¿Hacia una nueva política económica?

David Rodríguez

 El nuevo gobierno progresista de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos es sin duda una muy buena noticia para todas las personas de izquierdas que aspiramos a cambiar las políticas desarrolladas durante la mayor parte de los últimos años por parte del PP. Me gustaría analizar brevemente la parte económica del acuerdo, para entender hasta qué punto podemos avanzar en medidas sustancialmente diferentes.

Los principios básicos de la política económica son el crecimiento sostenible, la creación de empleo de calidad y la reducción de las desigualdades. Destaca ya de inicio la preocupación del nuevo gobierno por elementos que, más allá de declaraciones de intenciones genéricas, brillaban por su ausencia con los gobiernos de Rajoy. La sostenilibidad, la calidad del empleo y la redistribución son pilares básicos si se pretende realizar una política económica al servicio de una mayoría social. Pero entremos en más detalle para ver si las medidas concretas planueva política económica?¿Hacia una nteadas van en una dirección coherente con estos principios.

El terreno fiscal es uno de los que detallan más las propuestas a realizar, y van fundamentalmente en la línea de una mayor progresividad: el refuerzo de los medios en la lucha contra el fraude, el mayor control de las SICAV, el aumento del tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades al 15% (tres puntos más en la banca y empresas de hidrocarburos), la reducción del tipo nominal de este tributo para las PIMES, el aumento del tipo del IRPF para las rentas más elevadas, o la introducción de variantes de la tasa Google o la tasa Tobin. No se cuantifica el impacto de todas estas políticas porque falta el detalle de su desarrollo completo, pero no hay duda de que se invierte la tendencia a la regresividad que hemos visto en los últimos gobiernos populares e incluso en algunos del PSOE.

La otra cara de la moneda lo representa el respeto al marco de la estabilidad presupuestaria establecida por la UE. Del mismo modo que en el acuerdo se afirma que el gobierno español defenderá en los foros internacionales una mayor lucha contra la evasión fiscal, se echa en falta que no haga lo mismo para flexibilizar unas normas fiscales que limitan en gran medida la libertad de los países para desarrollar políticas con un importante alcance redistributivo. La obsesión por la austeridad es un lastre que puede representar importantes trabas a la hora de implementar las necesarias medidas de incremento de gasto público que necesita España.

Por lo que se refiere al marco de relaciones laborales, detectamos aspectos positivos como la recuperación de la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa, la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la derogación del despido objetivo por absentismo, la limitación de la subcontratación de la actividad principal de la empresa, el aumento del Salario Mínimo, el refuerzo del principio de causalidad en la contratación o el hecho de que los autónomos coticen por los ingresos reales. Además, se estudiará la racionalización de los horarios para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, aunque no se habla de temas más ambiciosos como la reducción por ley de la jornada laboral o la recuperación de la indemnización por despido previa a la última contrarreforma de la derecha.

Respecto a las pensiones, se garantiza su actualización conforme al IPC real, se impulsa la reducción de la brecha de género y se revisan las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas. En cambio, se dejan abiertas las reformas al controvertido Pacto de Toledo, no se derogan las reformas de las pensiones de PSOE y PP, no se asume el compromiso de subir la pensión mínima a 1.080 € o no se retoma la jubilación a los 65 años. Mientras en Francia se producen movilizaciones para evitar el retraso de dicha edad de los 62 a los 64 años, en España se nombra a un ministro partidario de mantener el retraso a los 67. El capítulo de las pensiones es uno de los menos detallados a la hora de impulsar políticas de izquierdas, y va a ser muy importante la movilización social y sindical para que los derechos de la clase trabajadora y de los pensionistas se vean incrementados de manera significativa.

 En conclusión, la política econòmica propuesta por el nuevo gobierno representa un claro cambio de tendencia respecto a los elementos más lesivos de la etapa del PP. Es necesario reconocer este hecho, y más teniendo en cuenta la amenaza que representan unas derechas totalmente desatadas en contra de la alianza entre PSOE y UP. Se introducen elementos más socialdemócratas y se avanza en la justicia social y en las políticas redistributivas. Ahora bien, esto no significa ni mucho menos una transformación radical del marco vigente, dadas las constricciones marcadas por Europa y la momentánea falta de concreción en algunos aspectos. Por tanto, es necesario realizar un análisis equilibrado de estas y otras propuestas de la nueva coalición. El hecho de que se avance más o menos en una línea progresista dependerá de múltiples elementos, pero como mínimo se han sentado las bases para un giro respecto al rumbo ultraliberal que tanto daño ha hecho a las clases populares en España.

1 comentario en “¿Hacia una nueva política económica?

  1. Es un buen resumen del programa. Socialdemócrata suave, siendo lo mas gordo lo de la legislación laboral (que a su vez era muy gordo pero en sentido contrario.)

    Que haya suerte

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