Juanjo Cáceres

La jura de la Constitución por parte de Leonor, el pasado 31 de octubre, confirmaba a la primogénita de Felipe de Borbón como heredera al trono. Ese paso, que a muchos les puede parecer anecdótico y propio de un modelo de jefatura del estado caduco, tiene una relevante dimensión histórica que no es baladí destacar, se esté o no de acuerdo con la continuidad de las monarquías constitucionales. También a pesar de que sea inevitable que dicho acto se haya convertido, en buena medida, en un evento para ganar aceptación y rédito por parte de la familia borbónica y para promover su permanencia en el trono.

Es necesario hacer un poco de historia. Hasta la fecha, sólo una mujer se ha sentado en el trono de España: Isabel II. Isabel la Católica nunca fue otra cosa que reina de Castilla. Su hija, la reina Juana, heredera de los derechos dinásticos de sus padres, los Reyes Católicos, fue privada de ejercerlos por su discutida condición de loca, en beneficio de su esposo Felipe, primero; de su padre Fernando después, convertido en regente de Castilla mientras ella ingresaba en el real monasterio de Santa Clara; del cardenal Cisneros, y, finalmente, de su hijo Carlos, el rey emperador. Tanto la violencia monárquica ejercida contra Juana, como la guerra civil desatada en su momento en Castilla por la designación de Isabel la Católica como heredera, nos evidencia el elevado coste que tuvo para ambas su voluntad de ejercer los derechos dinásticos.

Pero las cosas no fueron diferentes después. Habrá que esperar hasta el siglo XIX para que una mujer disponga de nuevo de la posibilidad de acceder al trono. Y nuevamente tendrá lugar una disputa dinástica, con motivo de la derogación en 1830 del reglamento de sucesión de 1713, que había establecido hasta la fecha la primacía del varón: en este caso, entre la hija de Fernando VI, Isabel, a través de la reina regente María Cristina, y Carlos María Isidro, hermano del anterior monarca, lo que propiciará el estallido de la primera guerra carlista.  Pero el triunfo del bando liberal hará que sea precisamente durante este reinado cuando quede extinguida para siempre la monarquía absoluta, defendida a sangre y fuego por Fernando VI. Y se extinguirá con la promulgación del Estatuto Real de 1834 por parte de la reina regente, al que siguió poco después la restitución temporal de la Constitución de 1812 y finalmente la promulgación de la Constitución de 1837.

Del reinado de Isabel II es necesario destacar el negativo balance historiográfico que se ha hecho de la monarca, pero más aun el tenebroso retrato que de ella hizo la sociedad de la época, que la trató de libertina, promiscua o ninfómana y realizó numerosas ilustraciones que hoy consideramos indudablemente pornográficas, así como infinidad de ilustraciones satíricas. También fue y es habitualmente cuestionada en sus dotes intelectuales o por lo poco educado de su comportamiento, por lo que pese a haber logrado ejercer de monarca en primera persona durante buena parte de su vida -desde 1843, con 14 años, hasta la Revolución Gloriosa de 1868-, compartió muchas de las penalidades vividas por su antecesora Juana.

Pues bien, estas son las reinas de España hasta la fecha. No ha habido más. Pudo haber otra, pero tampoco logró reinar. Me refiero a la infanta Elena, a la que pese a ser la primogénita de Juan Carlos I, se le impidió acceder a la Corona gracias al redactado de la Constitución del 78, que en su artículo 57.1 dice así:

“La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”.

En efecto, el régimen de sucesión establecido en democracia no fue lo bastante igualitario como para no privar a las mujeres de la Corona aunque hubiera un hijo varón. De ahí que fuera Felipe, y no Elena, quien juró el texto constitucional en 1986. Ese redactado, tras 45 años de vigencia del texto constitucional, no se ha modificado, por mucho que se haya hablado de ello, lo que choca con el espíritu igualitario de nuestro tiempo, y si se encuentra vigente es porque fue votado, entre otros, por el PSOE y el PCE, partidos con presidente y ministro rigiendo actualmente el gobierno del Estado.

Teniendo en cuenta las limitaciones que la Constitución impone a las mujeres para acceder a la Corona y también las dificultades que las herederas de los derechos monárquicos han vivido para intentar ejercerlos, el juramento de Leonor era mucho más que un acto solemne o protocolario. Era sin ningún tipo de duda la primera vez que la hija de un monarca era proclamada heredera sin ser cuestionada por familiares, por políticos o por la sociedad española, debido a su condición de mujer, y eso era algo mucho más importante que ofenderse por las operaciones de reivindicación monárquica. También la primera vez que una mujer sin sangre real por parte de madre formalizaba su primera posición en la línea de sucesión.

De ahí que yo al menos considere la ausencia de las ministras de Podemos y del ministro de Izquierda Unida del acto de juramento, en primer lugar, inadecuada desde el punto de vista institucional: cuando uno es ministro o ministra, lo es para todo, para lo que te gusta y para lo que no, y se debe ejercer ese cargo o cualquier otro cargo de gobierno por encima del de militante de partido. Pero, sobre todo, miope. En el caso de Podemos, porque por mucho que se considere, con razón, que la monarquía es la quintaesencia de la desigualdad, son ellos los que se erigen en paladines de los derechos de la mujer. Y no es menos patriarcal la forma como se ha impedido históricamente que las mujeres también reinen, que tantas otras formas de desigualdad en derechos. Por lo que al ministro comunista se refiere, qué menos estar presente teniendo en cuenta que su formación que fue precursora del actual texto constitucional y todo lo que implica.

Más comprensible fue la ausencia de otros grupos parlamentarios, pues al fin y al cabo no comparten obligaciones de gobierno, pero tal vez tampoco era necesario redactar comunicados descalificando a la monarquía justamente ese día. Hay otros espacios, lugares y momentos para exigir la profundización democrática y reclamar el carácter electivo del jefe del estado. Pero, en cambio, no hay muchas oportunidades de explicar cómo el pasado y presente de la Corona muestra hasta qué punto las mujeres han estado excluidas del ejercicio del poder. O de denunciar las artimañas y acosos de los que han sido objeto -cuestión, por cierto, que tienen en común reinas de nuestro pasado y la ministra de igualdad de nuestro presente- y de revindicar que no hay tradición monárquica que justifique la subalternidad de las mujeres en los derechos de sucesión. Ni en este caso, ni en ninguno.

Finalmente, también hay mejores momentos para cuestionar la monarquía que en pleno proceso de negociación y acuerdo para amnistiar a las personas encausadas por los hechos de octubre de 2017. Porque no debe olvidarse que la amnistía es una enmienda de hechos afectados por lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, donde lo que se plantea es que las máximas instituciones del Estado accedan a realizar una ley para que la justicia se aplique de modo distinto sobre esos hechos. Y que se espera que todo el sistema institucional, del que también forma parte la monarquía, la acepte, pese a que también se implicó en aquellos hechos y expresó el más profundo de sus rechazos.

Por lo tanto y sin ánimo de sonar repetitivo, menos polarización y más altura de miras.