Lluís Camprubí

En el debate público no hay cuestión más relevante que ver cómo aceleramos y aumentamos la producción de vacunas contra la COVID-19.

La relevancia de la cuestión y de explorar todas las opciones

Es una urgencia tanto sanitaria (llevamos más de 3 millones de muertos en el mundo y centenares de millones de afectados y sin vacunas las proyecciones son catastróficas) como económica. Una reciente estimación publicada en The Economist situaba la reducción de PIB global del bienio 2020-2021 en unos 10 Billones de euros lo que dicho de otra manera significa que cada mes que no controlamos la pandemia se pierden varios centenares de miles de millones de euros.

Por eso vale la pena sopesar todas las opciones, sin descartar ni despachar con ligereza ninguna propuesta. La criticidad de la situación no debería permitir pensar que algo no es factible ni tampoco hacer valoraciones según automatismos o apriorismos ideológicos.

Con la complejidad, matices y derivadas de la situación a cada análisis y propuesta le pueden faltar consideraciones, por lo que hará falta debatir tanto como sea posible. Y por supuesto lo que en un momento no parece recomendable, con el paso del tiempo puede ser una opción de interés.

En estos días ha cogido cierto impulso en ámbitos de la izquierda, de algunos movimientos sociales y de distintos países del “sur” la propuesta de levantar patentes y/o protecciones a la propiedad intelectual (PI) de las vacunas como solución al problema. De hecho, la propuesta ha permeado en ámbitos que podríamos considerar del “establishment” y hasta ha llevado a la administración Biden a considerar y discutir la propuesta.

Y sin embargo, si identificamos el reto como producir más miles de millones de vacunas en los próximos meses, en este momento concreto para este problema concreto puede que no sea la solución. Aunque ello no anula que en el medio-largo plazo deba considerarse.

Ahora el problema de disponibilidad no es de precio ni tampoco de recursos económicos a movilizar. El precio y sus negociaciones afectan a las compras anticipadas, al orden y equidad entre los países a los que llegan pero no a las dosis producidas. Parece también asumido que el problema no quedaría sin solucionar si es por recursos a movilizar desde los distintos gobiernos (todos han hecho el cálculo de la pequeñísima parte que supondría lo destinado a inversión y compra respecto a las pérdidas económicas derivadas de la actual situación, algunos cálculos sugieren un retorno de 5 a 1 por cada euro invertido en aumentar capacidad productiva). Tampoco es una cuestión de acumulación o de forzar la escasez. Parece fuera de dudas que si los laboratorios desarrolladores y fabricantes dispusieran de más capacidad producirían más ya que sería bueno para su negocio.

La escasez de vacunas se debe a la falta de capacidad de producción. Y ésta puede ampliarse ampliando capacidades de los actuales licenciatarios y fabricantes y asegurando la transferencia tecnológica y de conocimiento (el “know-how”) entre quienes lo tienen y los posibles fabricantes.

Los retos en el aumento y aceleración de producción de vacunas

Venimos (pre-pandemia) de unas capacidades productivas de vacunas (en todas sus tecnologías y para todo el rango de patologías) de unas 5 mil millones de dosis anuales.

Estos días se ha llegado al hito de haber fabricado mil millones de dosis entre las distintas vacunas para la COVID-19. Algunas proyecciones sitúan que en el próximo mes podríamos producir otros mil millones y que al acabar 2021 se podrían haber fabricado cerca de 12 mil millones de dosis (recordemos que en números redondos a dos dosis por ser humano se requerirían unos 15 mil millones de dosis, aunque haya vacunas que funcionen con 1 dosis). Esto nos habla de un escalado de la producción relevante, aunque claro está insuficiente a la urgencia actual.

Pero fabricar vacunas es un proceso de alta complejidad en el que disponer de una instalación adecuada es sólo un aspecto más. Y fabricar una vacuna en una planta ya existente no es simplemente adaptar una línea de producción.

En una sesión en la Chatham House entre distintos actores implicados se resumía así la complejidad del reto de ampliar capacidades:

Vaccine manufacturing processes (upstream, downstream, fill-and-finish) are highly complex and involve cutting-edge science and technologies. Effective manufacturing capacity expansion needs to overcome major challenges, including but not limited to the need for highly specialised equipment, qualified and trained personnel, difficult and time-consuming technology transfers, and, not least, managing complex international supply chains frequently involving more than 100 components.

Vale la pena leer el documento técnico de la sesión para profundizar en todas las dimensiones del reto. Implica sincronizar cadenas de suministros globales de centenares de componentes, algunos de ellos muy dispares y que muestran ya tensión en los mercados como pueden ser por ejemplo las bolsas de plásticos estériles para hacer crecer líneas celulares o los nanolípidos de las vacunas mRNA. Implica disponer de equipos altamente sofisticados e instalaciones que permitan asegurar la calidad y seguridad. La garantía de la calidad de lo producido es un aspecto crítico en el caso de las vacunas y más lo sería para fabricantes terceros. E implica muchos otros aspectos críticos logístico-productivos. Pero en especial implica disponer de personal formado específicamente y de haber recibido la difícil transferencia tecnológica y de conocimiento por parte de quién ha desarrollado con éxito el proceso productivo.

Intentar fabricar vacunas sin estos dos últimos elementos no es posible. Es intentar encontrar la receta a través de un ensayo-error que podría durar meses y años. No estamos hablando de una molécula sencilla que por ejemplo por retrosíntesis sea deducible, como podría pasar con los fármacos antirretrovirales. Y para lograrlo tampoco es suficiente la documentación de la patente o los dossiers regulatorios.

Esta consideración vale tanto para las vacunas “tradicionales” como para las mRNA. Para el caso particular de las de tecnología mRNA les recomiendo la lectura de este comentario de Derek Lowe acerca de su fabricación. Simplemente no hay fábricas terceras con los equipos para producirlas. Además, hay multitud de pasos críticos, no sólo el que se podría pensar de la transcripción a mRNA. Elementos como el microencapsulamiento en los ya comentados nanolípidos requieren de un desarrollo tecnológico y unos conocimientos adquiridos muy específicos.

En estos momentos no está claro que ahora haya mucha capacidad ociosa que sea reconvertible y activable de inmediato para la fabricación de vacunas COVID-19. De hecho, el gran productor indio (Serum Institute of India) empieza a sufrir estrés en su capacidad productiva (especialmente pensando en las posibles exportaciones) entre otras cosas debido a limitantes productivos y al crecimiento exponencial de la pandemia en India. En este sentido puede ser interesante cuáles podrían ser fabricantes terceros en distintos países a través del llamado realizado por la OMS para que potenciales fabricantes expresen su interés y poder conectarlos con los licenciatarios.

Por todo ello no se puede concluir que levantar patentes/PI sea una bala mágica al respecto ni que deba ser el Plan A.

La clave es la transferencia tecnológica y de conocimiento, no las patentes

Así pues debería ponerse el foco en qué hacemos para asegurar tanto que las capacidades productivas de los laboratorios titulares y fabricantes se amplían y aceleran como en asegurar que a través de la transferencia tecnológica y de conocimiento otros fabricantes autorizados puedan producir. A nadie debería escapársele que para que haya esa transferencia debe haber voluntad por ambas partes, especialmente por parte del desarrollador.

Como explica Rachel Silverman del Center for Global Development, sin esa transferencia de poco sirven levantamientos de patentes/propiedad intelectual para ser usadas por parte de posibles fabricantes de vacunas. Refiriéndose al intentar fabricar a partir de la documentación de patentes y dossiers regulatorios sin la colaboración del desarrollador, comenta:

Observing their contents is insufficient to allow for imitation. Instead, to produce the vaccine, manufacturers need access to the developer’s “soft” IP — the proprietary recipe, cell lines, manufacturing processes and so forth. While some of this information is confidentially submitted to regulators and might theoretically be released in an extraordinary situation (though not without legal challenge), manufacturers are at an enormous disadvantage without the originator’s cooperation to help them set up their process and kick-start production. Even with the nonconsensual release of the soft IP held by the regulator, the process of trial and error would cause long delays in a best-case scenario. Most likely, the effort would end in expensive failure.

Es comprensible que la angustia y la impaciencia generada por la situación empujen a buscar soluciones de formulación nítida como puede ser el levantamiento de patentes/PI. Pero como siempre que se propone algo conviene pensar el “de acuerdo, se aprueba, y ahora qué”. Así que hagamos el ejercicio hipotético. A mi entender el escenario más posible sería el siguiente. En el supuesto más optimista para los partidarios de la medida, previamente transcurrirían unos meses de intensa batalla política a todos los niveles hasta que las principales instituciones implicadas lo asumiesen (desde los principales países y la UE hasta la OMC). En ese momento empezaría una batalla legal y un obstruccionismo sin precedentes por parte de la industria farmacéutica implicada (al margen de la valoración que nos merezca su actuación, en su lógica sería percibido no sólo como un ataque a un lucro concreto sino como un ataque existencial). No sería falta de colaboración, que también, sino un antagonismo activo. Cualquier mecanismo coercitivo sería respondido arrastrando los pies y con lenta traducción e implementación. De manera que nos situaríamos fácilmente en un escenario en que hayan transcurrido dos años y los posibles fabricantes “genéricos” aún no supieran fabricar las vacunas y con un futuro aún más incierto. Todo esto a mi entender lo aleja como solución inmediata al problema, y más si se va consolidando la tendencia hacia la preferencia de vacunas de tecnología mRNA en las que lo menos importante es tener una sala ya construida.

Quienes proponen el levantamiento concreto de patentes/PI asumen y reconocen que en el corto-medio plazo (meses/un año) no supondría un aumento de capacidad productiva real y operativo pero alegan que podría servir para impulsar potencial y capacidad productiva en un horizonte más lejano (algunos años). Así pues, pensando en el qué hacer a medio-largo plazo tendrá que valorarse si este posible e incierto aumento a largo plazo sería superior al conseguido con un enfoque menos unilateral. Personalmente tengo dudas, pero debido a la incertidumbre es un recurso a considerar de aquí a un tiempo cuando tengamos una imagen más clara de las necesidades y dificultades en ese momento.

En el mientras tanto es importante entender (no para justificar pero sí para revertir) las reticencias que la industria desarrolladora tiene en transferir el “know-how”. Cualquier política pública que busque promover y agilizar las transferencias tecnológicas y de conocimiento deberá incorporarlo en sus análisis y búsqueda de soluciones. Hay una relativa escasez de socios perfectos pero ciertamente hay más potenciales fabricantes que los que cada industria en particular pueda considerar como ideales por lo que hay campo de acción en el fomento de alianzas y cooperaciones entre industrias. Están produciéndose partenariados y acuerdos entre desarrolladores y fabricantes pero son necesarios más, sin duda. En las vacunas “biológico-derivadas” (proteína, vector viral, virus atenuado,…) las razones de la industria para ser selectivos en los acuerdos y colaboraciones son resumidamente de control de la ganancia económica y de evitar demasiada colaboración con socios que en otros productos pueden ser competidores. Pero en el caso de las vacunas mRNA hay un factor adicional que debe considerarse: la tecnología mRNA puede servir para para multitud de patologías, aparte de vacunas contra enfermedades transmisibles, también para el abordaje del cáncer por ejemplo. Lo que implica que la pérdida de control de la tecnología es una de las preocupaciones de los desarrolladores cuando establecen acuerdos de fabricación con terceros.

Levantar patentes/PI ahora puede ser acabar dando la batalla equivocada en el momento equivocado, perder un tiempo importantísimo para ampliar capacidades y quemar un cartucho valioso. Ello no debería implicar descartar la opción un futuro a medio plazo. Pero para ahora sí que debe implicar elegir qué estrategia se sigue. O levantar patentes/PI o empujar para asegurar que haya una transferencia tecnológica a fabricantes que garantice la extensión de licencias voluntarias. Ambas a la vez no son posibles ya que mientras una necesita de la colaboración de la industria la otra implica confrontación.

La legitimidad de la propuesta sobre las patentes no implica su utilidad

Nadie puede dudar que el activismo para la supresión de patentes /PI tiene el objetivo más que justo y necesario de hacer llegar vacunas a toda la población humana en un contexto de emergencia y urgencia. Y que las vacunas sean un bien público global es algo ampliamente compartido.

Razones de legitimidad a este activismo no le faltan. Como bien se señala, una muy buena parte de la investigación básica y del desarrollo final de las distintas vacunas se ha financiado con fondos públicos. En el caso de BioNtech (y por tanto, afecta a la vacuna “Pfizer”) se ha apuntado que el gobierno alemán financió con 400 millones las fases finales en su fabricación industrial, pero a esa cantidad habría que añadirle multitud de partidas en investigación más básica financiada por ejemplo a través del programa europeo Horizon. En el caso del desarrollo financiado por la administración estadounidense es interesante ver en esta tabla de su Oficina Presupuestaria las cantidades asignadas (diferentes según cada laboratorio) tanto en los tramos básicos de investigación y ensayos clínicos como de desarrollo final y producción. Son cantidades muy relevantes que deberían merecer que el interés general formase parte la lógica en su producción y comercialización. Esto anula buena parte del único discurso oído hasta ahora a la industria que insiste en que se deje hacer al mercado y que si se alteran las normas de propiedad intelectual el sistema de innovación para futuros fármacos podría colapsar. Estamos en una situación única en que si levantar las restricciones de PI pudiese contribuir a aumentar la disponibilidad de vacunas se debería hacer, sin que ello significara un deterioro del futuro desarrollo de fármacos, tanto por la singularidad de la situación como por la fuerte financiación pública que ésta recibe.

Además, la campaña contra la PI (o por las licencias obligatorias) está teniendo una derivada interesante. Aunque ya hemos dicho que tendría un efecto nulo en la disponibilidad global de vacunas en el horizonte temporal de interés sí que su presión podría ayudar en un doble sentido: para hacer notar la presión a las industrias y para dar más fuerza negociadora al ámbito público con el objetivo de forzar más acuerdos voluntarios de producción con transferencia tecnológica.

Pero eso sí, es más importante que nunca clarificar cuál es el objetivo. Hay actores en el movimiento que seguramente ven la ocasión de crisis como una oportunidad para una agenda de ruptura en el ámbito de la I+D y producción farmacéutica. En la que la crisis actual es un componente táctico e instrumental. Pero si lo que se quiere es solucionar es la escasez de vacunas actual -aunque cueste- deberían apartarse los enfados y agravios pendientes con la industria, intentando no aprovechar para ajustar cuentas en un escenario de crisis aguda. La lógica de simpatías/antipatías no ayuda. Hay quien pueda decir que si no es en este momento de crisis cuándo es el momento de plantear estos cambios. Mi intuición es diferente. Es precisamente en estos momentos que es demasiado arriesgado buscar disrupciones. Lo que no anula que ciertamente en el futuro debamos replantear el actual modelo de desarrollo y producción de medicamentos.

La discusión pues, desapasionadamente, debería centrarse en cuál es la vía más efectiva para aumentar la producción en este contexto concreto. A mi me parece que fomentar desde lo público más capacidades productivas puestas al servicio de producir vacunas y apretar para que haya más acuerdos entre privados es la mejor manera. Vale la pena que todo el mundo escuche las razones de todo el mundo. Pero para esta situación concreta. Ya que tampoco es razón decir que lo que funcionó en otras crisis de medicamentos (en particular con el VIH y los antiretrovirales) puede funcionar en ésta (ni nos ocupa una molécula sencilla de la que es fácil hacer genéricos ni la barrera es el precio).

Es pues necesario afinar las reivindicaciones, las propuestas y los tiempos para cada momento. Así, aunque quizás no sea una reivindicación tan resumible como levantar PI, la clave para este momento es aumentar capacidades productivas de los laboratorios ya fabricantes y fomentar y asegurar acuerdos de licencias entre quienes tienen la licencia (y el “know-how”) y posibles socios fabricantes.

Para lo primero hay multitud de elementos a impulsar desde lo público (ampliaciones productivas, nuevas plantas, optimización de procesos,…) y muy diversas formas de financiación (condicionándola al interés general) para acompañarlo. En este sentido es importante señalar que sólo lo público puede hacer la inversión para asegurar saltos de escala productivos suficientes, ya que el sector privado para evitar el riesgo y la incertidumbre de futuro opta por unos incrementos gradualistas muy por debajo de la necesidades. Para lo segundo los gobiernos deben arremangarse para facilitar (apretando cuando así sea necesario) los acuerdos de licencia voluntarios entre industrias más allá de los que a éstas les resulten confortables e ideales. Para esto último el sector público debe creerse su fuerza y aprovechar también todos los elementos coyunturales para la presión negociadora.

La necesaria aunque fastidiosa colaboración tensa con la industria desarrolladora

Hay que asumir que ni el sector público ni potenciales fabricantes privados tienen autonomía y suficiencia para saber producir las vacunas covid-19 al margen y con antagonismo de la industria desarrolladora. En el caso del ámbito público desafortunadamente después de unas décadas de delegación extrema de funciones en la actualidad su rol en el proceso productivo es de validador de la documentación que le subministra la industria. Quizás en el futuro sí se tenga esa capacidad al margen de los desarrolladores, pero ahora no y por lo tanto corto recorrido tienen las estrategias de confrontación total y las lógicas conflictuales. Ello puede leerse en clave correlación de debilidades, que deben asumirse como las insuficiencias, pero también en clave de interdependencias.

Explorar y profundizar esa vía colaborativa de transferencia es la mejor manera en este contexto de complejidad, como señala Esteban Burrone del Banco de Patentes de Medicamentos en esta interesante entrevista en la que apunta también todo el campo por recorrer en la materia.

Lo cierto pero es que en esta interdependencia tampoco es que la industria desarrolladora tenga todas las ventajas negociadoras. Si sigue con el mantra dogmático de la preservación de la innovación como argumento se quedará sin aliados, y si no acaban generándose suficientes colaboraciones y aumentando la producción de forma suficiente es posible que se abra una vía más conflictiva y de cuestionamiento integral, aunque ello acabase implicando más dificultades en conseguir el objetivo de aumentar la producción.

Pero como se ha visto de momento se han ampliado capacidades productivas de forma relevante y en algunos casos gobiernos (el francés sin ir muy lejos) ya han promovido/facilitado acuerdos entre laboratorios competidores. Lo necesario ahora es aumentar la escala de las colaboraciones. Ello tiene que ir dando frutos. Aunque el sector público no debería olvidar la que debería ser una de las lecciones para la UE de la contratación de vacunas: no debe confiarse y dejar en manos del mercado la solución de los problemas y por lo tanto se debería adoptar un rol más activo (desde las cadenas de suministros a los equipos e instalaciones de producción). En este sentido, desde la UE parece que se están aprendiendo algunas lecciones y poniendo muchas energías en aumentar y asegurar la producción, ampliando capacidades y fomentando acuerdos de licencia como señala Thierry Breton.

Eso sí, el ámbito público tiene y debe usar más su fuerza negociadora, también la que puede darle el activismo social. Lo primero que debe decirse es que el sector público tiene suficiente fuerza y capacidad de presión para aumentar los acuerdos voluntarios de licencia y para con una condicionalidad más ambiciosa contribuir a ampliar instalaciones. Y en lógica negociadora hay muchos elementos que poner sobre la mesa. De especial interés resulta la carta que tiene el gobierno estadounidense. En el caso de las vacunas de tecnología mRNA el ámbito público contribuyó al desarrollo básico de la tecnología lo que en lógica conflictiva podría impugnar la patente de los desarrolladores privados.

Un acuerdo global para el impulso de la producción, financiación, aseguramiento de las cadenas de suministro y la transferencia tecnológica

Parece que, a pesar de todo, las cosas se mueven y se va construyendo un cierto nuevo consenso basado en el fomento de la transferencia tecnológica y el aseguramiento de las cadenas de suministros. Actores relevantes como la OMC y la OCDE empiezan a dibujar posibles acuerdos globales en ese sentido.

Hay muchas voces que plantean la necesidad de un gran acuerdo global. En lógica sanitaria se sugiere por parte de la OMS, la UE y otros actores un Tratado para pandemias (Pandemic Treaty) para estar mejor preparados frente a nuevas pandemias. Y en el plano económico hay cada vez más voces que sugieren un planteamiento global, coordinado e integral que asegure el aumento sostenido y escalado de la capacidad de producción, evitar los obstáculos en las cadenas de suministros, facilitar la transferencia tecnológica con atención a las preocupaciones de los desarrolladores y vinculando desarrolladores y fabricantes, que convierta a COVAX en la herramienta con la potencia suficiente que necesita y que pueda financiar la provisión de aquellos países con mayores dificultades.

Es importante señalar que en este caso este planteamiento integral y global tiene un sentido también en el medio plazo ya que como se empieza a apuntar es posible que se vayan requiriendo en el futuro nuevas dosis, tanto para recordatorio/refuerzo de la inmunidad como para proteger frente a nuevas variantes que escapen a la protección de las actuales vacunas.

Lecciones para la I+D y producción farmacéutica para el futuro

Aunque el momento de crisis aguda no parece el mejor momento para una transición y cambiar en curso el sistema de I+D y de producción de medicamentos y vacunas, en el futuro deberá abordarse el necesario cambio de modelo.

Para ello lo primero será aprender las lecciones que esta (y otras crisis) nos han proporcionado. La más evidente es haber dejado en manos del mercado demasiadas áreas críticas en la investigación, desarrollo y fabricación industrial de medicamentos clave y estratégicos. Y confiar en que los mecanismos de mercado irían corrigiendo aquellos fallos, tanto de mercado como de suministro. Y la segunda lección es haber renunciado a toda ambición en la condicionalidad cuando se financia investigación y desarrollo de medicamentos. Así pues, en las condicionalidades de financiación que se negocien de futuro deberán introducirse cláusulas de interés general, de compromisos activos si se requiere transferencia tecnológica y de mayor implicación en la dirección sobre los frutos de esas investigaciones y desarrollo.

Pero la implicación del sector público no debería acabar aquí, en esta parte más “pasiva” de condicionar la financiación. Como señala Mazzucato y su equipo debemos prepararnos para próximas epidemias dando más capacidad en el sector público y en particular replantear tanto la I+D como la producción en el sector, de manera que lo público pueda dar forma y priorizar los mercados que considere, que lidere y marque proactivamente cuáles son las necesidades de investigación, que sea más co-titular de la propiedad intelectual y que pueda producir aquello que sea o deba ser un bien público global.

Para todo ello el contexto ayudará en el momento que se reescriban las normas. Estamos asistiendo a una falla de la hegemonía neoliberal en la que va haciéndose evidente que lo público y el gobierno ya no son el problema, de manera que un nuevo Consenso va emergiendo. Y esto también tendrá que tener su concreción en el ámbito sanitario y médico-tecnológico.