Albert Sales

Debería ser una buena noticia que en España se abriera el debate acerca del sistema penal. Desgraciadamente, cada vez que los medios y los partidos políticos hablan del código penal y del papel de las prisiones en nuestra sociedad es para generar alarma a partir de casos particulares, abrazar el populismo punitivo y exigir una mayor dureza del sistema penal. Casos particulares muy útiles para movilizar las emociones de la ciudadanía pero alrededor de los cuales no cabe debate racional alguno.En las últimas décadas, la población reclusa española ha pasado de las 22.802 personas encarceladas en 1985 a las actuales 59.578 (noviembre de 2017), De 1985 a 1993 la población penitenciaria se dobló para estabilizarse alrededor de las 45.000 personas hasta el año 2000. A partir de entonces, se registra una escalada hasta el màximo histórico de 76.079 personas presas en 2009. En los últimos 7 años la cifra ha remitido sensiblemente hasta situarse alrededor de las 60.000 personas presas. En la primera década del siglo XXI, la tasa de población reclusa crece hasta situar España a la cabeza de los païses de la Europa occidental.

La primera fase de expansión coincide con un incremento de la delincuencia y de la actividad policial. Entre 1980 y 1989, el número de delitos registrados por los cuerpos de seguridad en el Estado español aumento de 500.000 a 1.500.000. Este crecimiento, la inexistencia de políticas de prevención sobre el consumo de drogas y las actividades ilegales vinculadas al mismo, y la falta de medidas alternativas a la prisión, explicarían el pronunciado incremento de las tasas de encarcelamiento durante la primera mitad de los 80.

Pero esta relación entre delito y prisión no siguió la misma tendencia hacia finales de los 90.  Los principales expertos españoles coinciden a la hora de describir a España como un estado con una elevada tasa población reclusa para su reducida tasa de delitos y de delitos violentos. Si atendemos a los datos de las dos participaciones de España en la International Crime and Victimisation Survey (ICVS), en el 1989 y el 2005, y de la encuesta realizada en 2009 por el Observatorio de la Delincuencia (ODA) del Instituto andaluz Interuniversitario de Criminología, no sólo llegamos a la conclusión de que la delincuencia no aumenta sino que podremos inferir un retroceso en la victimización en casi todas las formas de delito.

Solamente nos preocupamos por el sistema penal cuando la actualidad genera alarma social y siembra miedos. Unos miedos muy atractivos para utilizar el populismo punitivo para cazar votos. Sin embargo, los debates sobre el resultado de aumentar las penas los delitos más comunes (hurtos, robos, lesiones y tráfico de drogas) y de dificultar el acceso a la libertad condicional, cuando se producen, quedan ocultos a la opinión pública por miedo al discurso fácil y populista del punitivismo y de la venganza social frente al delincuente.