Juanjo Cáceres

Que la política vive un momento de fragilidad, a causa de los procesos de judicialización en los que se ve envuelta, es algo que ha quedado meridianamente claro después de que ayer la Justicia Europea enmendase la plana al Tribunal Supremo y aclarase que Oriol Junqueras tenía todo el derecho a la inmunidad parlamentaria. Y por si fuera poco, nuestros tribunales decretaban ayer la inhabilitación de Torra por un gesto político. Dos eventos acontecidos en paralelo que resumen perfectamente el estado de confusión en que nos encontramos entre el ámbito político y el judicial y que evidencía las graves consecuencias de seguir confundiendo los dos planos.Como no podía ser de otra manera, una de las primeras respuestas fue la reacción de ERC de echar el freno a las negociaciones de Gobierno. No cabe en este caso acusarlos de irresponsables ni de oportunistas, ya que era lo mínimo que podían hacer dadas las circunstancias. Mas aún cuando a lo largo de estos dos años hemos acumulado decisiones de dudosa legalidad: el uso abusivo de la prisión preventiva sobre líderes politicos, la lectura punitiva y excesiva del delito de sedición o la vulneración de los derechos de europarlamentarios electos en el caso de Junqueras, Puigdemont y Comín. Todo esto ha sucedido con el aplauso de algunos sectores políticos, el férreo rechazo de los sectores independentistas y la resignación de todos los que discrepamos del uso abusivo de la ley y de la falta de voluntad de abordar en el terreno político todo lo relacionado con el conflicto territorial.

Aunque costará, de esta experiencia y de las que vendrán cabe extraer algunas conclusiones. Gana solidez la consideración de que la Justicia española se pasa de frenada y de que hay excesos contrastados cuando se ponen sobre la mesa posibles delitos asociados a cuestiones nacionales. También gana solidez el relato del exceso de politización de la Justicia, ante la cual deberían tomarse medidas, de modo que la independencia judicial sea una realidad y cualquier ciudadano se vea suficientemente amparado por el Estado de Derecho.

Asimismo, se abren necesariamente nuevas líneas de aproximación para garantizar un acuerdo político que haga viable tanto la legislatura como la superación del conflicto. Nada de lo acontecido ayer podrá desmentir el hecho que fueron los líderes independentistas los primeros que en el último tercio de 2017 hicieron de su capa un sayo y tomaron unos acuerdos parlamentarios que superaban con creces sus atribuciones y lo hicieron sin aval democrático alguno. Tampoco podran dar demasiadas lecciones de independencia judicial, sabiendo todos como quedaba la designación de jueces en la ya mítica Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada por el Parlament. Pero nada de eso podrá desdibujar tampoco los excesos judiciales cometidos después contra ellos, a veces apoyados desde instancias ministeriales.

Llega pues la hora de mirarse a los ojos y reconocerse mutuamente los errores para encontrar soluciones políticas desde la honestidad y la diferencia. Es hora del reconocimiento de los errores, de iniciar un diálogo franco y sobre todo es la hora de formar gobierno y empezar a gobernar.