Oscar L. González-Castán

Imagina que existe la República Catalana como país independiente. Dado que será un país democrático tendrá separación de poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Como en esa República habrá sectores sociales y políticos plurales y críticos, para muchos de ellos esta “separación” habrá que ponerla en ocasiones entre comillas. Nadie es perfecto. Dicha República contará con su Parlamento, su Senado, su Tribunal Constitucional, su Tribunal Supremo, su Tribunal de Cuentas, su Hacienda Pública, su Comisión Nacional del Mercado de Valores, su prensa libre, también con sus correspondientes comillas, su defensoría del pueblo, y así con muchas otras instituciones en cuyo necesario y complejo entramado consiste en gran parte la democracia de un país, también de la República Catalana. La elección de los cargos que ocuparán estas instituciones será también criticada y puesta en cuestión por unos y otros en esta sociedad plural. Habrá lucha de poder entre los distintos partidos por copar los altos cargos en estas instituciones decisivas. Esta lucha tendrá lugar dentro de los procedimientos establecidos que, como en todas partes, serán interpretados flexiblemente dentro de ciertos límites.

Como país tendrá sus diferencias políticas, económicas, educativas y culturales. Si las cosas están como están hoy en el mundo, cosa que sucederá muy probablemente, estas diferencias serán muy acusadas. Habrá desempleo, emigración “ilegal”, pobreza infantil, índices de corrupción política y económica, como los hubo entre un sector importante y poderoso políticamente que encendió la chispa de su independencia hace muchos años. La miel es dulce y todos somos golosos. Los auténticos poderes económicos multinacionales que rijan el mundo en ese momento se enseñorearán de esta pequeña república que, en este sentido, como probablemente en todos los demás, diferirá enormemente de la aldea gala de Astérix. Los césares económicos serán también imparables para ella. Tendrá, por supuesto, sus propios problemas como país, diferentes a los problemas de otros países, pero también semejantes. De esta República Catalana se podrá decir nihil novum sub sole (no hay nada nuevo bajo el sol), según la traducción latina de este proverbio bíblico del Eclesiastés (1-9). Por supuesto, esto será solo en parte verdad. Siempre ha habido y habrá cosas nuevas en el mundo, buenas y, a buen recaudo, también muy malas. La capacidad de transformación de los proyectos humanos es enorme en ambos sentidos. Sin embargo, los entusiasmos independentistas hace mucho que quedaron atrás y se apagaron con los años. El día a día es ramplón, duro y cruel, especialmente para algunos.

Imaginemos que en esta República Catalana hay un sector de la población que quiere ser independiente y no quiere pertenecer a ella. Quizás este sector sea una herencia del pasado cuando los habitantes de esta zona de la tierra eran ciudadanos españoles o quizás les una otro tipo de bandera. Por una serie de circunstancias muy complejas, esta parte de la población de la República Catalana con ideas independentistas tiene representación política en el Parlamento Nacional Catalán. De los 7.700.000 habitantes de la República Catalana y un censo electoral de 5.370.359, estos partidos independentistas han logrado en las últimas elecciones un 4’45% de los votos respecto del censo general, y un 6’73 % respecto de los votos realmente emitidos, es decir, 260.866 papeletas, representando un 3’38% de la población total. Sin embargo, estos votos, en ese momento y por circunstancias históricas y políticas muy complejas, son indispensables para formar gobierno hasta el punto de que si se abstuvieran podría haber gobierno y, si no lo hacen y votan en contra, no lo habría. Finalmente se abstienen. En el debate antes de la última votación crucial para saber si puede haber luz verde para formar un nuevo ejecutivo, una diputada que, por esas extrañas coincidencias de esta historia imaginaria, se llama Montserrat Bassa, dice que a mi, personalment, la governabilitat de la República Catalana m’importa un rave. Esto lo dice en el Parlamento Catalán que, representando la soberanía popular y la Constitución Catalana, es precisamente el que ha permitido que esta diputada imaginaria forme parte legítima de ese mismo Parlamento; el órgano legislativo fundamental de dicha República sin el cual no es gobernable. Pero todo sea por la libertad de expresión.

Este grupo poblacional independentista se ha hecho especialmente fuerte en una zona geográfica de la República Catalana. Son aproximadamente el 40% de los habitantes de Terrasa, Badalona y Sabadell que tienen unos 648.010 habitantes en total en ese momento. De ese 40% salen los 260.856 votos independentistas anti-catalanistas obtenidos en las últimas elecciones. Este sector de la población de la República Catalana pide al Gobierno de la República que les ponga urnas en la calle porque ese es el mandato democrático legítimo de este sector independentista y, bien mirado, de toda la nación catalana. Si ganan ese referéndum, aunque sea por una mayoría mínima, esa zona geográfica de la República Catalana será un nuevo país. Su extensión sería aproximadamente proporcional a la que representaba Cataluña en su día frente del resto de los territorios españoles cuando Cataluña era parte de España. Previamente, estos representantes independentistas han desafiado, negado y desoído repetidamente a los principales órganos institucionales de la República Catalana, con sus aciertos y errores, para algunos muchos o muchísimos, para otros pocos o poquísimos, y los han tachado de represivos y antidemocráticos porque no les ponen urnas en los colegios electorales para votar. Creen que la democracia consiste solo o básicamente en poner urnas en la calle para que los ciudadanos, es decir, al menos ellos, se expresen pacífica y democráticamente y voten. No consideran en ningún momento que ese tejido complejo de instituciones humanas que forman el trenzado fundamental de la democracia catalana tenga nada crucial que ver con la democracia. Uno puede saltarse y obviar todo este sutil pero fundamental entramado de instituciones para que la democracia finalmente impere. Es más, es una cuestión de enfrentar dicotómicamente las urnas frente a la trabazón de todas estas instituciones que forman el trenzado democrático público el cual, sin embargo, les impide votar libremente. A esto lo llaman “la vía unilateral”.

A estas alturas, un imaginario profesor de la Universidad de Barcelona les podría recordar a estos independentistas soberanistas anti-catalanes algunas cosas que considera dignas de ser tenidas en cuenta. En primer lugar, que en la Grecia Clásica, la cuna mediterránea de la civilización occidental, hay un texto básico, aunque polémico, sobre la política y las leyes que deslegitimaría completamente esta forma de proceder anti-catalana. En Critón, el más breve de los diálogos platónicos, Sócrates habla con un personaje, que da nombre al diálogo, sobre la conveniencia de desobedecer las leyes de la ciudad para salvar la vida poco antes de que se cumpliera la sentencia a muerte que pesaba sobre el primero. Mediante el recurso literario a la personificación, Platón propone un diálogo ficticio entre Sócrates y las leyes de la ciudad. La idea fundamental es que Sócrates reconoce que ha sido gracias, en gran medida, a las leyes de la ciudad que él ha llegado a ser lo que es y a vivir como ha vivido. Sería ingratitud e injusticia considerar que ahora, porque no le conviene, es mejor ir en contra de las leyes de la ciudad que lo han sustentado o escapar de ellas. Si Sócrates se ha quedado en Atenas hasta la edad de los setenta años es porque ha estado de acuerdo con lo que las leyes establecen y se ha beneficiado de ello. Igualmente, habría que recordarles a estos anti-catalanistas que ellos son los que son y tienen los derechos que tienen, entre otros el de presentarse a las elecciones catalanas, precisamente porque las leyes les han permitido y legitimado al hacerlo. Lo que no tiene sentido es que ahora, porque no les conviene, deslegitimen a las leyes catalanas que les permiten hacer y decir lo que hacen y dicen, dentro de ciertos límites los cuales han aceptado ellos mismos hasta antes de ayer cuando les convenía hacerlo. Si para ello tienen que saltarse, además, todo el tamiz de instituciones democráticas que les han sustentado en sus derechos, lo harán sin ningún pudor democrático. Alguien podría decir en este futuro imaginario que esto no es democracia sino pura voluntad de poder disfrazada bajo el nombre de una extraña soberanía popular de unos pocos.

Este profesor imaginario de la República Catalana también les podría recordar otras cuestiones fundamentales de la filosofía política del siglo XXI y de finales del XX. Les podría traer a las mientes, por ejemplo, a Jürgen Habermas, a Richard Rorty y a Philip Pettit, tres figuras fundamentales del pensamiento político contemporáneo.

Jürgen Habermas sostenía que cuando hay crisis de legitimación de las leyes que rigen a las comunidades políticas, cosa que perfectamente puede pasar por diversos motivos, es fundamental respetar el siguiente principio básico: toda norma válida ha de satisfacer la condición de que las consecuencias que se deriven de su previsible aceptación general por cada individuo afectado por ella puedan ser libremente aceptadas por cada uno de ellos. Como es altamente improbable que todos estén de acuerdo, se puede rebajar un poco este principio y sostener simplemente que las posibles consecuencias deben ser aceptadas por la mayoría de ellos. Según este principio, los ciudadanos de la República Catalana podrían decir a los soberanistas anti-catalanistas que ellos no aceptan las consecuencias de su posible independencia futura. Fair enough. Los independentistas, por su parte, podrían sostener que, puesto que los únicos concernidos por las consecuencias de su independencia son ellos, los demás catalanes no pintan nada en este asunto. Para los independentistas el “todos” o “la mayoría” hay que interpretarlo en el sentido de todos o la mayoría de los empadronados en Terrasa, Badalona y Sabadell. El resto de los catalanes sobra. El lío está armado y lo han armado ellos, los anti-catalanistas.

Ante esta situación endiablada un defensor de la República Catalana, concediendo mucho, podría decir que, entonces, se abren cuatro escenarios posibles. El primero, el que favorece la mayoría de la ciudadanía de la República Catalana, es que un posible referéndum futuro debe estar dirigido a todos los catalanes, como es democrático hacer. El segundo es que, según los independentistas, hay que preguntar solamente a los habitantes de Terrasa, Badalona y Sabadell si quieren independizarse. El tercero, como consecuencia de las opciones lógicamente posibles, es que hay que preguntarles a los habitantes de estos municipios no solamente si quieren sino también si no quieren independizarse y, en caso de que haya quienes no quieran, los independentistas anti-catalanes deberían dejarles formar parte de la República Catalana viviendo en el mismo sitio donde viven ahora. En el cuarto escenario los no-independentistas, hartos de la situación, preferirían formar un tercer país. Esto también habría que preguntárselo. Puesto a poner urnas en la calle en aras del mandato democrático y de la voluntad popular, como quieren los independentistas anti-catalanes, entonces que proliferen las urnas y que proliferen también las preguntas para que “la mayoría de los afectados” voten según sus opiniones y según cada cual interprete a su gusto la expresión “la mayoría de los afectados”.

Por su parte, Richard Rorty, ha indicado repetidamente que lo decisivo del talante democrático es la inclusividad, no la exclusividad. Si lo que de verdad queremos es superar los conflictos, esto solo será viable si nuestros proyectos políticos son cada vez más abarcantes, si incluyen cada vez sectores más amplios de la ciudadanía y la solidaridad entre ellos es mayor en todos los sentidos. Pero este sector de Terrasa, Sabadell y Badalona no quiere saber nada de los otros catalanes. No quiere contribuir a solucionar sus problemas ni considera que los otros catalanes les pueda aportar nada relevante para sus intereses económicos, culturales, sociales, educativos, etc. La crítica al independentismo anti-catalanista vendría porque su proyecto es excluyente de otros proyectos y los divide y encorseta como ciudadanos en identidades contingentes, maleables y manipulables en aras de cierta voluntad de poder oculta en el oficio del político contemporáneo.

Finalmente, Philip Pettit, el principal teórico de la teoría política republicana actual, ha sostenido insistentemente que, aunque el control de las principales instituciones del Estado se ejerce fundamentalmente a través del voto de los ciudadanos, votar no es por sí un acto democrático. No lo es cuando se obvia, desvirtúa y niega el difícil y complejo tamiz de instituciones democráticas que constitutivamente forman una democracia y legitiman la votación. Entre todas las instituciones democráticas se da un complejísimo sistema de controles y equilibrios mutuos, no perfectos, que es parte fundamental de un sistema democrático republicano. Poner, por principio, de lado este sistema en favor de las urnas en la calle es hacer un flaco favor a la democracia.

Lo que se desprende de este breve recordatorio imaginario es que los soberanistas anti-catalanistas son interesados en relación con las leyes y la constitución catalanas, interpretan a su propio antojo quiénes son “la mayoría de los afectados”, son exclusivistas y poco solidarios, y hacen de la democracia una caricatura escuchimizada que consiste fundamentalmente en poner urnas en la calle haciendo saltar por los aires el fundamental papel que tiene la amalgama y trabazón de equilibrios y controles mutuos, siempre falibles y vulnerables y, por lo tanto, mejorables, de las instituciones múltiples que forman a muchos niveles una democracia. Cuando creen que el problema lo han creado los anti-demócratas catalanistas con su cerrazón, no se dan cuenta de que lo único que hacen es no querer reconocer que estos problemas y contradicciones internas habitan en ellos mismos y los proyectan en los otros, en una maniobra de despiste, como si fueran problemas que les han creado quienes no son ellos.

Si, muy probablemente, los independentistas catalanes actuales no querrían esta situación imaginaria, pero posible, para las generaciones futuras que vivan en la República Catalana, no se sabe muy bien por qué razón la quieren ahora para los demás.

(P.D.: Los datos numéricos ofrecidos son proporcionales a los datos que La Vanguardia dio de los resultados de las últimas elecciones generales en España completados con datos poblacionales públicos.)