Carlos Hidalgo

El inefable consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, de la Junta de Castilla y León, declaró que mantener los operativos de incendios todo el año era “un despilfarro”. Ahora Castilla y León arde sin control y los incendios se han cobrado dos vidas ya.

Suárez-Quiñones era conocido como “el juez dandy” cuando ejercía en la Audiencia Provincial de León, pues siempre le interesó más ir hecho un pincel que el resto de mundanales asuntos. Una vez en política, siempre con el PP, hacía cosas como decirle a un imputado en la “Operación Enredadera” nada menos que “yo soy la Administración”, para asegurarle que le sería concedido el mantenimiento de una carretera.

También afirmó que era “una tontería” enviar helicópteros a apagar incendios. Y nunca ha dudado en llamar directamente a las empresas para avisarles de que se iban a convocar concursos. Ahora, mientras se cortan las carreteras y el fuego se acerca a Zamora y Benavente, el juez dandy dice que “todavía hay llama en algunas partes, pero están controlados”. Ayer mismo un hombre salvó la vida de milagro en Zamora, huyendo casi envuelto en llamas. Por supuesto, Suárez-Quiñones no responde a preguntas, sino que envía a un subordinado a hacerlo. Él solo hace declaraciones. Preferiblemente a los medios propiedad de los imputados en… sí, en la Operación Enredadera.

Un empleado de limpieza de Madrid ha muerto por un golpe de calor. Los sindicatos habían advertido a la empresa de las medidas necesarias para evitar casos así. La empresa había aceptado sus condiciones. Y el Ayuntamiento de Madrid se negó a firmarlas. El concejal responsable es Borja Carabante, ese que pasaba sus ratos conspirando contra Ayuso junto a Carromero. Y el alcalde es José Luis Martínez-Almeida. Que en una de sus tan habituales muestras de cobardía se ha apresurado a decir que no sabía nada. Y luego se ha demostrado que sí que sabía y no firmó, y que el fallecido no era trabajador del Ayuntamiento, sino de una contrata. Los contratos de limpieza del Ayuntamiento de Madrid son un horror, concebido en contra de los ciudadanos y blindados para no poder revisarse, pese a los incumplimientos o malas prácticas de las empresas concesionarias. Y Almeida lo sabe. Pero en su monstruosa cobardía, como Suárez-Quiñones, se excusa en términos jurídicos o en supuestos criterios técnicos.

Los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid apenas se ejecutan en sus partidas sociales, como por ejemplo en el servicio de comida a domicilio para personas dependientes, en la atención a menores en situación de pobreza severa, o en los centros de mayores o en la limpieza y mantenimiento de los colegios. Se presume de lo que se presupuesta, pero la verdad es que nunca se ejecuta. Y luego el remanente se va en arreglar las aceras del barrio de Ibiza, mientras que las personas mayores de Moratalaz no pueden salir de casa a hacer la compra porque viven en un tercero sin ascensor y no hay nadie que les ayude.

Las fechorías de los Suárez-Quiñones y de los Almeidas no se ven a primera vista, porque los bosques no hablan nada más que cuando arden y las personas en situación de exclusión se marchitan y mueren en silencio.

Se quita dinero de aquí y de allá. En el caso de Almeida para pagar candidaturas a juegos olímpicos que no se concretan, estudios que dicen que Madrid está a la cabeza en el Medio Ambiente o en que una de las Big Four determine que el Barrio de Ibiza es el más deprimido de Madrid. O en el caso de Mañueco y de Suárez-Quiñones para pagar a José Luis Ulibarri el canal regional privado de Castilla y León. Sí, su tele autonómica es privada y sí, curiosamente pertenece al constructor al que más contratos caen en la región y que está procesado y condenado en varios casos de corrupción, siendo Gurtel y Enredadera unos pocos de ellos.

Se quita de aquí y de allá y se hacen declaraciones populistas hasta que es demasiado tarde.