David Rodríguez Albert

Hace un par de semanas, publicaba aquí mismo un artículo acerca del debate sobre la apertura de las escuelas (aquí) y en él expresaba mi deseo de que, dada la función socializadora de las mismas, pudieran llegar a abrirse en algún momento de este curso, siempre que se  cumplieran todos los protocolos de seguridad adecuados, y centrándonos sobre todo en el alumnado que más ha padecido la brecha social y digital.

Hace unos días el conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, presentaba un plan de reapertura de centros educativos que, lejos de mis expresadas esperanzas , no ha contentado a nadie y en algunos aspectos ha sido un verdadero despropósito. En primer lugar, ha sido realizado sin reflexión, con prisas y sin apenas diálogo con la comunidad educativa. Se ha alegado que las instrucciones del Ministerio han llegado tarde, hecho que es cierto, pero toda esta demora expresa en conjunto la escasa prioridad que se ha dado a un debate tan esencial como el educativo, tanto en Catalunya como en España. Toda la opinión pública ha estado centrada en bares, terrazas, competiciones futboleras, vacaciones, centros comerciales y playas. No digo que estos asuntos no sean importantes, pero obsérvese la diferencia con la educación, que no reporta beneficios privados, elemento clave y sintomático en la carencia de reflexiones previas.

No entraré a analizar los aspectos de seguridad del plan de Bargalló, pues estoy lejos de ser un experto en el asunto, aunque llama la atención que no se mencione expresamente que las direcciones de los centros educativos deberían consultar con los miembros de riesgos laborales de los comités de empresa respectivos (caso de haberlos). Me centraré sobre todo en el tema del alumnado. ¿Se consigue de verdad el objetivo de atender a aquellos con necesidades educativas y sociales específicas, quiénes se han visto más perjudicados por el confinamiento? La respuesta es no. Más allá de tutorías individualizadas, no se ofrece a este alumnado ningún otro espacio de socialización, de hecho el plan se centra en quiénes finalizan etapa educativa. Además, queda a criterio de cada centro establecer las prioridades a la hora de rellenar unos grupos que han de ser limitados. Nada se dice de los gabinetes psicopedagógicos ni de las instituciones sociales de los municipios que puedan realizar el seguimiento de las familias más desfavorecidas. Por tanto, no se cumple el objetivo fundamental que la apertura parcial de los centros debería tener.

Ocurre algo similar con las actividades a ofrecer al alumnado, que aparecen definidas en términos generales, pero con una ambigüedad calculada que llevará a algunos centros a programar todo lo programable y un poco más si cabe, para justificar de este modo el pago de unas cuotas que muchas familias se están mostrando reticentes a sufragar. Mientras tanto, otros centros se están limitando a planificar un acto de despedida para el alumnado que cambia de etapa. Nuevamente, la autonomía de los centros queda por encima de criterios que garanticen una mínima equidad entre los mismos.

Comentario aparte merece el trato dispensado al profesorado y sus sindicatos, que han sido ninguneados absolutamente en el proceso de confección del plan. Nuevamente, los equipos directivos determinarán quién trabajará presencialmente y quién virtualmente, sin consulta con los comités de empresa y sin garantía alguna de equiparación de condiciones entre la plantilla. En resumen, el plan Bargalló adolece de enormes déficits que no lo convierten en un instrumento útil para reabrir las escuelas en estos momentos, cuando además se requiere de un tiempo y energía ingentes para encarar cómo vamos a hacerlo a partir de septiembre, no vayamos a empeorarlo más todavía.

Pero el tema educativo no ha sido el único que en Catalunya ha generado polémica. La división del país en regiones sanitarias ha dado lugar a una situación imprevista y surrealista. La idea de no funcionar a través de provincias es correcta, sobre todo teniendo en cuenta que igual la ciudad de Barcelona podría haber cambiado de fase a un ritmo diferente a su área metropolitana. Sin embargo, lo han hecho juntas, pero a nadie se le ocurrió legislar que en este caso la movilidad fuera también conjunta. La conclusión es que una persona de Barcelona no puede atravesar la Riera Blanca para entrar en Hospitalet, aunque tenga enfrente a su madre, mientras que en la Comunidad de Madrid pueden moverse desde la ciudad hasta la sierra. Ni Valle Inclán hubiera podido imaginar semejante disparate.

La inmensa mayoría de alcaldes del área metropolitana de Barcelona ha pedido que la Generalitat solicite de inmediato al ministerio la rectificación de este dislate. Todo parece indicar que el govern lo va a pedir para el próximo lunes, aunque a mi se me escapa la dilación de una semana a este respecto. La mayoría de la ciudadanía ha actuado con sensatez y respeto durante todo el confinamiento, pero es difícil sostener que se les pueda exigir el cumplimiento de normas que son absurdas. Pero nuevamente volvemos a lo mismo: visitar a la madre o a las amistades no genera excesivo impacto econòmico, a no ser que se haga en una terraza (igual hay que ir por esta vía para acabar de convencer a nuestros gobernantes).

No cabe duda de que el estado de alarma ha sido necesario y ha salvado vidas. Las autoridades han realizado, a todos los niveles, un denodado esfuerzo para legislar de manera razonable. La población, salvo algunas excepciones como los descerebrados de las playas de la Barceloneta, ha entendido la situación y ha cumplido. No nos compliquemos ahora y mucho menos nos equivoquemos de prioridades y volvamos a la maldita normalidad de antes. La recuperación de la economía es básica, pero no a costa de olvidar elementos tan trascendentales como el sistema educativo o el derecho de un habitante de Barcelona a superar la bastión inexpugnable de la Riera Blanca para poder visitar a su madre.