independendiente, muchos también lo que querrían más autogobierno y una inmensa mayoría los que consideran que sería positivo celebrar un referendum, es decir, los partidarios del denominado “derecho a decidir”, eufemismo que permite pedir la independencia pero sin llegar a pedirla del todo, no vaya a ser que me la den y luego me tenga que arrepentir.

Pero no está nada claro que haya una mayoria social suficiente y suficientemente intensa como para un rompe y rasga que vaya a salir bien. Es decir, ¿cuántos catalanes están dispuestos a hacer una sentada indefinida en la Diagonal hasta que el Estado acepte convocar un referendum?, ¿cuántos secundarían una huelga general indefinida por el mismo motivo perdiendo sus salarios y poniendo en riesgo sus trabajos?, ¿cuántos están dispuestos a ser detenidos y juzgados por desacato a la autoridad enfrentándose a la policía, Mossos incluidos, que impedirá el acceso a los colegios electorales ilegalmente señalados por la Generalitat? Si hubiera un millón de catalanes dispuesto a lo anterior, Cataluña sería independiente antes de que cante un gallo. Salvo que hubiera un millón de catalanes dispuestos a hacer lo mismo para evitarlo.

Pero no parece haberlos, ni en un sentido ni en otro. Como tampoco hay en el conjunto de España una mayoría suficiente y suficientemente intensa como para cambiar el régimen de una monarquía a una república. Es posible que en las encuestas haya una mayoría republicana e incluso que, de convocarse un referendum al respecto, ganara la opción republicana, como quizás podría ganar también la prohibición de la tauromaquia. Pero por muy legítimas que puedan ser, e incluso deseables, no hay pulsión urgente al respecto. Principalmente porque la situación de partida no es mala del todo.

En Cataluña tampoco. Está muy bien lo de salir con la estelada cada Diada y montar cadenas y figuritas. Une mucho y es muy respetable pero, a decir de los votos, hay una cantidad al menos similar de catalanes que no comparte esa pasión y una porción suficientemente amplia de catalanes que está radicalmente en contra, y no me refiero a los “fachas” populares sino también a los muy “modernetes” Ciutadans, segundo partido más votado tras la unión contra natura de la derecha e izquierda nacionalistas.

Decía apesadumbradamente Jorge M. Reverte el otro día también en El País que nada será igual en Cataluña después de octubre. Ciertamente llevamos años malgastando energía, neuronas y saliva con este asunto que Mas y sus colegas de chiringuito se sacaron de la chistera cuando las cosas empezaron a irles mal. Y me refiero tanto a la gestión de la crisis económica como al destape de los múltiples pufos de corrupción institucional que hicieron de Convergencia un digno competidor contra Génova. Pero tanto o más tiempo perdimos argumentando sentido común, sensatez y firmeza contra Ibarretxe y parecía que el choque de trenes sería inevitable, y encima estaba ETA por ahí matando a algunos de los que con más firmeza se oponían. Pero aquella espuma remitió y nunca más se supo, entre otras cosas porque al PNV le fue bastante mejor en términos electorales bajando del monte y mitigando la crispación que beneficiaba principalmente a los extremos.

La memoria del Plan Ibarretxe es relevante también a la hora de calibrar la respuesta estatal al desafío. Es posible que los soberanistas conduzcan a las instituciones autonómicas a la ruptura total con la legalidad constitucional y que no quepa otro remedio que la aplicación del artículo 155, la suspensión temporal de la autonomía y la convocatoria de nuevas elecciones lo más rápidamente posible tras la pertinente inhabilitación – y encarcelamiento cuando proceda – de todos aquellos que se hayan posicionado al margen de la legalidad constitucional y democrática. Si, repito, democrática. Porque la convocatoria de un referendum porque yo lo valgo pese a que no me lo permite la ley en cuyo marco fui elegido, no es democrática. Pero también es posible que pese a sus conjuraciones colectivas en sentido contrario, los soberanistas vuelvan, como en la última ocasión en la que jugaron a esto de convocar un referendum, a buscar subterfugios y a tensar la cuerda sin llegar a romperla. En tal caso, será no solo mucho más sensato sino también eficaz, responder con firmeza y un cierto grado de manga ancha.

No se trata de si se lo merecen o si la ley lo ampara, sino de que los que dirigen el Estado tienen la responsabilidad de mitigar el enfrentamiento institucional, para lo cual es mejor no entrar al trapo sino centrarse en responder con serenidad firme a los desafíos verdaderamente importantes. En otras palabras, le aconsejo a Rajoy seguir los consejos de su predecesor que fue capaz de devolver a Ibarretxe al agujero del que nunca debería haber salido, y no los de sus otros predecesores que comparten el haber gobernado al alimón con el pater corrupto de los soberanistas actuales.