Juanjo Cáceres
Se acercan las elecciones catalanas. Tan solo faltan tres meses para su celebración mientras seguimos profundizando en un clima de agotamiento social causado por las severas consecuencias de la pandemia y el desgaste político acumulado por el Govern en el último año. Esa misma pandemia está condicionando el itinerario preelectoral, como también lo hizo en Galicia y País Vasco unos meses atrás: la sensación de precampaña es inexistente, la identidad de las fuerzas políticas que concurrirán y de los candidatos y candidatas participantes ofrece aun importantes dudas y en estas primeras elecciones posteriores a la aplicación del 155, el espacio independentista y soberanista parece que participará con un gran número de marcas electorales que competirán entre ellas.
En ese marco, los socios del Govern (ERC i Junts) se muestran poseídos por sus batallas internas y desbordados por los múltiples frentes abiertos por la Covid19. Para muestra un botón: la nefasta gestión de las ayudas para autónomos orquestada por la Generalitat la semana pasada, que generó enfado e indignación en el colectivo a partes iguales. Ello está teniendo como consecuencia que los elementos clásicos del debate político catalán lleguen desdibujados y desubicados. Desde la marcha forzosa de Quim Torra han pasado a segundo plano las reivindicaciones nacionales pero, si se me permite la metáfora, algunos grandes éxitos de la radio se han trasladado desde las emisoras catalanas a los 40 Principales, directamente: esto es, al debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, donde hace algunos días aterrizaba el blindaje de la inmersión lingüística.
La cuestión daría para no pocos análisis, si bien no es mi intención entrar en ellos. Aun así, ligado a lo anterior, sí que ha llamado mi atención un tuit de Gabriel Rufián: https://twitter.com/gabrielrufian/status/1328755823456161804
En él se reproduce un fragmento de una intervención suya, durante la cual pone en evidencia la imposibilidad de hacer un uso normal del catalán en el Congreso de los Diputados, forzando a que Meritxell Batet le impida a continuar un discurso que estaba emitiendo en dicha lengua. A mí, personalmente, más allá de la puesta en escena y del gusto de ERC por construir artefactos que desvíen la atención de los graves problemas que le afectan (en este caso, el cese al completo de la cúpula de la Conselleria d’Afers Socials anunciado en los últimos días), me parece sonrojante que un diputado o diputada no pueda expresarse en el Congreso en una lengua oficial hablada en el Reino de España, que se aleguen barreras de comunicación que no existen en lenguas de raíz latina y que no haya traductores orales capaces de superar las que hubiera en ese caso o de manera natural con el Euskera. Todo esto, como digo, es sonrojante y un argumento regalado a los que quieren vivir permanentemente del agravio.
España tiene un problema con el pluralismo en general, que es especialmente sensible en el caso territorial. Lo puso en el foco en su día Podemos al reivindicar la necesidad de repensar la España plurinacional. El catalán no es una lengua con la que insisten dar la tabarra algunos catalanes, ni la Generalitat una institución desde la que se “trolea” las instituciones estatales. Al menos no solamente: las instituciones desde las que nos gobernamos son todas ellas el fruto de un devenir histórico, como también lo son las lenguas del Estado.
La Generalitat es una institución heredera de la Diputació del General, que en la edad media consistía en un órgano permanente compuesto por los estamentos representados en las Cortes. Unas cortes que asimismo constituían un órgano limitador de los poderes del monarca y que le obligaban a observar las leyes constitutivas del derecho catalán. Un derecho que incluso sobrevivió en parte al Decreto de Nueva Planta (concretamente aspectos del derecho privado, el procesal, el penal y del ordenamiento jurídico), al que siguió en el conjunto del territorio hispano, ya en el siglo XIX, una disputa por la defensa o recuperación de los derechos históricos de distintas comunidades territoriales en un marco de construcción de un estado fuertemente centralista, culminada con éxito de forma temprana en el caso de Navarra y los territorios vascos y más tarde, ya en la segunda república, por parte de Cataluña.
El Estatuto de 1932 representaba la recuperación de un modelo compuesto de la unidad de España basado en el respeto de la diversidad de sus territorios. El Real decreto ley de la Prefectura del Estado 41/1977, de 29 de setiembre, que restablecía la Generalitat provisional de Catalunya, denominándola “institución secular en la que el pueblo catalán ha visto el símbolo y el reconocimiento de su personalidad histórica”, hacía lo propio tras la Dictadura. Las comunidades autónomas profundizaron en el reconocimiento de la pluralidad institucional, pero las lenguas territoriales, pese a ser oficiales, siguen siendo tratadas como un cuerpo extraño cuando salen de su propio territorio o cuando son usadas en instituciones estatales.
Sin duda este es un debate que no está completo si no abordamos el reparto lingüístico que atribuyen a las lenguas oficiales las legislaciones autonómicas, pero en lo que nos ocupa hoy, cabe reseñar que el castellano se usa con asiduidad y sin ningún tipo de limitación en el Parlament de Catalunya y en cualquier otro parlamento regional. La asimetría en lo que a las cámaras estatales se refiere es evidente y rechazable. Como también lo es el deterioro institucional al que se ha visto sometido en los últimos años la Generalitat por el mal gobierno y por la pésima gestión del pluralismo político y la plurinacionalidad en el Reino de España en su conjunto. Decídselo a vuestro cuñado.