Marc Alloza

Durante los meses de verano hemos asistido en España al despliegue de la quinta ola de Covid. La escalada empezó en la última semana de junio y llegaba a su máximo en las dos últimas de julio. A partir de entonces, el número de contagiados ha ido decreciendo, aunque a ritmo mucho más lento al del aumento inicial. A pesar de ello, a estas alturas de septiembre, la incidencia acumulada sigue instalada en la franja de mayor riesgo con 162  casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Indudablemente las vacunas y el masivo proceso de vacunación han evitado consecuencias peores que probablemente hubieran derivado en un nuevo confinamiento.

En los últimos meses España ha consolidado, primero el suministro de los distintos tests de detección de Covid. En segundo lugar el acceso a las vacunas, contando a 6 de septiembre con un excedente de 7 millones en las neveras. En el resto del mundo, a pesar de los continuos llamamientos a no monopolizar el mercado de vacunas o suspender las campañas de las terceras dosis, la realidad es que  solo el 20% de las personas de los países de renta baja o media-baja han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, en comparación con el 80% de las naciones de ingresos altos o medio-altos (La OMS pide una moratoria hasta fin de año para las dosis de refuerzo). El porcentaje de vacunados de los países que aportan datos en África es del 5,9%  y tras estos ocho meses de campaña de vacunación todavía hay muchos países cuyo porcentaje de vacunación es próximo a cero.

Pero volviendo a España, al margen del proceso de vacunación, los protocolos Covid también han contribuido a atenuar la situación. No solo ahora si no durante toda la pandemia. No obstante este verano me han sorprendido dos casos particulares acontecidos a amistades próximas, que me han llevado a poner en duda si los objetivos de determinadas actuaciones de estos protocolos están correctamente alineados. No se puede generalizar a partir de casos particulares, pero en esta ocasión los casos particulares me han permitido llegar hasta el procedimiento general.

El primero de los casos le pasó a un amigo a mediados de julio. Un compañero de su trabajo había dado positivo en Covid. Cómo lo contrajo daría para otro artículo o historieta para que a cada cual le vuele la imaginación sólo dejaré caer: Torneo internacional, luchadores y aeropuertos de terceros países.  Él y todos los compañeros que comparten la oficina y el office dónde comen diariamente más de 15 minutos y sin mascarilla, llaman al teléfono de consulta habilitado por la consejería de sanidad. Para sorpresa de todos, uno tras uno, e incluso alguno dos veces pues no daba crédito, recibió la misma información. Dado que todos estaban vacunados con pauta completa no había lugar a realizar ningún tipo de prueba ni PCR ni de antígenos y tampoco era necesario auto-confinarse. Vida normal trabajar etc. Como único consejo se les recomendó no acudir a sitios con mucha afluencia de gente durante unos días. Y es que, efectivamente, el protocolo sanitario de la Generalitat de Catalunya era tal cual, ya que así se había decidió a principios de julio. Que decir tiene que alguno acabó por hacerse un test de antígenos de forma privada por si acaso. Pero la norma era que, en plena rampa de ascenso del número de contagiados, no era necesario prevenir que hubiera brote entre que los contactos directos.

El segundo caso se dio a final de agosto. Un amigo con vacunación pauta completa empieza a tener síntomas dolor de cabeza y el pañal cargadito de su hijo que no le huele a nada. En el centro de atención primaria le realizan una PCR y le recomiendan aislarse. En su casa, su pareja es persona de riesgo vacunada con pauta completa y dos menores de 12 sin vacunar. Al tratarse del periodo vacacional familiar, contactos domésticos directos 24/7. Tras conocer que es positivo expone la situación y le informan que no ha lugar a pruebas adicionales a sus contactos directos, entre ellos sus convivientes, a menos que presenten síntomas, incluso si no están vacunados o son personas de riesgo. A pesar de ello, informa a otra familia de amigos con los que habían coincido dos días antes en otra comunidad. Esta familia de vacaciones en Aragón informa de la situación a los servicios médicos de la comunidad que por el contrario les recomienda aislamiento y les cita para un hacer una PCR a todos los miembros en menos de dos días. Mientras tanto al día siguiente, la familia del contagiado insiste en la realización de pruebas a los otros tres miembros. Finalmente, pasados unos días se les realiza, puesto que empiezan a manifestar síntomas. Los niños dan positivo. En Aragón en cambio ofrecen realizar seguimiento a la familia con nuevas prueba PCR a los cinco días aunque habían dado negativo.

Pasados diez días termina la baja del padre y debe reincorporarse al trabajo. Para Catsalut, tampoco ha lugar a realizar una prueba de comprobación de si todavía es positivo en Covid. La empresa, por precaución, le realiza una prueba diagnóstica previa reincorporación. Positivo, tres-cuatro días más de baja y una otra prueba a cargo de la empresa, negativo. Vuelta al trabajo.

Mientras el foco se ponía en la avance de la vacunación, se desatendió el tratamiento de los contactos directos a contagiados. En el primer caso en pleno ascenso de la quinta ola a los contactos directos de contagiados no se les filtraba en caso de estar vacunados no contribuyendo este hecho a prevenir la propagación. En el segundo caso hemos comprobado que tampoco se filtraba a niños no vacunados ni a personas de riesgo vacunadas. Cuando era más que palmario que muchos vacunados contraen la enfermedad por lo que se continuó sin prevenir la expansión de brotes.

El motivo que se esgrimió para no realizar tests a contactos directos era la de “evitar el colapso de los ambulatorios”. No me parece muy razonable cuando se habilitó que los test rápidos de antígenos se pudieran hacer en farmacias y estas informar al Catsalut de forma oficial. La validez de estos auto-tests privados supervisados por farmacéuticos y comunicados es total, llegando a ser válidos ante los servicios sanitarios de otras comunidades como Baleares que exige test de antígenos o PCR 72 horas antes de entrar en esa comunidad. Puede ser un problema de colapso pero también económico puesto que estos auto-test podrían ser sufragados por la sanidad pública pero no lo son. Supongo además que aquí también se le suma la falta de crédito de la administración pública con las farmacias.