¿Facilitaría la exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas COVID-19 un mejor acceso y mayor producción?

Lluis Camprubí

Fruto de la escasez de vacunas y de la urgencia con la que se necesitan, van surgiendo en el debate público ideas y propuestas sobre cómo solucionarlo. En una reciente columna planteaba la necesidad de acelerar y aumentar la producción de vacunas y, para ello, explicaba que se necesitaba que el ámbito público, de distintas maneras, promoviera, colaborara, coordinara y orientara (con) el sector privado -de forma negociada- este necesario aumento de la capacidad productiva. Otras voces, sin embargo, desde algunos movimientos sociales y algunas posiciones de izquierda, plantean la necesidad de suspender patentes o medidas equivalentes. Este es un debate importante ya que ambas vías no son compatibles a la vez. O se busca una cooperación exigente (con una condicionalidad ambiciosa) con la industria o se sigue una senda de conflicto. Por supuesto debido a la urgencia y magnitud del reto no debería descartarse a priori ninguna idea, y deberían poder valorarse y explorarse profundamente todas las propuestas. Es casi una obligación ética cuestionárselo todo para encontrar la mejor respuesta.

Lo primero que hay que señalar es que el problema objetivo es de capacidad insuficiente de producción, no se trata de prácticas especulativas o de acaparar o retener producción o de voluntad de tener capacidades ociosas. No hay motivo ahora para que las patentes sean limitantes para ampliar y acelerar producción. No se sabe de fabricantes genéricos preparados ya para la tarea, ni ha habido países que lancen licencias obligatorias a fabricantes propios. Las industrias y laboratorios con vacunas autorizadas tienen toda la predisposición a ampliar producción, y más cuando saben que no les faltará demanda y que hay voces que plantean incluso que, si hace falta, se las riegue con dinero (teniendo en cuenta los costes económicos que supone que no haya una disponibilidad masiva y global de las vacunas). En este caso su búsqueda de beneficio está alineada con el imperativo global de aumentar la producción.

Producir las vacunas es tecnológicamente muy complejo, especialmente las basadas en la novedosa tecnología mRNA, aunque también las basadas en vector adenovirus. Los tamaños de lote pueden aumentarse, los tiempos de proceso ajustarse y se puede producir en otras instalaciones con las adaptaciones necesarias. Pero ello requiere partir de un know-how que ahora mismo sólo poseen las industrias implicadas, y requiere también de unas instalaciones y equipos de alta complejidad que deben ser validados para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de producción.

El problema -como ya planteaba- es que la industria escala la producción a una velocidad -lenta y gradual- que le es rentable y segura pero que no es acorde a la necesidad imperiosa que tenemos. En este campo el ámbito público puede contribuir poderosamente, sea estimulando las colaboraciones entre industrias y fomentando la transferencia tecnológica, o bien financiando (con una condicionalidad al servicio del interés general) las ampliaciones de capacidad de las instalaciones. No hay fabricantes potenciales que puedan producir con las Normas de Correcta Fabricación y la garantía de calidad y seguridad y con la tecnología disponible para hacerlo (en especial en las basadas en mRNA) en las que el factor limitante para hacerlo sean cuestiones de propiedad intelectual. Sí que hay reticencias a colaborar entre actores privados pero, en este supuesto, el sector público puede neutralizarlas, como ya ha pasado en los acuerdos recientes de producción entre farmacéuticas competidoras. El sector público además tiene capacidad para mayor riesgo financiero y de inversión para impulsar ampliaciones de instalaciones y nuevas instalaciones, inversiones a las que el sector privado no se atrevería. Pero no parece factible hacer todo ello antagonizando y sin contar con quién tiene el know-how, las instalaciones, y articulada la cadena de suministros.

No se trata de miedo al conflicto con la industria farmacéutica, se trata de analizar la realidad concreta. Si el conflicto tuviese una elevada probabilidad de éxito (éxito entendido como aumentar la producción significativamente en el corto plazo) valdría la pena atendiendo a lo enorme de la crisis sanitaria y económica. Aunque el marco normativo en el que se juega no debería ser algo limitante en una estrategia a largo plazo, para un reto a corto plazo como este debe evaluarse la factibilidad de su cambio, y recientemente tanto la OMC como la Comisión Europea ya han expresado su oposición a la suspensión de patentes. Si se considerase que tiene interés darle la vuelta políticamente, esto puede ser posible, pero no lo parece en los próximos meses. Ello, además, únicamente significaría el primer paso de lo que sería una enorme batalla contra la industria de final más que incierto (en horizonte temporal y en resultados).

Tampoco es cuestión del dogma de preservar a toda costa las patentes como incentivo y garantía a la investigación. Sabemos de la alta contribución de lo público a la I+D básica que ha permitido las vacunas. Y en un caso singular como éste existen mecanismos de compensación de los incentivos. O a malas, podría ser asumible conceptualmente si pensamos en el bien producido. Atender pues a la realidad concreta significa que hay que analizar calendario y capacidad y no dejarse llevar por inercias conceptuales. La urgencia (meses) obliga a contar con la colaboración de los actores que tienen la capacidad o potencialmente la tienen. Que suspender patentes para los antiretrovirales contra el VIH fuera en su momento necesario y eficaz para superar restricciones de acceso en países de renta baja, no significa que funcionase ahora para aumentar la producción de las vacunas contra el SARS-CoV-2.

En paralelo, algunas voces han planteado adicionalmente la necesidad de disponer de una industria de fabricación farmacéutica pública para poder fabricar las vacunas necesarias. País a país habrá que estudiar la propuesta. Pero en nuestro entorno no parece la solución a corto plazo, teniendo que empezar prácticamente desde la nada (en instalaciones, equipos, redes y personal), con una muy limitada experiencia en el sector, y con un desentreno industrial tan longevo. Fiarlo a esta carta, en la que a corto plazo es impensable que obtuviese éxitos, parece un flaco favor a la causa necesaria de disponer de capacidad estratégica pública de producción en vacunas y medicamentos.

Suena más interesante y factible el abordaje que se está planteando desde Canadá, de plantearlo en etapas, asumiendo que en lo inmediato debe contarse con los actores existentes pero que se debe ir construyendo para el medio y largo plazo capacidad productiva pública propia para tener esa capacidad para la planificación y para la reserva estratégica.

Ciertamente, desde lo público tiene todo el sentido del mundo implicarse al máximo tanto en promover que los actores privados produzcan más vacunas como en prepararse para producir autónomamente en el futuro. Y más si pensamos en las posibles evoluciones de esta pandemia, en las que uno de los escenarios más posibles es la aparición periódica de nuevas variantes que hagan necesario actualizar las vacunas y administrar dosis periódicamente a la población, en el que el objetivo podría pasar de intentar lograr la inmunidad de grupo al control de la enfermedad.

Así pues, no parece que situar como plan A y solución para la urgencia la suspensión de las patentes sea una estrategia de éxito que solucione el problema de la capacidad de producción. Aunque la corriente de simpatía pueda acompañar la petición de suspensión -y hasta hay quién podría pensar que puede ser útil como elemento de susto y presión negociadora hacia la industria-, debe valorarse que ambas vías no son compatibles, y que insistir ahora en la denuncia de la propiedad intelectual desvía del objetivo, resta energías y esfuerzos, antagoniza innecesariamente unos actores necesarios y no pone la atención en la necesidad de preparar una condicionalidad exigente en las revisiones contractuales y en cualquier apoyo que se dé a la industria para que aumente la producción.

2 comentarios en “¿Facilitaría la exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas COVID-19 un mejor acceso y mayor producción?

  1. Lujo de artículo. Bien razonado y apoyado. Coincido. El problema fundamental es la falta de capacidad de producción y en aumentarla está la industria con el apoyo de la Comisión Europea. El problema fundamental es de expectativas. La industria creyó, o hizo creer, que sería más capaz de lo que realmente es capaz y la Comisión lo pregonó a los cuatro vientos, con los gobiernos nacionales repitiéndolo con toda la euforia posible.
    Las vacunas están llegando, a marchas forzadas, mucho más rápido de lo que sería normal, como corresponde. Y nacionalizar o expropiar patentes no solo no garantizaría mayor rapidez sino que pondría en peligro las expectativas más realistas con las que contamos ahora. Y no estamos para experimentos. Eso sí, la vía Canadá, como se describe en el artículo, es muy necesaria. En eso está también la Comisión Europea, que en pocas semanas pondrá sobre la mesa la revisión de la política industrial europea. No sería mala cosa contar con una reserva productiva industrial, pública y poco rentable, incluso costosa, que pudiera paliar los daños en caso de crisis. Por ahí van los tiros para el futuro.

  2. Cualquier actividad humana de cierta calidad debe revertir su posibilidad de existir -cuando el éxito le acompaña – en favorecer a la comunidad de la que procede.
    No es algo ex novo que debe blandirse como chantaje al modo que lo hacían los monopolios.
    Pero aquí el tamaño importa, y Europa puede y debe -como todavía no lo hace en el plano militar, ni en tantos otros – tratar el problema que describe con brillantez Campubrí.
    Estoy plenamente convencido que los próximos años sus predicciones serán confirmadas .

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