David Rodríguez

La reforma de las leyes educativas siempre está en el centro del debate político español, pero hay un tema recurrente de fondo que no acaba de resolverse. Se trata de la insuficiencia de la inversión educativa en comparación con los países de nuestro entorno socioeconómico más inmediato. En este artículo se calculan una serie de indicadores de financiación educativa para España y para los países de la UE22, que son aquellos que pertenecen simultáneamente a la Unión Europea y a la OCDE.

Adjunto a continuación la tabla resumen de dichos indicadores^[1]:

Nota: todos los indicadores se expresan en relación al PIB, excepto los de proporciones, que obviamente están en tanto por ciento.

Fuentes: OCDE (2021) i Eurostat (2021)

La inversión total sobre instituciones educativas en España respecto al PIB se encuentra ligeramente por debajo de la media de la UE22, pero lo más significativo desde una perspectiva política es la desagregación de esta inversión total en pública y privada, y es aquí donde aparecen las diferencias más relevantes,

La inversión pública española está medio punto por debajo de la media de la UE22, y en cambio la inversión privada representa prácticamente el doble. De hecho, la proporción de inversión privada respecto al total es del 20% en España, mientras que en la UE22 es del 10.8%. Esto significa que el sistema educativo español está fuertemente privatizado en cuanto al origen de los recursos educativos, que recaen excesivamente sobre las familias en detrimento de la participación del sector público.

Pero es que además el sistema educativo español también se encuentra más privatizado en lo que se refiere al destino de los recursos, debido a la financiación pública de los centros concertados. Por lo que puede observarse en la tabla, los centros de titularidad privada reciben un 11,12% de los recursos totales, cifra que está bastante por encima de la media europea del 7,64%.

Por lo que hace referencia a las ayudas concedidas a las familias, especialmente en forma de becas, España destina un 0,17%, bastante por debajo de la media de la UE22, que se eleva al 0,29%. Por consiguiente, las familias están doblemente penalizadas, ya que por un lado aportan más recursos al sistema, y por el otro reciben menos ayudas.

Lo anterior puede constatarse en la construcción de un indicador nuevo que la OCDE y Eurostat no proporcionan de manera directa. Se trata de las aportaciones privadas netas, es decir, la diferencia entre lo que las familias aportan y lo que reciben. España ocupa la primera posición de toda la UE22, alcanzando un 0,69%, mientras que la media está en un 0,18%. Las diferencias son abismales.

Hay que tener mucho cuidado cuando se leen los titulares de prensa sobre lo que suele llamarse gasto^[2] educativo. Muchas veces se está hablando de inversión total, sin distinguir la pública de la privada. En otras ocasiones, cuando se hace referencia a la pública no se separa la que va destinada a centros públicos o privados. Por último, las ayudas a las familias y sus aportaciones netas brillan por su ausencia en el debate.

Si se analiza el conjunto de Europa, pueden identificarse dos modelos prácticamente opuestos de financiación de la educación, con algunas situaciones intermedias que ahora no revisaremos:

• El modelo socialdemócrata nórdico, caracterizado por una fuerte inversión pública y unas ayudas muy elevadas. Se considera que el alumnado realiza un esfuerzo formativo, sobre todo en el caso de la enseñanza superior, y se le debe beneficiar por estudiar en lugar de trabajar. Si en el futuro se obtienen unos mayores ingresos derivados de un mejor nivel educativo, será entonces cuando se paguen los impuestos correspondientes, que mejorarán la calidad de la educación para el nuevo alumnado. Se trata de un modelo solidario.
• El modelo neoliberal mediterráneo, con España como su máximo exponente. Se caracteriza por una baja inversión pública, una participación muy superior del sector privado y unas ayudas inferiores. El alumnado es visualizado como un elemento que genera gasto, que se beneficia de la formación y que ha de pagar una parte de la misma, con independencia de los ingresos que se obtengan en el futuro. Se trata de un modelo individualista.

Por consiguiente, si se quiere mejorar la calidad de nuestro sistema educativo deben destinarse más recursos públicos a los centros de titularidad pública, a la vez que se deben conceder más ayudas al alumnado. Pero sobre todo debe modificarse la concepción de fondo que subyace bajo la situación actual.

^[1] La metodología de elaboración de estos indicadores puede encontrarse en el siguiente artículo: La inversió pública i privada en educació i en ensenyament superior a Espanya dins del marc de la Unió Europea – La Realitat

^[2] El gasto tiene una connotación de realizarse a fondo perdido. Por ello en este artículo se habla de inversión, por entender que es un término mucho más adecuado para definir la financiación educativa.