Barañain 

Seguramente era inevitable que en un ambiente político tan degradado como el español la abdicación del rey Juan Carlos diera pie a una escandalera -no excesiva, desde luego, pero sí llamativa-, como la que contemplamos estos días. Un país más sosegado, menos propenso a la autoflagelación o al arrebato histérico, recibiría la sucesión en el trono como un signo positivo de normalidad institucional en un órgano clave como es la Jefatura del Estado.

Los sectores que apuestan por la desestabilización del sistema político actual han visto aquí la ocasión para seguir alimentando a su clientela con emociones fuertes. A falta de propuestas políticas razonables vienen bien las palabras gruesas y si uno hace de la “podredumbre de la casta política” el eje de su discurso, no extrañará que vea la abdicación -con la sorpresa que ha producido en la sociedad española-, como un momento propicio para la agitación callejera. Y si otros – IU, pongamos por caso-, se ven amenazados por la emergencia de los anteriores, tampoco sorprenderá que compitan con ellos para demostrar que a republicanos no les gana nadie, que ellos hace mucho que airean banderas tricolores en sus movilizaciones, vengan o no a cuento (y casi nunca vienen a cuento).

También formaba parte del guión previsible que el nacionalismo conservador (CiU y PNV) se pusiera de perfil. Aunque sea el sector al que menos convendría la instauración de una república, pues desaparecería el único elemento de neutralidad política -la Jefatura del Estado pasaría a ser una baza más del duelo PP/PSOE-, en el que a menudo han depositado sus esperanzas para una relación confederal, “de igual a igual”, con el resto de España (el “pacto con la Corona” tan teorizado por el PNV). Tampoco iban a arriesgar con una agitación tricolor en las calles, eso no, pues se limitarán a presumir de su sensibilidad o esencia republicana y a recordar, por si la cosa va a mayores, que un hipotético vuelco en el sistema político deberá satisfacer su lista de la compra pendiente. Los oportunistas están siempre al quite para subirse a cualquier tren que pase a su lado, venga de donde venga y sea cual fuere la dirección que lleve, incluso si su destino se desconoce. Porque, en cualquier caso, todo lo que suene a deslegitimación del sistema y contribuya al deterioro de la marca España en sus ámbitos territoriales de actuación les vendrá bien para su discurso soberanista.

Lo que nadie hubiera imaginado, hace sólo unas semanas, es que en el seno del PSOE se viviera también con nerviosismo el hecho sucesorio. Ello es indicativo del estado de confusión y carencia  de liderazgo en el que vive este partido. Lo menos que cabría esperar de quienes claman contra un desempleo tremendo y alertan al país de las consecuencias de una determinada política económica y de la herencia que la gestión conservadora de la crisis dejará, en términos de recorte de derechos y de garantías del Estado de Bienestar, es que hicieran de esos gravísimos asuntos el eje casi exclusivo de su acción política. Que no permitieran que nada ajeno a la crisis les desviara o interfiriera en su resolución o sembrara un factor de discordia innecesario. Y que, consecuentemente, no cayeran en provocaciones evidentes ni se dejaran enredar en batallas de distracción sin más rendimiento posible que una estéril radicalización ciudadana. Ni la recuperación económica, ni el desempleo, ni la confianza de los mercados, ni la sanidad o la educación tiene nada que ganar con el revolcón institucional que algunos demandan. Al contrario, no parece necesario tener que argumentar -de puro obvio que es-, que la incertidumbre y tensión inherentes a un referéndum  sobre la forma de estado a las que querrían llevar a todos los españoles sería el peor escenario posible para la deseada recuperación de nuestro país.

Que algunos socialistas hayan creído conveniente hacer un guiño a la España airada contra la “casta política”, exhibiendo sus credenciales republicanas, también es revelador de la levedad de sus convicciones. Algunas cosas que se escuchan estos días son de traca. Ya es fuerte que, con notable falta de pudor, se evalúe la decisión del rey Juan Carlos en función de su posible efecto sobre el congreso extraordinario socialista  ya que “podría interferir o incluso contaminar el proceso de sustitución de la dirección del PSOE”. La obsesión de un aparato hipercontrolador resulta a veces cómica. Como son cómicos algunos argumentos esgrimidos. Uno de los más antiguos y absurdos es el que recuerda cuantísimos españoles de hoy no pudieron votar la Constitución: renovar el apoyo a nuestra norma democrática superior  sería así una exigencia para su legitimidad entre los más jóvenes.

Como es lógico, pues la nuestra es una democracia reciente, las generaciones de españolitos que ni siquiera habían nacido cuando alumbramos la Constitución son muchos menos de las que en el resto de países de nuestro entorno están en idéntica situación. La continuidad en el tiempo -trascendiendo del momento concreto y de los actores políticos que las hacen posibles-, es lo propio de las constituciones; para eso se hacen. Y sus reformas puntuales -más o menos necesarias en  función de la amplitud y flexibilidad de cada texto constitucional-, se ejecutan también con naturalidad, no como un tributo debido a la llegada de nuevas generaciones a la edad adulta. ¿Se imaginan este debate en democracias más consolidadas? ¿Se imaginan a nuestros vecinos franceses siendo invitados a ratificar su condición republicana en base a la evidencia de que ninguno de ellos participó en la decapitación de su monarquía?

Cuando escucho a cierto responsable político solemnizar que “cada generación puede decidir qué modelo de sociedad quiere” no se me ocurre mayor insustancialidad o frivolidad. La cuestión no es lo que cada generación opine -suponiendo que exista algo así como una opinión generacional-, sino que el conjunto de la sociedad no tiene por qué tener que someterse al estrés del cuestionamiento periódico de sus cimientos políticos. Cambiamos la decoración de nuestra casa o reformamos su espacio interior cuantas veces queramos y podamos, pero procurando no tocar sus vigas maestras.

Algunos de los que, desde el PSOE, se han dejado llevar por el nerviosismo y el oportunismo, abogando por un referéndum sobre la monarquía, lo han matizado después aludiendo a la necesidad de actualizar la Constitución. Una vez reformada esta, los ciudadanos votarían de nuevo todo el paquete -¿cómo, si no?-, y así, de paso, se legitimaría de nuevo la figura del Rey. Ya son ganas de confundir, con lo fácil que sería que empezaran por legitimarse y aclararse ellos mismos. Y es que una cosa es la propuesta de reforma constitucional que muchos reivindican, por diversos y contradictorios motivos, la cual llevará su propio ritmo una vez que se alcance la masa crítica y el consenso necesario para acometerla -hoy por hoy inexistentes-, y con un resultado incierto y otra bien distinta es este asalto desestabilizador a la legitimidad del sistema político con la exigencia del referéndum -¡ahora! ¡ya!-, como si la Constitución no estuviera vigente -y con ella, la sucesión en el trono-, o tuviera que redimirse de un presunto pecado original. 

Por supuesto, regeneradores, justicieros, bolivarianos y demás (como esa oscura derecha que tiene deudas pendientes con la monarquía) tienen todo el derecho a reivindicar un referéndum. El mismo derecho que tenemos los demás a pasar de ellos y a no dejarnos arrastrar por su particular y demencial agenda política. Para conseguir su propósito  sólo tienen que convencernos de su conveniencia -cosa harto difícil-, o ganar las elecciones. Y, francamente, si esto último sucediera, el desastre para el país sería de tal envergadura que haría intrascendente el destino de la monarquía.