Lobisón
Un partido (político) juega en terreno ajeno cuando asume como temas centrales de su programa o de su política cuestiones a las que la opinión pública considera propias de otro partido. Al hacerlo es inevitable que esos temas pasen a primer plano, relegando los temas en los que el primer partido podría jugar con ventaja, y que por tanto deberían ser centrales en su estrategia. Pero además los electores prefieren el original a la copia, con lo cual el primer partido siempre pierde al competir con el partido al que pretende disputar sus temas propios. Como es evidente, eso es lo que le está pasando a Mas tras haber centrado la agenda política catalana en la cuestión de la soberanía, terreno en el que sólo puede ganar ERC.
Algo similar parece estarle sucediendo al PS con el Frente Nacional de Marine Le Pen en la cuestión de la inmigración ilegal. La detención el 9 de octubre durante una excursión escolar de Leonarda Dibrani, de 15 años, para su inmediata expulsión a Kosovo con toda su familia, ha supuesto un notable escándalo en Francia, motivando el rechazo del 46% de la opinión. Pero lo que se rechaza es que se detuviera a la niña durante una excursión, mientras que el 65% de los entrevistados se oponen a que la familia regrese a Francia.
El presidente Hollande ofreció una solución salomónica —es decir, una falsa solución—: que Leonarda regrese pero su familia no. La muchacha rechazó inmediatamente esa absurda posibilidad, ya que no tiene más familia en Francia, y por otra parte sus hermanos también estaban escolarizados. Pero el ministro del Interior, Manuel Valls —descendiente de españoles, para colmo—, ha sido tajante: la ley es la ley y debe ser cumplida. O modificada, si lleva a actuaciones injustas, pero no serán Valls ni el PS quienes hagan cambios que puedan dar ventaja al Frente Nacional.
Como se sabe, el partido de Marine Le Pen está fuerte, cuenta con el 24% de la intención de voto para las elecciones europeas, y puede convertirse con mucha facilidad en el segundo o incluso el primer partido más votado. Probablemente su atractivo no se basa sólo en su rechazo de la inmigración (legal o no), sino también en sus planteamientos nacionalistas, antieuropeos y antisistema. Pero el PS —como antes lo hiciera Sarkozy— parece creer que la única forma de frenarlo es mediante la dureza frente a la inmigración ilegal y frente a los asentamientos gitanos.
Esta vez el gobierno puede evitarse el mal trago de hablar de ‘gitanos’, lo que ya ha hecho en ocasiones anteriores provocando una reprimenda de la UE, y puede limitarse a recordar que la familia Dibrani es kosovar, y no puede acogerse por tanto a la libre circulación de personas que rige entre los países de la UE. Y frente a la inhumanidad de la expulsión, cuando sólo dentro de dos meses la familia cumpliría las condiciones fijadas por la ley para poderse quedar en Francia, Valls ha prometido mayor rapidez en los trámites de expulsión para evitar que éstas lleguen a producirse, como en este caso, in extremis.
Todo es muy racional, pero probablemente es mala política —puede reforzar al FN en vez de frenarlo— y sobre todo resulta muy desmotivador para el ‘pueblo de izquierda’, como dicen los franceses. ‘No me esperaba eso de Hollande’, dijo Leonarda desde Mitrovica, donde al parecer tiene pocas posibilidades de continuar sus estudios por la discriminación existente en Kosovo contra los gitanos. Bueno, pues muchas otras personas tampoco nos lo esperábamos.
Con perdón del articulista, quiero llamar la atención sobre un suceso que a mí me parece muy grave: los ataques que está sufriendo por parte de la extrema derecha el periódico INFOLIBRE. Hoy sigue sin poder abrirse. En el proceso de involución que está sufriendo nuestro país, este intento de hacer desaparecer a un medio de comunicación de izquierdas me parece de una gravedad extrema. No entiendo cómo no tiene una repercusión mayor en los restantes medios de comunicación.
No es solo InfolIbre, otros diairos y webs de izquierda lo estan sufriendo (no encuentro el enlace)
Pues NO! Basta! Cualquier tertuliano/debatiente que repita lo de “mejor la copia que el original” debería ser castigado con la pena de ser echado al pilón o 100 collejas.
Es una estupidez pensar que si la gente quiere una cosa X, no le ofrezcas al menos una fotocopia. CiU ya tenía un tema central el 2010: el Concierto económico. Rajoy se lo peta en setiembre del 12 y a CiU solo le queda una carta: el estado propio. CiU tiene (MyWord 09/13) un 79% de votantes que estarían a favor de la independencia en un referéndum. Por un 6% en contra. De qué fotocopia y de qué original estaríamos hablando?
Es más, es el votante más soberanista de CiU el que se va a ERC? NO! Analizados los datos CEO de los votantes de CiU que se pasaran a ERC la únicas variables explicativas son la edad y la ideología: Cuanto más joven o cuanto más de izquierdas, más probabilidades.
http://blogspersonals.ara.cat/elpatidescobert/2013/06/17/la-fuga-de-vots-de-ciu-ii/
Y ya por seguir, tambien segun MyWord, un 70% de los votantes del PSC estan a favor de un referendum sobre la independencia, el 25% No. Ni fotocopia ni xerocopia ni escaneado. Como puede el PSC posicionarse en contra, para que no se enfade el PSOE, pero no se mosqueen sus votantes? Haga lo que haga perderá, y si no hace nada pierde tambien. Pero si queremosperdernos en explicaciones áciles de fotocopias…
Complicado el tema en Francia. La mayor parte de avances en el norte de partidos populistas de derecha coincide con bajadas de la socialdemocracia. Y en Charneguistan tambien, PxC moja más en caladeros del PSC que de CiU. Si… otro día lo discutimos.
los Fineses reales o nuestros plataformos quieren recortar el estado del Bienestar por la parte del personal… del personal que tiene acceso al mismo, los inmigrantes. Pero mantener-lo para autóctonos. A diferencia de los liberales y posfranquistas que quieren recortar servicios del Estado del Bienestar.
El problema es cuando el mensaje xenófobo ya ha calado…
Parte del voto del FN, tampoco es xenófobo sino que responde al miedo a la Globalización y a Europa. Frente a eso volver al Franco puede parecer a algunos una solución.
Aquí, Revilla es el único del mainstream que se lo plantea (ISC dixit)
Les cuelgo entero el artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca publicado hace dos días en Infolibre e inaccesible en estos momentos en ese medio.
Y no pasa nada
Ignacio Sánchez-Cuenca
A estas alturas, solo los más sectarios niegan que el partido en el Gobierno, el Partido Popular, se ha financiado irregularmente durante las últimas décadas. Los datos son abrumadores e incontestables. Esa financiación irregular ha servido para mantener una contabilidad b en la que constan entradas y salidas de dinero negro, una parte del cual se destinaba a pagar sobresueldos a la cúpula dirigente del partido, desde el Presidente hacia abajo, y otra a financiar actos del partido. Los ingresos procedían de empresarios, muchos de ellos ligados a la construcción, que realizaban donaciones opacas, en algunos casos para beneficiarse luego de contratas. El espectáculo vergonzoso del juicio de Cospedal contra Bárcenas la semana pasada sólo ha servido para dejar todavía más clara la podredumbre que corroe al Partido Popular y la indignidad en la que la derecha ha colocado al país entero.
Desde la perspectiva de las democracias desarrolladas, es inconcebible que el PP y Mariano Rajoy sigan gobernando España. En ninguna democracia madura, con la posible excepción de Italia, se habría consentido que la situación llegara a tal punto de envilecimiento político. Un país que atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, con amplias capas de la población empobreciéndose a pasos agigantados y un Estado en proceso de derribo, tiene al frente a un Gobierno formado por los dirigentes de un partido corrompido hasta el tuétano.
Nunca había sucedido algo así en la España democrática. Hubo, sí, unos años muy malos en la última legislatura del PSOE de Felipe González, cuando estallaron multitud de escándalos de corrupción que afectaban a diversas instituciones del Estado y a la propia financiación de los socialistas. Pero me temo que aquello no es comparable en alcance y magnitud a la red delictiva incrustada en el corazón mismo del Partido Popular. El partido de la derecha lleva demasiado tiempo burlando la ley y el Estado de derecho: ha creado un entramado de intercambio de favores y dinero negro entre las empresas y el poder político que constituye una degradación gravísima de la democracia.
Es evidente que si Rajoy y los suyos consiguen zafarse de sus responsabilidades políticas es porque disfrutan de una mayoría absoluta; también les ayuda que el PSOE haga una oposición anémica y errática, sin atreverse a insistir a diario en que el Gobierno, en las presentes circunstancias, no tiene legitimidad política para tomar decisiones. Carece de sentido pedir la dimisión de Rajoy el día en el que hay revelaciones periodísticas y olvidarse de la misma en cuanto amaina la presión mediática, como viene haciendo Rubalcaba desde hace meses. El hecho de que el PSOE arrastre su propio escándalo en Andalucía, en el que salen a relucir las redes clientelares que allí ha creado el partido socialista, supone un freno importante a su capacidad de presión política.
En democracias más sólidas que la nuestra, ni siquiera una mayoría absoluta habría bastado para evitar que el Presidente del Gobierno dimitiera. No porque le obligase ley alguna, ni porque hubiera sentencias judiciales condenatorias, sino simplemente porque habría habido un consenso general en que el partido de Gobierno había traspasado los límites de lo que es admisible en política.
Si en España no sucede esto, si el Gobierno puede sobrevivir a pesar de lo que sabemos sobre el caso Bárcenas, la Gürtel y sus múltiples ramificaciones, es porque no hay acuerdos amplios ni criterios compartidos sobre lo que resulta inaceptable en la vida pública. Esto es resultado, en última instancia, de los niveles tan bajos de confianza social que se dan en nuestro país, lo que impide consensuar unas normas generales que establezcan los límites de la actuación política. En consecuencia, cuando surge un escándalo, los afectados se niegan a rendir cuentas, refugiándose en la ley: solo lo que diga un juez tiene validez. El delito, pues, es la única barrera que puede regular el comportamiento político. Cualquier otra crítica se interpreta como una campaña de acoso por parte de los enemigos.
La ley, sin embargo, está llena de trampas. Por un lado, los delitos prescriben legalmente. Pero no tiene por qué ser así políticamente. Si ha habido financiación ilegal, debería poder juzgarse políticamente, aunque sea demasiado tarde para hacerlo judicialmente. Por otro lado, los jueces, en España, están muy escorados a la derecha: aunque sean independientes del poder político, no son neutrales. De ahí la confianza que tiene el PP en que, al final, el escándalo no se sustanciará en una condena judicial.
El “legalismo” político vacía de contenido la democracia, que queda reducida a los procedimientos que se especifican en las leyes. Un puro formalismo, sin sustancia política. Lo mismo sucede en otras muchas esferas de la sociedad española, en las que a falta de un acuerdo sobre lo que es correcto, se resuelven los conflictos mediante cuestiones de forma. De ahí la presencia asfixiante del derecho administrativo en España y su “procedimentalismo” hipertrofiado. Cuando se produce un conflicto, no se entra en la sustancia, sino en si se han cumplido escrupulosamente los procedimientos que se establecen en las leyes. Da igual que se haya cometido una tropelía, siempre y cuando se hayan seguido adecuadamente todos los trámites que el procedimiento especifica en cada caso.
El Gobierno parece sentirse cómodo no haciendo nada. Sabe que su inacción, su cinismo político, arrastra al PSOE, generando ese sentimiento de rechazo hacia los dos grandes partidos en el que los socialistas pierden más que los populares. Al final, el “no nos representan” lo acaban coreando en mayor medida los votantes progresistas que los conservadores.
Además, una vez que el caso Bárcenas queda sin consecuencias políticas, cualquier otra irregularidad o corrupción que se descubra de menor alcance que la de la contabilidad b del PP queda sin efecto, pues todo el mundo da por hecho que si los papeles de Bárcenas no han sido suficientes para provocar una reacción política, menos lo serán todavía escándalos más pequeños. En los últimos meses se han publicado noticias tremendas sobre el patrimonio de Cospedal, la privatización de la sanidad madrileña, los negocios sucios de la Comunidad de Madrid con Enrique Cerezo (incluyendo el ático del presidente Ignacio González), el espionaje ordenado por Alicia Sánchez Camacho… y no pasa nada. Nada.
“Y no pasa nada”: es la frase que con mayor frecuencia oigo en conversaciones políticas. La impunidad como principio fundamental de nuestra democracia.
Lo del original y la copia no resuelve el problema. La cuestión es por qué la izquierda europea ha caído tan bajo como para haber asumido (su élite, que no su base social) que luchar contra la inmigración ilegal pertenece a una agenda ajena.
Discrepo absolutamente con el planteamiento de Lobison y tal como señalé aquí días atrás, escribiendo acerca de las barcas imposibles que se hunden frente a Lampedusa y del progresismo que insiste en su visión de una Europa carcomida por la xenofobia y el racismo, en la que los partidos tradicionales habrían sucumbido ante la estrategia de la extrema derecha, siguiendo su juego o “su agenda”:
“Al drama humano de la inmigración ilegal se suma el drama político de que la lucha contra la inmigración ilegal se haya abandonado dejando que se convierta en una bandera de la ultraderecha –cuya gestión del asunto será, por supuesto, calamitosa-, bajo la absurda creencia de que se trata de un postulado intrínsecamente ajeno a los “valores de Europa” o a los “valores progresistas” (valores de los que algunos están convencidos de ser albaceas o interpretes únicos) y de que afrontarlo como una prioridad es algo propio de la “agenda de la ultraderecha”.
La peripecia de Leonarda es un buen ejemplo de esa manipulación típica consistente en fijar la atención es un caso concreto -con componente mediático previsible-, para no afrontar o desviar el debate sobre el fondo de la cuestión. Que la niña no iba a quedarse en Francia sin su familia era obvio, pero eso sólo demuestra lo absurdo y demagógico de la protesta que se presentó como centrada en la “inhumanidad” de que se interrumpiera su escolarización para no discutir si estaba justificada o no la expulsión de tal familia (que lo estaba). Así, “a propósito de un caso” se ataca -sin atreverse a discutir seriamente su consistencia-, la política sobre inmigración ilegal que el muy valioso ministro de interior Manuel Valls mantiene.
En contra de lo que ha venido diciendo un día sí y otro también, por ejemplo, el corresponsal de El País – mintiendo como ya es habitual en esa casa-, el ministro Valls nunca se ha referido a “los gitanos” sino a los asentamientos ilegales de gitanos búlgaros. Ciertamente, con esa política se mostró muy pero que muy disconforme la comisaria europea Viviane Reding, distinguida miembro del Partido Social Cristiano de Luxemburgo (que no es aventurado suponer que no habrá tenido nunca enfrente de su casa, allá en el Gran Ducado, uno de esos campamentos ilegales). La respuesta de Valls a esa impresentable ha sido tan adecuada como la que anteriormente le dio Sarkozy. El desastre no es Valls (esperanzador signo de que, aunque pocos, aún quedan restos de vida inteligente en la izquierda europea) o Sarkozy: el desastre es la preminencia de mentalidades como la de la señoa Reding en la burocracia europea.
La semana pasada el problema fue los inmigrantes que llegan a espuertas a Lampedusa, ahora vuelve el problema de los gitanos del este europeo. Han sido expulsados en años anteriores de Italia y de Francia con Sarkozy. La UE no existe para este problema. Cada país miembro tiene que arreglarselas como pueda. Igual que hay una política agraria común que reparte fondos de la Comisión a distintas regiones agrícolas, podría haber un fondo europeo para ayudar a los gitanos a insertarse socialmente en los distintos paises donde se han refugiado clandestinamente. Qué importa que sea kosovar o rumano o bulgaro. Estos paises, dentro de su pobreza, los echan hacia la europa occidental. Lo terrible es que si unos gitanos menores son escolarizados, que es la única via para que puedan salir de su círculo vicioso, se le niegue este derecho. Hollande ha metido la pata hasta el fondo. La joven y sus hermanos no iban a poder vivir sin un domicilio familiar por muy pobre que sea. El terror que Hollande y Valls sienten por el FN les ha vaciado de sus principios morales. Lo que no hay duda es que no hay mayoría electoral que quiera subvencionar a poblados gitanos o de inmigrantes subsaharianos o de donde sean. Se está despidiendo a trabajadores, se esta recortando la educación pública, se está recortando la sanidad pública, en esta situación es dificil que se desee encontrar fondos para gitanos y demás. Tiene que ser la CE la que pueda realizarlo. Hay que realocar los fondos comunitarios hacia este destino y no dejar que cada país resuelva malamente o cruelmente el problema. Lo contrario es dejar que la extrema derecha vaya triunfando en toda europa.