La Transición reinventada

Juanjo Cáceres

La justicia argentina sentó el pasado 3 de septiembre ante un tribunal al exministro Rodolfo Martín Villa en calidad de investigado por crímenes de lesa humanidad. El objetivo de la magistrada Servini era determinar su relación con doce muertes causadas por las fuerzas del orden franquistas entre 1976 y 1978. El hecho no pasó desapercibido para la prensa nacional, ni para amplios sectores de la ciudadanía, que celebraron con felicidad el que por fin un franquista se sentara en el banquillo.

Vaya por delante que es evidente que España sigue en deuda con las víctimas del Franquismo y que hay que seguir reclamando justicia y reparación mientras no se excaven las fosas, se identifique a las personas desaparecidas, se eliminen o reinterpreten los elementos de exaltación del Franquismo presentes todavía en el espacio público o se anulen los juicios de los tribunales franquistas. También lo es que, una vez muerto Franco, el franquismo siguió vivo en eso que denominamos Transición y que la llegada de la democracia se fraguó también sobre la muerte y el sufrimiento de muchos luchadores y luchadoras antifranquistas, de los cuales también hay que hacer memoria y para los que hay que exigir reparación. Aceptado todo eso y subrayando que es mucho lo que queda por hacer, la imputación de Martín Villa por la justicia argentina por un delito de esas características me inquieta desde un punto de vista jurídico, político e histórico.

Empezando por esto último, existen pocas dudas en definir la Transición como un periodo comprendido al menos entre la muerte de Franco y las elecciones generales de 1977 o la aprobación de la Constitución de 1978, por el cual España evoluciona desde una dictadura hacia una democracia (fronteras ampliables hasta la muerte de Carrero por arriba y hasta la victoria del PSOE en el 82 por abajo, según los puntos de vista). Es una evolución no exenta de violencia, que incluye violencia policial, violencia civil, terrorismos de diverso signo y represión, en un momento en que muerte y violencia forman parte también del paisaje político en ciertas democracias occidentales (años de plomo en Italia, acciones de la Fracción del Ejército Rojo en Alemania).

En ese contexto difícilmente transitable, tiene lugar en un corto periodo de tiempo una transformación completa de las instituciones del Estado, liderada por sectores reformistas del Franquismo y participada por la oposición democrática, que hace de España una democracia más o menos homologable a la del resto de países de Europa Occidental. Una transición que en la calle se cobra un alto número de víctimas mortales, pero que en el ámbito institucional evoluciona muy rápidamente con la designación como presidente de Adolfo Suárez, destruyendo por completo una dictadura construida sobre una cruenta guerra civil.

Mariano Sánchez describe en La Transición sangrienta la naturaleza diversa de esa violencia. En su obra cuantifica 591 muertes por violencia política entre 1975 y 1983, de las cuales 58,4% (344 personas) fueron víctimas de ETA y el terrorismo de izquierdas, mientras que otras 51 personas murieron a manos del GRAPO. Asimismo, señala las muertes causadas por grupos incontrolados de extrema derecha (49 muertes), por grupos antiterroristas (16), por la represión policial (54), muertes en la cárcel o en comisaría (8) y las muertes en enfrentamientos entre la policía y grupos armados (51). Otros autores hacen recuentos algo distintos, pero el reparto es similar.

Teniendo en cuenta esa composición, puede deducirse que las muertes causadas por grupos con motivaciones antirreformistas, entre las cuales se encontrarían el terrorismo de ETA y extrema izquierda, el terrorismo del GRAPO y los grupos de extrema derecha, aglutinan la gran mayoría de las muertes en el periodo. También que, por la naturaleza de las mismas, afectarían sobre todo a cuerpos policiales o militares, otros funcionarios del Estado y representantes institucionales. Sin negar la intensa violencia policial en la calle, ni el componente represivo de la misma, creo importante subrayar donde se sitúan realmente la gran mayoría de los fallecimientos, ya que es relevante desde el punto de vista de lo que se juzga y es también uno los aspectos menos asimilados en las valoraciones del periodo. Más aun porque con la continuidad del terrorismo de ETA hasta mucho más allá de la Transición, esas muertes no se detienen cuando España es ya una democracia.

El grueso de las formas de violencia más intensa (las muertes) confluyeron pues en dinámicas antirreformistas, con el ánimo de frenar la reforma o de dinamitarla. Ante esa realidad, la justicia argentina ha elegido imputar Martín Villa, un político forjado en el Movimiento, hijo de vencedores -a diferencia de Suárez-, del que se decía que se subió al coche oficial superada la adolescencia y ya nunca se bajó de él hasta muchos años después. El problema estriba en que se le imputa una responsabilidad sobre doce muertes, entre ellas cinco en Vitoria, cuando en aquel momento ni siquiera era ministro de gobernación, ni ejercía mando alguno sobre los cuerpos policiales, y el resto en un periodo en que precisamente la acción reformista, de la cual el ministro en cuestión formaba inequívocamente parte, se volvió vital para avanzar en la senda democrática desde un régimen de tendencia totalitaria. Una acción cuyos logros se concretaron, entre otras muchas cosas, en una amnistía, unas elecciones libres y la redacción de una Constitución.

Desde un punto de vista jurídico puede ser coherente que se atribuyan crímenes de lesa humanidad al Franquismo por lo acontecido durante y después de la Guerra Civil, pero trazar una línea de continuidad en esa intencionalidad que se adentre incluso en los años de la Transición y suponga la imputación de ministros del primer gabinete de Suárez, parece carecer por completo de sentido político e histórico.

Sin duda hay otros elementos que debemos juzgar de la Transición, pero quedan dentro del ámbito político e histórico, no en el de los tribunales. Esa correlación de debilidades, como la definió Manuel Vázquez Montalbán, sirvió en muchos casos, tal y como describía un editorial de El País en 1979, para «consagrar privilegios, sacrificar abusos y perpetuar injusticias» y dio forma a lo que para muchos fue una «democracia incompleta», especialmente por todas las personas y estructuras procedentes del periodo franquista, que se mimetizaron en ella. Las fuerzas de la oposición, tras décadas de ilegalidad y represión, tras pagar con cárcel y sangre sus acciones, acabaron abrazando la reforma suarista, una reforma diseñada desde las entrañas del aparato franquista, del cual tanto Suarez como Martín Villa eran perfectos exponentes en tanto que «camisas azules», pero tremendamente exitosa en sus objetivos y llevada a cabo gran velocidad bajo un fuerte liderazgo político y una enorme presión. Las decepciones y posteriores divisiones que todo ello planteó son, además, sobradamente conocidas.

No por ello debemos obviar que el periodo cuenta con otros elementos más judicializables, como la participación de los aparatos del Estado en acciones de violencia terrorista, una cuestión que nos conecta, por ejemplo, unos años después, con las acciones de los GAL o la impunidad con que los torturadores han vivido durante décadas. Pero en lo que ahora nos ocupa, a falta de elementos probatorios reales de implicación de cargos ministeriales, debemos al menos tener presente que fueron precisamente personas como Martín Villa o Gutiérrez Mellado los que tuvieron que lidiar con las fuerzas más oscuras de sus ministerios y los que mayor rechazo recibieron de los sectores más intransigentes en ese clima de fuerte violencia terrorista contra los cuerpos del ejército o policiales. Para la historia quedan los aluviones de insultos e incluso agresiones de que fueron objeto en funerales de víctimas de atentados de ETA o el GRAPO.

En cualquier caso, un examen más equilibrado de la violencia política en España en los últimos cincuenta años y de sus dinámicas de retroalimentación me parece tremendamente necesario y algún día habrá de hacerse.

2 comentarios en “La Transición reinventada

  1. “ Ante esa realidad, la justicia argentina ha elegido imputar Martín Villa, …”
    ¿ De verdad piensa que la justicia argentina no tiene otras cosas más importantes que hacer que “elegir ” entre el variado menú que se ofrece ante sus ojos vendados precisamente éste ?

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