Arthur Mulligan

Como las desgracias nunca vienen solas y somos como somos nada mejor que aplicarnos el refrán y acudir urgentemente a la apertura de la sala de partos para abuelas y traer a nuestro particular mundo político un nuevo ser para completar la triple crisis sanitaria, económica y social que nos asola y que con todo el cariño del mundo acostumbramos a llamar epifostio, una criatura recurrente en las crisis españolas y que añade un toque de amargura institucional para completar el paquete.

Como en este gobierno y en sus medios afines no tenemos la suerte de poder contrastar las simplezas de algunos elementos de su membresía a propósito de nuestra forma de Estado, me ha parecido útil presentar a ustedes una selección de las reflexiones de contemporáneos eminentes que enriquecen a mi juicio el hilo iniciado en DC, siempre atento a lo que se comenta a pie de calle para mayor gloria de las libertades en nuestro país.

Ricardo Moreno Castillo*. Licenciado en matemáticas (1973), licenciado en filosofía (1987) y doctor en filosofía (1991).

« Sostiene Jon Juaristi en su libro A cuerpo de rey: Monarquía accidental y melancolía republicana que “La monarquía constitucional española no se ha sostenido sobre el fervor monárquico de la población, sino sobre un accidentalismo pragmático que ha comenzado a diluirse”.

(…) Es verdad que entre los diez o doce países más prósperos y estables, más de la mitad son monarquías. Cierto, pero han sido la prosperidad y estabilidad las que han mantenido las monarquías, y no al revés, porque en un país próspero y estable a nadie se le ocurre cambiar de sistema político. Y es claro que el tiempo va en dirección a la república. Si pudiéramos resucitar dentro de doscientos años, no sé si veríamos a Suecia o Inglaterra convertidas en repúblicas. Pero estoy muy seguro de que no veríamos a Estados Unidos ni a Francia convertidas en monarquías.

(…) Hay quienes exigen un plebiscito porque, por edad, no pudieron votar la constitución. Es verdad, ningún español más joven de cincuenta y cuatro años ha podido votar la constitución. Pero también es verdad que ningún francés más joven de setenta y cuatro ha podido votar la suya, ni ningún alemán más joven de ochenta y tres ha votado la suya, y ningún norteamericano vivo ha votado la suya. Este argumento, el de que se ha de hacer un plebiscito entre monarquía y república porque “yo no pude votar en su día” se ha escuchado incluso en el parlamento. Uno, en su candor e inocencia, suponía en nuestros diputados un cierto nivel de cultura política: ¿es que cada vez que una nueva generación alcanza la mayoría de edad se han de revisar las leyes que no ha tenido ocasión de votar? Un poco de seriedad, por favor. »

Y concluye el autor de una manera que encuentro admirable y plena de poesía:

« El actual rey ha sido muy bien preparado para su oficio y hasta donde se puede colegir, parece que las infantas están siendo también muy bien educadas. Muy probablemente, no veré en España ninguna república, pero no lo sentiré demasiado. Por razones de edad, tampoco veré entronizada a la actual princesa de Asturias, y eso sí que me da un poco de pena. No porque no desee larga vida al rey actualmente reinante, sino porque me haría mucha ilusión una reina con un nombre tan sonoro como Leonor I de Borbón, que suena casi tan bien como Leonor de Aquitania.

No, mis ojos no verán ninguna de las dos cosas. Pero no importa. Si cuando llegue mi hora España ya no es un país tan internamente desgarrado por la corrupción ni por la estupidez nacionalista, creo que podré cerrarlos serenamente y en paz. »

Rafael Spottorno*. Comentario sobre el texto anterior. Diplomático español que desempeñó el cargo de Jefe de la Casa del Rey desde el 30 de septiembre de 2011 hasta el 24 de junio de 2014, siendo sustituido por Jaime Alfonsín Alfonso en el inicio del reinado de Felipe VI.

« (…) Otra ventaja que ve el autor en la república es que lo que pueda hacer un familiar del jefe del Estado no daña a la institución mientras que “si esto sucede con el yerno de un rey (…) la reputación de la monarquía queda inevitablemente en entredicho”. Solo a modo de recordatorio: el Príncipe Bernardo de Holanda, marido de la Reina Juliana, reconoció, amén de la existencia de dos hijas ilegítimas, haber aceptado un soborno de más de un millón de dólares de la empresa Lockheed. El Gobierno no lo llevó a los tribunales únicamente porque la propia Reina amenazó entonces con abdicar si lo juzgaban. Su hija, la Reina Beatriz, ha sido una soberana popularísima y su nieto, Guillermo Alejandro, accedió al trono hace pocos años en unas ceremonias que sacaron a la calle a millones de holandeses enfervorizados vestidos de naranja, en honor a la dinastía Orange. Como se ve, al menos en Holanda la reputación de la monarquía no quedó inevitablemente en entredicho por la andanzas delictivas, no del yerno, sino nada menos que del consorte de la Reina.

En otro país, Bélgica, son bien conocidas las vidas desordenadas de los hasta hace poco reyes Alberto y Paola cuando eran Príncipes de Lieja, por no hablar de las andanzas de su hijo Laurent. Bélgica, en inestable equilibrio y con comunidades enfrentadas, se sostiene hoy entera, a juicio de la mayoría de los observadores, gracias a su monarquía. En el Reino Unido, las pifias y torpezas cometidas por unos u otros miembros de la familia real, incluyendo a la Reina aquel annus horribilis de 1992 no solo no destruyeron la reputación de la vieja y respetada monarquía británica, sino que diez años después, en 2002, los espectaculares fastos del Golden Jubilee mostraron al mundo que al menos en algo tenía razón el Rey Faruk cuando hizo aquella predicción de que en cien años solo quedarían cinco reyes, los cuatro de la baraja y la reina de Inglaterra. Ésta sigue más firme que nunca, con sus locas nueras, sus pintorescos hijos y su discutido marido. Conclusión: es seguro que la monarquía y su sentido no se pueden despachar con unos trazos gruesos sobre yernos, revistas del corazón y cosas así.

Como escribió hace tiempo Juan Carlos Rodríguez Ibarra en un artículo periodístico, lo máximo que puede conseguir ese debate es anunciar un cambio de régimen, sustituyendo la monarquía por la república, pero sin aclarar a qué tipo de república se pretende llegar, de tal modo que de la certeza de la monarquía parlamentaria hemos llegado a la indefinición de la república.

El artículo 56 de la Constitución dice que “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”. Remito a las inteligentes reflexiones de Javier Gomá o de Gaspar Ariño sobre los conceptos capitales de símbolo y de mito político para entender bien lo que es la monarquía. Y termino con una cita que me parece esclarecedora a este respecto, de Javier Gomá: “La entrega de la máxima magistratura del estado a una familia y a sus descendientes solo cabe considerarla democrática, aun siendo voluntad del pueblo, a condición de que éste retenga la integridad de su soberanía y que, en consecuencia, la posición estatutaria del rey no lleve aparejada ninguna cuota de poder coactivo, ni legislativo ni ejecutivo ni judicial, y solo ostente un valor simbólico. De manera que en la cúspide del Estado, esa escala de poder coactivo creciente, en el lugar en que uno esperaría una apoteosis de fuerza y decisión, luce un símbolo desnudo. »

F. Sosa Wagner*, jurista y ex eurodiputado con UPyD, ha sido catedrático de Derecho Administrativo durante 50 años.

« Del “Estado soy yo”, que pregonaba Luis XIV a finales del siglo XVII, hasta la finura de la “volonté générale” rousseauniana —ya entrado el XVIII— y su comprensión como la verdadera voluntad, justa y razonable, del pueblo, hay todo un mundo en la comprensión de nuestra convivencia según pautas que, pese a su antigüedad, aún siguen lozanas.

Porque sobre ellas se edifican los cargos representativos de los Estados modernos: los parlamentos, los presidentes de República o los Gobiernos que se forman tras los procesos electorales. Y lo mismo procede decir respecto de las corporaciones locales, los Estados federados o las regiones, etc., allí donde existan.

(…) Pero para que “los muchos no puedan mucho” como quería el rey romano Servio Tulio, para que “le pouvoir arrête le pouvoir”, según prefería Montesquieu, o para conjurar la tiranía del pueblo, que describía Adams desde América, las Constituciones se han inventado ingeniosos instrumentos.

Y así vemos cómo ese mismo Estado que cultiva —devoto— el voto alberga en su seno nada menos que un poder, el judicial, que no gira en torno a la urna pues quienes lo administran han sido seleccionados en virtud de sus conocimientos. En ningún caso elegidos y, cuando lo son a través de una elección indirecta, caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, la ley se ocupa de limitar con exactitud quienes pueden participar en la selección: catedráticos, funcionarios de los altos cuerpos del Estado, etc. Es decir, tan solo profesionales muy cualificados.

Por donde se nos cuela otra fuente de legitimidad en las sociedades democráticas a colocar junto al voto popular: a saber, la competencia profesional o técnica. Es verdad que las Constituciones emplean expresiones como “la justicia emana del pueblo” (art. 117 de la española) o “todos los poderes del Estado proceden del pueblo” (art. 20.1 de la alemana) pero ello no significa sino que existe una cadena que liga, aunque sea de forma remota, el nombramiento de todo servidor del Estado democrático con el pueblo. Pero una elección popular de los jueces no existe en el continente europeo.

Avancemos en el razonamiento para consignar que en el mundo moderno, junto a las organizaciones tradicionales del Estado, han surgido decenas de entes, institutos, agencias que se ocupan de dirigir, administrar o vigilar concretos sectores de la acción pública: las telecomunicaciones, los mercados, la radiotelevisión, la seguridad nuclear, la protección de datos… Se les llama precisamente “Administraciones independientes” porque en ellas se desea que esa cadena con el pueblo propiamente dicho y sus representantes sea lo más débil posible. ¿Por qué? Para asegurar el ejercicio, libre de influjos políticos, de sus cometidos y funciones. Un objetivo que solo se puede asegurar si las apartamos de la influencia de gobiernos, ministros, diputados, etc., y confiamos los nombramientos de sus directivos y la selección de su personal a procedimientos técnicos para que puedan actuar después con la mayor neutralidad posible.

(…) Por tanto ya tenemos conviviendo a dos legitimidades: la del voto, básica en una sociedad democrática, y la de la competencia profesional. No olvidemos que ya Hobbes dejó consignado que “nadie es buen consejero sino en los negocios donde está muy versado… lo que no se obtiene más que con estudio”.

Provoca mucho enfado en aquellos compatriotas —como el portavoz de Unidas Podemos— que no admiten que alguien pueda ostentar un poder cuya razón de ser es preciso buscar entre los renglones de un relato antiguo, cubierto incluso por telarañas, encorvados sus protagonistas bajo el peso de batallas e intrigas. Personas que desconocen, como diría un legitimista del siglo XIX, la magia y el brillo de la diadema real.

En la Unión Europea hay siete monarquías, alguna nacida de la propia voluntad de los revolucionarios que alumbraron el país, caso de Bélgica; otras cuyas testas coronadas se surtieron del exceso de oferta existente en los principados alemanes, casos de la monarquía inglesa o incluso danesa… Curioso es un país como Suecia; ¿alguien le negaría su condición democrática? Pues el jefe del Estado, el rey actual Carlos XVI Gustavo, es el descendiente de un mariscal del Ejército de Napoleón que se llamaba Bernadotte, algo así como si entre nosotros hubiera arraigado la monarquía de José I.

Alejémonos pues de los tópicos y preguntemos con sencillez ¿no es bueno que al menos un cargo —de la máxima dignidad— esté sustraído a la contienda electoral? ¿no enseña la experiencia que entre las personas a las que votamos se nos cuela algún que otro botarate? ¿por qué hemos de renunciar a que nos represente el descendiente de una familia llena de blasones (y de miserias como todas las familias), un joven que ha recibido una educación esmerada, habla idiomas y maneja con soltura los cubiertos del pescado? Y por último, ¿ganaríamos algo sustituyendo a don Felipe por algún personaje de nuestro tablado político? ¿no se ha acreditado este monarca como sólido defensor de una España democrática y constitucional en sus intervenciones recientes sobre la crisis catalana?

De donde resulta que, en esta realidad irisada, veo conviviendo tres legitimidades como tres son las personas que conviven en el misterio de la Santísima Trinidad. Pues ¿no es al cabo un misterio la democracia? »

Manuel Aragón Reyes*. Ex catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España.

« Es una característica genuina de la monarquía parlamentaria que su legitimidad de ejercicio tiene más peso que la de origen, pues sin aquella, esta vería muy mermada su eficacia, por la sencilla razón de que, hoy, la monarquía parlamentaria descansa, sobre todo, en su utilidad. En el fondo, esto ya se contenía en la vieja máxima isidoriana: rex eris si recte facies. Ese obrar rectamente, dado el carácter personalísimo de la institución monárquica, se extiende en una doble dimensión: pública y privada, pues no abarca solo el deber institucional de cumplir exactamente las funciones constitucionalmente atribuidas, sino también el deber personal de dar un ejemplo constante de honradez. ( …) Es cierto que, si el defecto personal del rey fuese patente y generalmente conocido, podría impedir, muy probablemente, que el correcto ejercicio institucional desplegase capacidad legitimadora. O dicho más claramente, podría hacer muy difícil que la monarquía sobreviviera.

(…) “La Corona debe (…) velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, solo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren —y la ejemplaridad presida— nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos”.

Es difícil decirlo mejor: por encima de la familia, de los afectos personales, de los sentimientos filiales, está el exacto cumplimiento del deber y la irrenunciable ética pública que han de acompañar a la Corona y a sus titulares; así lo exigen los tiempos, pero también la idea, permanente en una monarquía parlamentaria, de que sin legitimidad de ejercicio la monarquía no puede subsistir. Pocos, creo, han comprendido mejor que Felipe VI lo que la monarquía parlamentaria significa. Los españoles tenemos la inmensa suerte de contar con un buen Rey, con un Rey auténticamente constitucional, no solo por haber accedido al trono y reinar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y por tener una sólida formación constitucional, sino además por su absoluta identificación con los valores que nuestra Constitución exige a la conducta de todos los cargos públicos. »

Bien, llegados aquí, seguro que muchos de ustedes serán capaces de adjuntar otras selecciones que consideren mejores, más pertinentes, o incluso brillantes apologías de la república y tal vez prefieran guiarse por su preferencia utilitaria, moral o estética sin necesidad de mayores fundamentos ajenos.

Espero que de todos modos hayan disfrutado de la lectura de estos textos y sepan disculpar los errores en su presentación.