David Rodríguez

Por primera vez en mucho tiempo, no voy a escribir un artículo monográfico sobre la pandemia. Por desgracia, el motivo no es que hayamos vencido al virus, que sigue bien enraizado en nuestras sociedades. La razón es doble: por un lado, en el mundo político y económico tenemos novedades y propuestas que vale la pena comentar; por el otro, mi anterior artículo, bajo el título ‘desescalando hacia la tercera ola’, ya incluye las predicciones de la mayoría de los expertos sobre lo que iba a pasar (y está ya pasando) como consecuencia del levantamiento de restricciones para salvar las felices fiestas navideñas. El 2021 bien podría llamarse ‘segundo año de la covid’, pero ya digo que voy a dejar de momento el asunto aquí.

El día 14 de febrero tenemos previstas las elecciones al Parlament de Catalunya, y digo previstas porque dudo mucho que puedan llegar a celebrarse antes de la primavera, aunque los partidos han engrasado sus maquinarias como si la tercera ola no existiera. La principal novedad de la última semana es la presentación de Salvador Illa como candidato del PSC, aprovechando su tirón mediático como ministro de Sanidad. Ya he dicho en más de una ocasión que su gestión durante la primera ola fue más que aceptable, empeorando notablemente después del 21 de junio, aunque aquí siempre se puede recurrir a culpabilizar de su inacción a las Comunidades Autónomas. Su principal rival, según las encuestas, será Pere Aragonés, cuya gestión de la pandemia está resultando más que lamentable, pero en ningún caso criticada por Illa, aunque en campaña electoral ya sabemos que puede pasar de todo. ERC es la eterna favorita para hacerse con la presidencia de la Generalitat, pero también la recurrente perdedora en el sprint final, en el que nunca puede descartarse la enésima operación de maquillaje del mundo de Junts per Catalunya.

En la banda derecha del espectro político catalán, Ciudadanos lo tiene realmente crudo para aproximarse a sus anteriores resultados y el PP tratará de extraer un poco la cabeza del hoyo. Por lo que se refiere al resto de la izquierda, Catalunya en Comú Podem sigue con sus problemas de gestión de la pluralidad interna y mantiene la tradición de excluir de las listas al ganador de las primarias moradas, mientras que la CUP ha intentado una mini operación del tipo ‘ensanchar la base’ que se ha quedado en muy poca cosa. En lo que sí que han coincidido estas izquierdas catalanas es en el absoluto silencio ante la gestión de la pandemia, sin crítica, sin propuesta, sin posicionamientos, como si el tema no fuera con ellos. Muchos votantes progresistas lo vamos a tener francamente difícil para escoger la menos mala de las opciones que se presentan.

A nivel estatal, la ministra Yolanda Díaz lanzaba hace semanas la interesante propuesta de jornada laboral de 4 días, que se comienza a experimentar con éxito en Nueva Zelanda, en algunos países escandinavos e incluso en varias empresas españolas. La jornada de 40 horas dura ya más de un siglo y es una imperiosa necesidad su disminución, ya que es obvio el alcance del avance técnico producido en las últimas décadas. Pero en España lo va a tener complicado ya que los voceros neoliberales enseguida han saltado a la yugular de la ministra, porque una reducción de jornada sin disminución salarial equivale a un reparto más equitativo de las ganancias derivadas de la productividad, y todo lo que suene a redistribución es su infierno particular. Incluso han llegado a escudarse en la pandemia, apelando de manera hipócrita a las pequeñas y medianas empresas, y obviando el crecimiento de las grandes fortunas y de los beneficios de muchas grandes corporaciones durante la actual crisis. Espero que desde el ministerio de Trabajo se insista en esta idea, y que podamos tener un debate social claro y transparente en torno a la misma, porque la conciliación entre la vida laboral y familiar ha de ser una exigencia en una sociedad que intenta ser más civilizada.

Frente a la propuesta de Yolanda Díaz, tenemos una de signo contrario, planteada por José Luis Escrivá, y que consiste en mantener la línea de reducción futura de las pensiones públicas por la vía de ampliar al período de cómputo para determinar la cuantía a recibir. El ministro de Seguridad Social siempre se ha mostrado partidario de incrementar la edad de jubilación, y su actual intención entra de lleno en los postulados liberales más ortodoxos. Ya no se trata de debatir el reparto del incremento futuro de la productividad, se trata directamente de ignorarlo y de hablar de la sostenibilidad futura de las pensiones como si la económica fuera algo estático y el avance científico no existiera. Ya he escrito en más de una ocasión sobre este asunto, pero la ocultación sistemática en este debate del avance de la productividad es algo exasperante, y observar el futuro soslayando este hecho tergiversa completamente la realidad. Este es otro de los temas que requiere de una discusión pública seria y rigurosa, de esas que suelen brillar por su ausencia en nuestros lares.

En conclusión, comenzamos un año en el que el debate ideológico en el seno del gobierno español va a ser duro, y más si tenemos presente que todavía queda por plantear el tema de la reforma fiscal y la derogación de la reforma laboral. Es aquí dónde van a chocar los pensamientos contradictorios de los dos ministros mencionados, que ejemplifican lo que se vive de manera más general en el Consejo de Ministros. De momento, el gobierno de coalición ha avanzado en propuestas progresistas que están mejorando las condiciones de vida de buena parte de la población, pero esto es todavía insuficiente y hay amplios sectores golpeados por la crisis y las desigualdades. Hace falta una transformación mucho más profunda de una sociedad con enormes injusticias estructurales, y el año 2021 plantea el reto de si se va a caminar de manera más decidida en los profundos cambios que España necesita.